Al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, no le quedó de otra que apechugar y aceptar la recomendación que hizo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) y que encomendó la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a una altura de 105 metros, con lo que se inundarían las comunidades de Palmarejo, Acasico y Temacapulín (4 mil 816 hectáreas), lo que haría más sustentable el proyecto de abastecimiento de agua a Guadalajara, su zona metropolitana, la región de los altos de Jalisco y León, en Guanajuato.
Aunque aplicó aquella frase famosa de que Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, por lo que ahora propuso reformular el acuerdo de distribución del agua entre su estado, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua, para dotar de un mayor volumen allá, y de que no saldría una gota del vital líquido a León si antes no se cubría la necesidad que tienen los jaliscienses del recurso.
Y lo tuvo que hacer frente a las organizaciones empresariales, no gubernamentales y la comunidad académica a quienes al asumir su mandato comprometió a que se opondría al trasvase del agua a Guanajuato.
El jueves se presentó en Guadalajara, por parte del organismo internacional, el estudio denominado México: Proyecto Jalisco Sostenible, donde se presentaron las conclusiones principales para contar con elementos técnicos que facilitaran tomar decisiones en torno al conflicto socioambiental generado por la construcción de la presa El Zapotillo y su acueducto.
En noviembre de 2014, el Gobierno del estado y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente suscribieron un acuerdo para la elaboración del estudio que fue elaborado por técnicos especialistas en aspectos hídricos y socioambientales.
En este estudio, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y concluyó en mayo de 2017, se revisaron los antecedentes, las posturas de los organismos estatales y federales junto de la sociedad civil a fin de formular un nuevo proyecto que permitiera conocer los alcances y alternativas para este proyecto.
Entre los aspectos que revisaron los especialistas están el análisis de escenarios de regulación de la presa; el análisis del marco legal e institucional respecto a la gestión de recursos hídricos en la cuenca del Río Verde; su balance hídrico y se emitieron recomendaciones respecto a los proyectos en la cuenca.
De aquí se derivaron cinco escenarios, uno de los cuales determinó que la presa debería tener una cortina de 105 metros de altura, con las implicaciones sociales y ambientales que derivaría. Cabe destacar que el organismo internacional no vino a resolver los problemas legales de distribución del agua en Jalisco ni en las otras entidades involucradas en el proyecto (la cuenca involucra a Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato), y solamente se evaluaron los aspectos técnicos con una óptica imparcial para incorporar aspectos relativos a los derechos humanos, género y gestión integrada del agua.
El escenario más viable para el proyecto es el que plantea la construcción de una cortina de 105 metros (la obra estaba suspendida hasta los 80 metros) para aprovechar el caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo, lo que representa apenas el 87 por ciento de los 8.7 metros cúbicos establecidos en el acuerdo original de la Comisión Nacional del Agua con los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Esto ayudaría a mejorar la capacidad de regulación, prolongación de la vida útil de la presa y mantener el respeto al acuerdo firmado.
Tanto en el escenario de una cortina de la presa a 80 metros como a 105 metros, como plantea el proyecto original, Temacapulín sería inundado, lo que obliga la reubicación de sus pobladores.
Ante esta situación, la información la había reservado el gobierno de Jalisco pero la presión de los opositores del proyecto lo obligó a abrirla, Aristóteles Sandoval afirmó que adoptaría la recomendación del organismo internacional aunque propuso reformular el convenio original de distribución de agua.
Ahora quiere que el 76 por ciento del agua que capte la presa sea para Jalisco y el 24 por ciento para León, con base a la disponibilidad real y no con base al convenio firmado. La diferencia radica en que originalmente el caudal de agua para Jalisco y Guanajuato sería de 8.6 metros cúbicos por segundo, de los cuales 3.8 metros cúbicos por segundo eran para León; pero ahora con el nuevo estudio se determinó que el caudal disponible sería de 7.5 metros cúbicos por segundo, menos de lo contemplado originalmente, lo que reduciría a la mitad el abasto para esta ciudad aun cuando la tubería del acueducto tendría capacidad para conducir 5.6 metros cúbicos por segundo.
La frase que motivó la inconformidad del auditorio fue cuando reconoció que salvar Temacapulín no era técnicamente viable y que habían perdido la batalla; lamentó no poder cumplir lo que ofreció al inicio de su gestión, y sin haber tenido elementos técnicos y ambientales para oponerse.
También advirtió que no se inundará un centímetro de la presa mientras no se entregue una indemnización justa a los pobladores que serán afectados con la inundación de sus comunidades. “El día que llegue la primera gota a un guanajuatense, debe llegarle el agua también a un jalisciense”, sentenció ante su auditorio.
El gobierno federal y el gobierno de Guanajuato no deben pasar por alto el pronunciamiento del mandatario de Jalisco, sobre todo porque no faltará quién se tome la bandera de defensa de los opositores al proyecto y eso es bastante riesgoso con un proceso electoral en puerta. Aun cuando las autoridades locales quieran evadir la polémica, es un asunto donde no se deben dar vueltas como con Abengoa, que mantiene detenido el proyecto desde hace varios meses.
CIERRE
Durante el cierre del segundo periodo de sesiones, del segundo año de ejercicio legal de la actual Legislatura, hubo pronunciamientos de los partidos políticos que subrayan los retos que tiene el estado y la necesidad de avanzar en la conformación de leyes que mejoren la convivencia social, en especial la seguridad y combate a la corrupción e impunidad, a pesar de las serias divergencias que prevalecen en las distintas fuerzas políticas.
En su posicionamiento, el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez Granja, resaltó que permanecen prendidos los focos rojos en materia de combate a la corrupción, en especial por la impunidad que existe en el sistema y en el aparato judicial del estado. Es necesario avanzar en una reforma de fondo del aparato judicial a nivel nacional para garantizar que se erradique la impunidad que prevalece. Incluso aprovechó su mensaje para desear suerte a quienes vayan a ir a competir en el proceso electoral del 2018.
Luego, el representante del Partido Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, destacó los avances en materia legislativa para derogar el fuero, la aplicación de sanciones a las empresas proveedoras del gobierno que incumplan con sus servicios y la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Remarcó el reto para mejorar la movilidad en el estado; salvaguardar los recursos que envían los migrantes a sus familias junto con leyes que contribuyan a salvaguardar la seguridad de los periodistas.
En su turno, el representante del PRD, Jesús Silva Campos, denunció que aún falta avanzar en una fiscalización real de los recursos públicos, sin simulaciones y al margen de influencias políticas, para lo cual se necesita una autonomía técnica y financiera de la Auditoría Superior del Estado. Sin esta reforma no se podrá avanzar en la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad en Guanajuato.
Además subrayó los avances en la homologación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y las reformas en materia electoral que permiten la reelección de diputados y Ayuntamientos junto con la paridad de género, en contraste con el rezago legislativo para atender la creciente violencia y delincuencia que prevalece en la entidad.
Luego vino el representante del PVEM, Juan Antonio Méndez Rodríguez, quien destacó las propuestas de esta fracción para mejorar la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Desarrollo y Competitividad Económica del Estado. Pero lamentó que la creciente inseguridad y altos índices de delincuencia, asociados a la violencia, hacen necesarias una serie de reformas que endurezcan los castigos a quien porte armas que son exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Agregó la necesidad de fortalecer los programas de atención a los migrantes y sus familias que sean repatriados de Estados Unidos y el respaldo a iniciativas que contribuyan a fomentar la generación y consumo de energías limpias, sin dejar de mencionar los consensos alcanzados por esta legislatura en materia de combate a la corrupción.
La representante del PRI, María Guadalupe Velázquez Díaz, le cambió un poco el tono a los pronunciamientos y de manera clara señaló que este periodo legislativo fue de claroscuros y que prevalece una falta de credibilidad de los ciudadanos sobre sus legisladores. Se refirió por ejemplo, a la postura del partido mayoritario en el Congreso para debilitar el Sistema Estatal Anticorrupción y a la propia Auditoría Superior del Estado, en este último caso donde se aplican criterios diferenciados para revisar las cuentas públicas, hecho que calificó como vergonzoso.
Reprochó la opacidad para que los legisladores de oposición pudieran revisar la efectividad del gasto presupuestal en las Secretarias de Desarrollo Social y Humano así como de Seguridad Pública y hasta la conducta asumida por el Coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso y el diputado panista, Juan Carlos Muñoz, a quien de plano le dijo que era cínico, falto de vergüenza y con poca inteligencia.
En su turno, el representante del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, hizo un recuento de las iniciativas de ley que se aprobaron bajo un mecanismo de parlamento abierto, en total se presentaron 276 iniciativas y se votaron 740 dictámenes y 200 decretos. El modelo, explicó, es construir acuerdos a través del diálogo y el consenso a pesar de las diferencias partidistas.
Reconoció públicamente que uno de los desafíos que enfrenta Guanajuato es la seguridad pública, en donde se necesita la participación de la sociedad y el gobierno; de una más estrecha coordinación entre la federación, estado y municipios para ofrecer resultados a los ciudadanos y en donde, los legisladores, deberán contribuir con leyes y adoptar experiencias de otros estados y países, así como con la participación del Poder Judicial y Poder Legislativo para encontrar las soluciones que devuelvan la tranquilidad a las familias.
En este periodo legislativo se presentaron 72 iniciativas de ley, 57 de los legisladores, 5 del gobernador, 9 de los ayuntamientos y una de la Cámara de Diputados federal además de que el órgano de fiscalización presentó 101 informes de resultados y se aprobaron 35 decretos para su publicación en el Diario Oficial del Estado, entre otras acciones. A partir de esta semana se instaló la Comisión Permanente.
Este marco donde se desenvuelven los intereses de legisladores locales contrasta con la cruda realidad que planteó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que en su informe legislativo 2017, en donde documenta lo costoso y poco productivo trabajo de quienes representan a la sociedad en el Congreso del Estado de Guanajuato.
DESPREOCUPADOS
El regidor del PAN en el Ayuntamiento, José Luis Manrique, salió a dar una conferencia de prensa el viernes temprano para ratificar que la decisión asumida por las autoridades municipales, respecto a la reposición del fallo de la licitación de la basura ordenado por Tribunal de Justicia Administrativa, fue con apego a la ley.
Entre los regidores panistas que votaron a favor del dictamen que propuso la Comisión Especial, la Secretaría del Ayuntamiento y las Direcciones de Gestión Ambiental y de Aseo Público para quitar la concesión a Red Recolector, había inquietud por la tardanza del Municipio en responder a la embestida del PRI y de los empresarios regiomontanos pero no por la demanda interpuesta.
Hay que recordar que hasta el regidor del PVEM, Sergio Contreras, pidió un salvoconducto a la Secretaría del Ayuntamiento cuando se sometió a votación en nuevo fallo y declaró que su voto sería a favor siempre y cuando se garantizara que el dictamen tenía fundamento legal, técnico, financiero y ambiental.
Además, quienes votaron para cambiar la concesión tienen a su favor que solamente cumplieron con una orden del Tribunal de Justicia Administrativa, y ellos ya decidieron archivar el caso porque se atendió lo que mandato el magistrado responsable del caso.
El viernes, José Luis Manrique aseguró que la reposición del fallo se hizo bien sin cometer ningún delito porque únicamente se defendió el patrimonio de los leoneses, al reducir el costo del servicio sin comprometer su calidad. Ahora se pagará un precio más justo.
Aprovechó para dar un raspón a la pasada administración, al mencionar que había sospechas de irregularidades en la entrega de la concesión a Red Recolector y entre los argumentos enumeró que las bases estuvieron dirigidas para favorecerlos, en un proceso amañado.
Recordó que el órgano de fiscalización del estado detectó irregularidades en el proceso de licitación y contratación del servicio, motivo por el cual la Contraloría municipal dictamina las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan contra los exservidores públicos que participaron en ese proceso.
El viernes a mediodía, todavía no se notificaba a los funcionarios e integrantes del Ayuntamiento sobre la demanda en su contra mientras que el Municipio notificó a Red Recolector que el sábado a las 24 horas, quedaba sin efecto su concesión, aunque no le recibieron el oficio.
