Empresarios guanajuatenses sólo consiguieron uno de los 5 meses que solicitaron a los legisladores como prórroga para que entrara en vigor la nueva ley de subcontratación conocida como outsourcing.
Previo a que se tomará la decisión en San Lázaro este viernes, Héctor Rodríguez, presidente de la Confederación Patronal de México en la ciudad, se sumó a la petición para que los legisladores guanajuatenses federales impulsen la extensión del plazo de la implementación de la ley de subcontratación.
Los empresarios guanajuatenses señalaron que aplazar 5 meses la entrada en vigor de la nueva ley daba oportunidad a las Industrias para su implementación, pues las empresas están encontrando dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones federales a partir de este domingo primero de agosto.
Los empresarios insistieron que para implementar bien la nueva ley se requería de plazo hasta el primero de enero del 2022, sin embargo la mayoría de los diputados definió que será el 30 de agosto.
Los empresarios señalaban que existe una convicción de cumplir la ley y proteger la economía familiar de millones de trabajadores, que podrían verse afectados por la entrada en vigor de las nuevas normas.
«Consideramos necesario que los coordinadores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso alcancen acuerdos para celebrar un periodo extraordinario a la brevedad y analicen la problemática que se enfrentará al mantener la fecha de entrada en vigor de la Reforma en materia de subcontratación en agosto.
El dirigente de la Coparmex León lamentó que las autoridades federales del Sistema de Administración, SAT, no escucharon la petición del sector empleador para establecer un mayor plazo con vigencia al primero de enero del 2022.
Los empresarios hacen un llamado a los legisladores de todas las fracciones y a las autoridades vinculadas a la reforma para que atiendan su petición y reconsideren la complicada situación que enfrenta México y se alcancen acuerdos para que se corrijan los inconvenientes de esta ley.
«No podemos llegar a agosto en el contexto actual que haría que muchas empresas caigan en la ilegalidad y que millones de trabajadores pierdan sus fuentes de ingresos por falta de voluntad política», concluyó.
