LICITACIÓN
Este martes se emitirá el fallo definitivo del proceso de licitación para la modernización del sistema de alumbrado público municipal tras una ruta blindada contra la falta de transparencia y moches que definió el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, a fin de garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Este proceso fue cuestionado por algunas de las empresas proveedoras de lámparas LED, que son parte de la licitación, pero finalmente no prosperaron las críticas porque no se hicieron dentro del plazo y el proceso legal que existe para denunciar cualquier irregularidad como está previsto en la ley.
En la presentación de las propuestas técnicas y financieras que se hicieron, sólo ocho de las 52 empresas que mostraron interés en la licitación. Cortés Galván fue muy enfático en señalar que el proceso contó con la supervisión de expertos en la materia, los integrantes de la Contraloría municipal junto con consejeros ciudadanos, que avalaron la revisión. No hubo cabida a moches.
La revisión que hizo la dependencia tiene fundamento en el análisis de cada una de las propuestas y las pruebas físicas en campo con la finalidad de dar certeza a los participantes así como al municipio de que se cumplen con las normas que establecen los criterios de la licitación.
La modernización del sistema de alumbrado público de la ciudad es un proyecto estratégico de la administración del alcalde Héctor López Santillana, y se ha puesto sumo cuidado en la revisión de cada una de las propuestas a fin que garanticen la calidad y funcionalidad que se requiere para dotar a León de un sistema eficiente.
Durante el proceso se realizaron tres juntas de aclaraciones donde cada uno de los participantes expresó sus dudas a fin de ser aclaradas y contaron con la presencia de un Notario Público que dio fe de la apertura de propuestas, la participación de la Contraloría y del Consejo Ciudadano de Contraloría Social.
Los responsables de dar el fallo son la Dirección de Obra Pública, el Director de Costos, el Director de Mantenimiento Urbano, los vocales del Ayuntamiento que por ley deben participar en el proceso y otros interesados en asistir a validar el fallo como son el presidente de la Comisión de Obra Pública, el departamento jurídico del Ayuntamiento y el Consejo Consultivo de Obra Pública, este último donde participan los representantes de las cámaras empresariales y colegios de profesionistas.
La fecha programada para el arranque de la primera etapa de la modernización del sistema de alumbrado público será el próximo 8 de agosto, se tiene contemplado que abarque las principales vialidades y colonias ubicadas en los polígonos de inseguridad que definió previamente la autoridad municipal.
En un diagnóstico que elaboró la Dirección de Alumbrado público, hay tres razones de quejas de los ciudadanos sobre las fallas del sistema y que son: el robo de cable, el daño de luminarias así como la infraestructura obsoleta. Eso sin mencionar el costo que representan estas fallas en el pago del alumbrado a la Comisión Federal de Electricidad.
El nuevo sistema con iluminación LED deberá atacar de raíz estos problemas ya que, aparte de las lámparas, se dispondrá de nueva infraestructura que contribuirá a reducir la incidencia delictiva propiciada por la falta de alumbrado.
El alcalde tiene programadas este lunes una serie de actividades relacionadas con este tema, un día antes de que se emita el fallo definitivo. El propósito es reiterar que el proceso fue transparente y a prueba de cuestionamientos como los hechos por algunos proveedores de lámparas LED que finalmente ni siquiera participaron en la licitación.
ESTUDIO
Hace unos días se presentó a un grupo de integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales el resultado de un estudio de valoración contingente sobre la permuta de un terreno de 30 mil metros ubicado en La Campiña por los casi 10 mil metros del terreno que ganó un particular en el Parque Metropolitano de León.
La empresa poblana que hizo el estudio es una de las pocas a nivel nacional que tiene experiencia suficiente para realizar este tipo de valuaciones, y entre sus clientes están entidades del gobierno federal, como el SAT e INDABIN y estados que constantemente se ven en la encrucijada de poner un valor a los precios que tienen como finalidad restituir al gobierno predios que están en manos de particulares.
Los resultados del estudio determinaron que es factible y viable la permuta que tenía prevista originalmente el municipio con el particular que tiene los 10 mil metros dentro del parque Metropolitano, una vez que la valoración del predio que se pretende entregar se ajusta a una contraprestación legal y equilibrada.
El costo beneficio que tiene el predio de 10 mil metros dentro del parque público contra los 30 mil metros en La Campiña, permite superar el debate entre los integrantes del Ayuntamiento y facilitará la aprobación en una reunión que tiene prevista el Comité de Adquisiciones el próximo 7 de agosto.
El regidor del PVEM, Sergio Contreras, fue uno de los que cuestionó la permuta una vez que el predio de la Campiña es tres veces más en extensión que el que tiene el parque Metropolitano, aunque la utilidad pública del segundo es mayor al primero. La única observación que hizo el regidor del verde al escuchar el planteamiento de la empresa que hizo la valoración contingente es que la Secretaría del Ayuntamiento revise la legalidad del acto para evitar futuras complicaciones a los ediles que avalen la permuta.
Lo destacado del estudio y valuación que hizo la empresa poblana es que revisó el punto de vista de los usuarios del parque, quienes por un lado reconocieron el valor que tiene el predio si regresa a manos del municipio y por otro lo que estarían dispuestos a aportar del costo que pagan por ingresar al parque para resolver el problema.
También quedó aclarada la confusión que generó el área responsable de la permuta, una vez que en principio mal informó a los síndicos y regidores del Ayuntamiento sobre que los 30 mil metros de La Campiña eran un terreno en breña cuando al ver la imagen de satélite se corroboró que cuenta con la infraestructura de servicios para su desarrollo urbano.
Este predio había sido donado por los empresarios que desarrollaron fraccionamientos en la zona y sí tiene un valor comercial que compensa los 10 mil metros que tiene el parque Metropolitano de León, según la valuación que hizo la empresa en su estudio.
Así que la primera semana de agosto podría quedar concluido el tema para el municipio y el empresario que posee el terreno dentro del Metropolitano aunque falta que los integrantes del Comité de Adquisiciones ratifiquen lo que dijeron en la junta donde se les presentó el estudio.
Aunque también habría que esperar que el dueño del predio no tenga otra ocurrencia en su afán de sacar el máximo provecho a un predio por el cual, insiste el municipio, ya se había pagado a sus familiares y que por un error en la defensa del caso, nuevamente fue arrebatado de la propiedad municipal.
DEFINICIONES
Los organismos de la sociedad civil y las cámaras empresariales de León van a insistir ante los diputados del Congreso del Estado para que dejen en manos de los ciudadanos la toma de decisiones más importantes respecto a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, para evitar que las componendas entre los políticos y gobernantes otorguen un manto de impunidad a quienes cometan actos de corrupción.
El Observatorio Ciudadano de León mandó a los legisladores una propuesta en la que piden dejar en manos del Comité de Participación Ciudadana, que van a integrar nueve personas ajenas al gobierno en los próximos días, la revisión de las propuestas que envíe el Poder Ejecutivo al Legislativo para nombrar al fiscal anticorrupción, como lo hizo ya el gobierno de Jalisco y otras entidades del país.
Los representantes del Observatorio Ciudadano de León no quieren que el nombramiento de quien encabece la lucha contra la corrupción en Guanajuato dependa del actual Procurador de Justicia del Estado porque consideran que eso no da certeza a la sociedad de ir a fondo contra los funcionarios que incurran en actos que castiga el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Tampoco quieren que sea automática la ratificación por quien se haga cargo de la nueva Fiscalía General del Estado porque eso generaría desconfianza a los ciudadanos.
Además, la propuesta de los organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales es que una vez que los ciudadanos que integren el Comité de Participación Ciudadana y revisen las propuestas del gobierno para encabezar la fiscalía anticorrupción, se otorgue autonomía e independencia a sus funciones y eso implica proporcionar los recursos, herramientas, espacios y tecnología que se requieren.
Adicionalmente va a ser necesario que la nueva fiscalía anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y otros órganos relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción, definan sus indicadores de desempeño de cara a la sociedad, entre éstos: castigos a funcionarios, recuperación de recursos públicos entre otros para medir la eficacia en sus funciones.
A veces a los partidos y el gobierno les cuesta mucho trabajo entender que la mejor herramienta que tienen para favorecer la transparencia y rendición de cuentas es la participación de la sociedad aunque formen consejos de membrete o simulen mecanismos de consulta pública. El combate a la corrupción debe ir en serio a menos de que quieran asumir las consecuencias en el próximo proceso electoral del 2018.
