EPÍGRAFE:
Estamos a un paso de la perversión de una de las instituciones más importantes que desde siempre ha sido la encargada de salvaguardar la integridad y la honra de los justiciables como lo es la legítima defensa, consagrada en nuestro Código Penal de Guanajuato.
En Guanajuato se está incubando un problema de grandes y altas dimensiones, el Congreso del Estado a través de sus diputados locales, está creando las condiciones para que se desarrolle una cultura al estilo norteamericano que conocimos como la ley del Oeste, en donde las armas de los pistoleros eran las que hablaban y en duelo a muerte, el más rápido en desenfundar su revólver tipo “Colt” o su rifle Winchester lograba matar a su adversario y así surgieron leyendas como la de Jesse James. El asunto es grave porque adquiere aristas tridimensionales al afectar directamente la credibilidad de la justicia y dejar poco claro a quién se le considera víctima o victimario, toda vez que al final del día, en aras de resolver la problemática que han generado los robos a casa-habitación ahora ponen en peligro a la sociedad porque se vulnera un bien mayor tutelado y protegido por el derecho penal como lo es, la vida de un ser humano. Quiero establecer que no estoy de acuerdo en que se incremente la criminalidad pero tampoco en que se utilice al derecho penal como un bastión para resolver la ausencia de la prevención del delito. La sociedad no debe de ser complaciente con que el derecho penal se utilice como una forma de represión legitimando acciones que pueden traer como consecuencia cobrar “ojo por ojo y diente por diente”.
Estamos a un paso de la perversión de una de las instituciones más importantes que desde siempre ha sido la encargada de salvaguardar la integridad y la honra de los justiciables como lo es la legítima defensa, consagrada en nuestro Código Penal de Guanajuato.
El concepto de agresión que da vida a la legítima defensa, sin lugar a dudas para los efectos justificativos es sencillo, para ampliar a usted este concepto me referiré a una de tantas jurisprudencias que habla sobre el caso de la legítima defensa. Para entender esta exculpante, por agresión se entiende el movimiento corporal del atacante que amenaza lesionar o lesiona intereses, jurídicamente protegidos y que hace necesaria la objetividad de la violencia por parte de quien la rechaza. Es importante recalcar que quien valora los elementos de una agresión actual e inminente, debe de ser un Juez porque de esta manera puede conservarse el equilibrio de fuerzas en la interacción de los gobernados, sin embargo resulta dudoso que en las consideraciones de la iniciativa que tuvo por objeto adicionar el artículo 33 del Código Penal fracción XI se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa-habitación. A partir de estos momentos el Estado da un permiso para que cualquier ciudadano, bajo cualquier medio, pueda lesionar o inclusive privar de la vida a la persona que se introduzca en su domicilio, sin mediar investigación, para establecer si pudo haber exceso en la defensa, o bien si con posterioridad a la consumación de la agresión realizada por este pueden ser actos de represalia o venganza.
Lo que sigue desde mi perspectiva, será la derogación del ejercicio arbitrario del propio derecho porque visualizo que ahora se exigirá a los diputados que les legitimen que cada quien pueda hacerse justicia por su propia mano y exagerando un poco veremos a consecuencia de esta política más linchamientos en las plazas públicas o hasta ahorcados ante la multitud para que sirvan de escarmiento. Ahora, retrocederemos años luz a que regresen las guardias blancas que en sus tiempos cuidaban a los terratenientes, será de esta forma que impere la ley del más fuerte, y esto es lo que se avecina de continuar en este camino.
Así las cosas, el Poder Legislativo sin establecer en dónde se basó por medio de cifras o índices de comisión de delitos o por lo menos el haber realizado encuestas a la sociedad, propuso una reforma que según su dicho fue la percepción que recogió de la sociedad, como puede observarse de la lectura de su proyecto pero sin justificar con datos fidedignos de encuestas en comento, por lo que no podemos desdeñar que los legisladores tienen el deber de poner al Derecho como la piedra angular que existe para resolver problemas y no para crearlos. Resulta incongruente que el
Estado decline su responsabilidad de la imposición de la ley y el orden, a través de los órganos que se encuentran legitimados para hacerlo, como son, los que portan armas y tienen la experticia para manejarlas, como las fuerzas del orden, pasando desde un policía hasta un soldado, y ahora traslade la responsabilidad de la defensa de sus bienes, derechos y el valor más preciado, la vida propia y la de sus familias, a los guanajuatenses, quienes en general no están preparados ni son expertos en el manejo de armas, porque no se trata solamente de tenerlas guardadas en un armario sino darles mantenimiento y uso. Luego entonces al verse atacados, éstos decidan con temeridad, enfrentar a los malhechores, y a pesar de esto, seguramente estarán en desventaja porque estos últimos no solo irán por el patrimonio de las víctimas sino ahora pondrán en peligro la vida de los ciudadanos, porque en Guanajuato la vida no vale una medalla de héroe o una ataúd en donde las familias acudan a darle un reconocimiento por haber defendido su honor.
Todos tenemos miedo pero no podemos dejar pasar el populismo penal, el aplauso fácil, la demagogia ahora disfrazada en el derecho penal. El exhorto que hago es, que no se vale jugar alarmando a la gente, traspasándole una responsabilidad que le corresponde única y estrictamente al Estado, creando leyes con las que se simula que se resuelve el problema cuando todos sabemos, por experiencia de vida, que solo se pretende salir del paso cuando no se ha podido dar respuesta a la sociedad a la que se deben.
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