Guanajuato, Gto.- Por representar un grave riesgo a la seguridad pública de la población, las llamadas falsas a servicios de emergencias y seguridad deben ser castigadas con mayores sanciones penales y perseguirse por querella, aseguró el diputado Sergio Contreras Guerrero.
Al presentar la propuesta, el legislador explicó que una sola de estas acciones inadecuadas ocasiona un gasto en materia de personal, traslado de unidades de motor y atención que implican pérdidas que nadie absorbe.
Las llamadas falsas o de broma representan un grave riesgo para la seguridad pública porque desvían recursos humanos, materiales y financieros que deberían destinarse exclusivamente a atender urgencias reales.
Explicó que cuando el sistema de emergencias procesa y responde a un reporte ficticio se saturan las líneas y se pierde tiempo invaluable que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que se encuentra verdaderamente en peligro.
Desde una perspectiva cívica y normativa consideró que la falta de consecuencias ante esas acciones fomenta una cultura de irresponsabilidad que entorpece gravemente la labor del Estado en la protección de sus habitantes.
Contreras Guerrero apuntó que, si bien un porcentaje considerable de esos incidentes responde a la falta de concientización ciudadana existe una dimensión de extrema gravedad que vulnera directamente la estabilidad del Estado, que es el uso táctico de las redes de emergencia por parte de grupos delictivos.
El legislador precisó que para las corporaciones de emergencias y seguridad las llamadas falsas son un instrumento para manipular el despliegue de las fuerzas del orden, mediante el reporte de incidentes ficticios de alto impacto, que los delincuentes provocan el traslado masivo y urgente de patrullas, ambulancias y personal de auxilio, o buscan saturar las líneas telefónicas.
Consideró que eso genera puntos ciegos deliberados, desprotegiendo sectores estratégicos y otorgando a los infractores el tiempo y la ventana de impunidad necesarios para consumar actos ilícitos, sin el riesgo de una intervención oportuna por parte de las autoridades.
Para el legislador es más alarmante el uso de esos reportes falsos como mecanismos de emboscada, por lo que sancionar penalmente esas conductas trasciende solo la optimización de recursos administrativos.
Se trata, aseguró de una medida para proteger a los elementos de seguridad y garantizar que el sistema de emergencias no sea utilizado como un arma contra el propio Estado.
Externó que clasificar y sancionar esas conductas resulta tanto urgente como indispensable, ya que se debe dotar a las instituciones de herramientas jurídicas efectivas para inhibir el mal uso de las redes de auxilio y garantizar que el derecho de la ciudadanía a recibir atención oportuna no sea vulnerado.
Son un riesgo a la seguridad
