Hemos escuchado hasta el cansancio, de parte de los 3 candidatos a la presidencia de la República, con posibilidades reales de triunfo, que esta elección es sobre dos proyectos de nación: el primero, sobre mirar hacia un futuro brillante para el país, que busque transformar a México en una potencia económica; y el segundo, sobre regresar al pasado, a prácticas que fueron ejecutadas en las décadas de los años 50 y 60. En efecto, hay dos discursos claramente diferenciados en esta campaña. Uno de ellos promueve seguir bajo la misma línea de desarrollo económico, político y social. El otro promueve una intervención mucho más activa del Estado.
En menos de dos meses deberemos – cada ciudadano en lo individual – tomar una decisión por demás relevante. Del voto que emitamos el primero de julio saldrá elegido un hombre, o una mujer, a quien le delegaremos la toma de decisiones colectivas, en nuestro beneficio, por los próximos seis años. Por ello vale la pena cuestionarnos: ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno en términos de la distribución de ingreso y la riqueza?
Existen básicamente dos posturas al respecto. La primera se encuentra en práctica actualmente; y consiste en garantizar, al menos en lo posible, oportunidades de desarrollo para aquellos dispuestos a tomarlas. Es un Estado que busca establecer reglas claras del juego, sin intervenir directamente en el mismo. La segunda insiste en que la igualdad es un deber y que, por lo tanto, el gobierno debe jugar un papel importante e intervenir directamente para lograrla.
Para el primero de los casos, se ha insistido en que el país requiere de una mayor apertura económica, más comercio, más inversión privada que asegure la creación de más y mejores empleos. Este punto de vista condena las prácticas proteccionistas en que puede incurrir el gobierno. Algunos críticos podrían argüir que los métodos de un gobierno proteccionista no han funcionado.
En el extremo opuesto se busca implantar prácticas como bajar los precios de insumos y servicios, garantizar créditos baratos, prometer apoyos monetarios o en especie a grupos vulnerables. Si bien estas son propuestas loables, carecen del correspondiente sustento económico que las haga viables en el largo plazo. No hay manera de obtener un balance positivo entre la suma de ingresos y la resta de gastos en materia de finanzas públicas bajo este esquema.
Lo anterior no quiere decir que el gobierno no deba intervenir en la economía. Siempre será necesario algún tipo de redistribución directa por parte del gobierno. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, estas prácticas pueden convertirse en el pilar de la mística de trabajo del presidente en turno. Hay rutas alternativas, menos dañinas para el presupuesto del gobierno.
Una de ellas consiste en trabajar para consolidar elevadas tasas de crecimiento económico. Lo anterior requiere de grandes inversiones en activos, que le brinden a la nación una sólida posición, en términos de competitividad. Naturalmente se necesitaría un esfuerzo extraordinario para disminuir el gasto corriente.
Soy un firme creyente de que el gobierno no debe ser responsable de la distribución de la riqueza, al menos no de forma tan directa. Hay ejemplos, cerca de nuestro país, que demuestran que una intervención abierta no trae consigo bienestar. Debe procurarse entonces un modelo híbrido, que permita una igualdad de oportunidades, mientras se apoya, de manera temporal, a los que tienen grandes carencias. Dicho modelo debe ser sustentable en el largo plazo pero, sobre todo, debe involucrar activamente a la sociedad y al gobierno.
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