Ayer se realizó la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal del PAN, en la que se acordó por unanimidad proponer a la Comisión Permanente Nacional el método de designación directa para todos los cargos de elección popular en el estado de Guanajuato, en el proceso electoral del 2018 como son alcaldes, integrantes de las planillas para los Ayuntamientos, diputados locales y federales así como Senadores.
Hace dos semanas, el Consejo Estatal del PAN también aprobó el método de designación directa para definir a su candidato a la gubernatura de Guanajuato en el 2018 aunque a diferencia de la vez pasada, ahora sí estaba contemplado el tema en la orden del día a propuesta del presidente del partido, Humberto Andrade Quezada.
Con esta decisión de los panistas se dice adiós a una tradición democrática histórica en este partido que ha permanecido más de 25 años en el poder en Guanajuato y que ha retomado la ruta de otras dictaduras partidistas en el gobierno en México en el Siglo pasado.
El argumento central de los principales liderazgos del PAN que asistieron a la sesión extraordinaria es que existen condiciones como la reelección consecutiva, la paridad de género, la construcción de un frente ciudadano con otros partidos políticos, en resumen, un entorno legal y político que complicaba decidir por un método de elección abierta por parte de los militantes.
El golpe a la democracia interna del PAN en Guanajuato, una vez que apruebe el método de designación directa por la Comisión Permanente Nacional, va a pasar a la historia de un partido que olvido los principios y valores de los fundadores para optar por el arreglo entre unos cuantos con miras a mantenerse en el poder otro sexenio.
La postura oficial del PAN fue que la razón para elegir este método de designación directa se basa en la necesidad de hacer frente a las nuevas reglas que de manera inédita enmarcan el presente proceso electoral. Esto permitiría, fortalecer al PAN y salir unidos en las elecciones del 2018.
Al concluir la reunión, el presidente estatal del partido, Humberto Andrade Quezada, argumentó que los órganos internos han hecho un esfuerzo por mantener el diálogo y la unidad, una vez que los ciudadanos esperan que se tomen decisiones alejadas de la turbulencia y los conflictos.
Dejó entrever que en el caso de la evaluación de quienes hoy ocupan un cargo público, como es el caso de los alcaldes, no solamente se considerará su intensión de reelegirse sino que habrá evaluaciones con los ciudadanos para conocer su opinión y sobre todo, los resultados del ejercicio de gobierno. Lo anterior, sin dejar de lado la relación que han tenido con el partido.
Además sostuvo que el PAN va a sacar buenas propuestas, candidatos y respuestas al entorno que vive el país y el estado; adelantó que viene ahora el trabajo que falta de la construcción de su plataforma política que será registrada ante los órganos electorales.
Otro que validó la decisión que asumió la Comisión Permanente Estatal fue el senador Fernando Torres Graciano, aunque consideró que falta la aprobación de la Comisión Permanente Nacional y definir la metodología para tomar en cuenta la evaluación de quienes quieran participar en el proceso electoral del próximo año así como la opinión de los militantes del partido y los ciudadanos para tener certeza de que se van a conseguir buenos resultados.
Todavía no existen los mecanismos ni reglas bajo las cuales se va a hacer la designación directa de los candidatos a todos los puestos de elección popular del partido aunque precisó que si es posible construir acuerdos para una mayor equidad en la decisión.
MOTIVOS
Raúl Cervantes presentó ayer de manera sorpresiva, su renuncia al cargo de Procurador General de la República, en el marco de una reunión que sostuvo en la mañana con la Junta de Coordinación Política del Senado, tras varias semanas de señalamientos de los distintos actores políticos y sociales respecto a la maniobra del gobierno federal para que se convirtiera en Fiscal General de la Nación, vía pase automático, por un periodo de nueve años.
Se le criticó básicamente por su cercanía al grupo de poder que gobierna en Los Pinos, llamado fiscal carnal, y ahora, a unas semanas de que inicie el debate sobre este tema que busca modificar el artículo 102 constitucional para tener una fiscalía autónoma, decidió poner fin a las especulaciones políticas.
En su mensaje señaló a los partidos políticos de usar como pretexto el asunto relacionado con el pase automático para convertirse en Fiscal General de la Nación, para detener las leyes urgentes que México necesita. Derivado de este asunto presentó, entonces, su renuncia con carácter de irrevocable al Senado de la República y al Presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que no dijo el extitular de la Procuraduría General de la República es cuáles fueron sus motivaciones de fondo para renunciar al cargo y en el Senado, partidos como el PAN, tienen serias dudas respecto a que esta renuncia sea únicamente por que se mal usó su nombre (fiscal carnal) como pretexto para no avanzar en las reformas como lo mencionó en su discurso de despedida.
Nada de que fue una decisión valiente como dijo el senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, para acabar con la polémica sobre la designación del Fiscal General de la Nación y en plena defensa de Raúl Cervantes, tras conocer su renuncia.
Primero, era evidente que no tenía ninguna posibilidad de pasar automáticamente de Procurador a Fiscal General de la Nación porque los partidos de oposición iban a replantear un cambio profundo a las disposiciones legales vigentes para abrir paso a una fiscalía realmente autónoma.
Segundo, es posible que Raúl Cervantes haya optado por buscar el puesto de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que hubiera un espacio disponible el año siguiente y con el apoyo del PRI, buscaría candidatearse para esa posición.
Y tercero, hay una serie de asuntos pendientes que no resolvió en su cargo como Procurador General de Justicia y que tienen que ver con casos sonados de impunidad como es Ayotzinapa o las decenas de casos de gobernadores priístas acusados de corrupción y cuyos procesos están vigentes.
Después del anuncio de Raúl Cervantes, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo en un foro que esto iba a complicar el proceso para elegir al primer fiscal general del país, por la efervescencia política previo a las elecciones del 2018, dejando abierta la posibilidad de que se defina su nombramiento hasta que pasen las elecciones presidenciales. De plano, no ve posibilidades de un diálogo y consenso entre las fuerzas políticas, en donde las posturas parece que se van a radicalizar, según lo anticipó.
RUTA
Luego de conocerse la decisión de Raúl Cervantes, el PAN planteó que rechazaba todo acto de simulación del gobierno en torno a la procuración de justicia y solicitaba al exfuncionario federal aclarar si también renunciaba a la posibilidad de buscar la Fiscalía General de la Nación.
Los legisladores del PAN van a rechazar a un nuevo Procurador y encargado de despacho que no cumpla con los requisitos que se han exigido para el nombramiento de Fiscal General y que son autonomía, independencia y sin nexos partidistas. Ayer, se designó a Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría de Justicia y Asuntos Internacionales, como encargado de despacho en sustitución de Raúl Cervantes.
Y por último, este partido exigió aprobar las reformas legales que permitan dar vida a un nuevo modelo de Fiscal General y no el que ya estaba aprobado y que era obvio que beneficiaba al PRI y al gobierno actual.
Precisamente ayer, el Senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó cuál es la ruta legislativa que seguirá su partido para lograr modificar el esquema constitucional y dar autonomía al Fiscal General de la Nación y de paso los nombramientos de las fiscalías especializadas, entre ellas dos de las más importantes, la que combatirá la corrupción y la que atenderá los delitos electorales en los procesos del 2018.
Primero se tiene que modificar el artículo para eliminar el pase automático del actual titular de la Procuraduría General de la República para convertirse en Fiscal General; reducir el término del mandato del Fiscal General de 9 a 5 años; aumentar el término de los fiscales especializados para que duren en su encargo 5 años así establecer que será el Senado de la República quien designe y remueva a los titulares de las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción y la atención de los delitos electorales.
Además el nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción deberá ser bajo un formato de parlamento abierto en la Junta de Coordinación Política, según lo explicó Romero Hicks. De hecho varias de las propuestas que llevaría el PAN al Congreso de la Unión tienen su fundamento o coinciden con algunas de las principales exigencias que han hecho las organizaciones de la sociedad civil en el país.
En el fondo, el senador por Guanajuato explica que se tendrá que rediseñar el modelo de procuración de justicia, con la participación de la sociedad civil, y se van a incluir temas relacionados con el fortalecimiento de la investigación y el nuevo rol de la policía; la autonomía de los servicios forenses; el servicio civil de carrera, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, las nuevas fiscalías especializadas entre otros temas relevantes.
La idea del PAN es generar contrapesos al gobierno federal porque el diseño institucional actual no permite que participe la sociedad en la toma de decisiones y que haya un equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. De hecho se va a proponer un consejo ciudadano que participe en la toma de decisiones de procuración de justicia.
Según el senador Romero Hicks, es tiempo de que en México exista una real procuración de justicia y no únicamente intentos como se ha hecho en los últimos años y cuyos pobres resultados son más que evidentes con la larga fila de expedientes que están sin resolver en las oficinas de la Procuraduría General de la República.
