Al gobierno del estado le urge que se solucionen los conflictos de la reforma energética y que se mande el mensaje de continuidad y de estado de derecho hacia el exterior para aprovechar el potencial energético de Guanajuato.

Lo anterior fue declarado por el secretario de Economía, Mauricio Usabiaga, quien reconoció que existen en la entidad más de una decena de empresas de energías limpias que están detenidas en su producción ante la falta de claridad de la Reforma Energética.

Las empresas generadoras de energías limpias se encuentran en San Luis de la Paz y generan energía eólica, mientras que generadoras de fotovoltaica se encuentran en Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Cuerámaro, Abasolo, Romita, Coroneo y Jerécuaro y una más hidroeléctrica en Acámbaro.

Usabiaga también aceptó que son más de 700 mega watts los que dejaron de producirse en las últimas semanas, debido a que el gobierno federal no aceptó recibir su energía eléctrica en su red, como parte del convenio que se tenía desde la administración pasada.
“Estamos en espera de ver que se puede hacer, es un tema federal, si fuera por nosotros ya tendrían el permiso desde ayer, pero está en manos de la federación, además de que hay intensión de inversión de unas empresas y por la política pública federal están otras esperando a ver qué sucede, la situación de la Reforma Energética genera incertidumbre, los gobiernos estamos para dar certeza y generar empleos”.

“Su reactivación depende de la política pública de la federación, la imagen que demos de adentro hacia afuera para dar tranquilidad al inversionista, tenemos que aprovechar que la proveeduría de Norteamérica está en Asia y es muy cara, por la situación geográfica nos daría una gran ventaja competitiva al estado de Guanajuato”.

Hace unas semanas el empresario leonés, José Antonio Abugaber, presidente nacional de la Confederación de Cámaras de Industriales, quien estuvo presente en el arranque del Parlamento Abierto realizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde se analiza el futuro de las energías limpias en México y en Guanajuato, confirmó que son 19 proyectos a nivel nacional los que se encuentran frenados, y Usabiaga aceptó que de estos, 13 se ubican en Guanajuato.

“Ahorita existen 19 contratos que no quieren renovar, le estamos pidiendo al gobierno federal una tregua, mientras terminan los parlamentos y se defina qué pasa con la reforma que renueven esos contratos hasta que se defina la situación, pero no quieren, ya le vendieron al presidente otra cosa, esas asesorías que le están dando al presidente no son las que nos convienen, vamos a tener apagones, eso es una realidad”, dijo el presidente de la Concamin nacional.

“Estos 19 contratos representan un 15 o un 20% de la energía que hoy en día se requiere para muchos municipios, lo que va a suceder serán apagones, viene la improductividad y la cadena de producción genera problemas se rompe el ciclo”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, señaló que el primer problema que presenta la Reforma Energética que pretende el gobierno federal morenista, es en materia ambiental, pues la propuesta no está hecha con una visión de futuro, sino mirando al pasado.

“Se insiste en la nacionalización de 1960, pero estamos en 2022 y con una emergencia climática que no se va a ir a ningún lado. De acuerdo con las estimaciones de un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Energías renovables de los Estados Unidos que usaron principalmente los datos del PRODESEN, cambiar el despacho de mérito económico por uno que favorezca a las plantas de la CFE, podría incrementar entre un 26.1% y un 65.2% las emisiones de dióxido de carbono anuales”.

Reiteró que la propuesta de Reforma carece también de una visión de Estado, porque se centra en la CFE y ella no es el Estado mexicano.
Al eliminar el despacho por mérito económico y los contratos que surgieron de las subastas a largo plazo para otorgarle el control del sector a la CFE, los costos de la generación eléctrica se van a incrementar, pronosticó Imco.

“Seguramente se hará lo posible por mantener bajas las tarifas a la población en general, lo que irá con cargo al erario, aumentando los subsidios. Si a los grandes usuarios, en particular a las industrias, sí se les suben las tarifas, su viabilidad económica se va a reducir, lo que va a afectar la competitividad de México, junto con la inversión y el crecimiento económico”.

Lo que pasará si no hay crecimiento económico es que el Estado será incapaz de incrementar su recaudación y tampoco va a poder invertir suficiente en reducir la huella de carbón del sector eléctrico, concluyó IMCO.

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