Es evidente que hoy en día nos encontramos ante una crisis en relación al tema de la seguridad pública en nuestro Estado. Basta con observar alrededor y percatarnos de la presencia policial en todos sus niveles –municipales, estatales y federales, incluso fuerzas militares- circulando por las calles de la ciudad, patrullando una tras otra cual si fuera una caravana migrante. La sociedad se pregunta “¿qué está pasando?“, los noticieros pregonan en sus notas periodísticas, el hallazgo de un cadáver aquí, otro por allá, sumando un total de 24 cuerpos inertes esparcidos por todo el territorio guanajuatense, en menos de 24 horas. Nos acostumbramos paulatinamente al ulular de las sirenas, a los colores rojiazules que sobresalen en medio del tráfico del medio día.
Las academias en seguridad ofertan desesperadamente cursos intensivos y de corta duración para capacitar a elementos cansados, quienes en menos de 15 días deben volverse expertos en nuevos programas y temas para tratar de hacer frente a la inseguridad, desvelados, arrestados por no rendirle al superior jerárquico en medio del pase de lista y revista. Los encargados de la seguridad pública gritan cual vendedores ambulantes, los pocos resultados que han logrado, buscando con ello un reconocimiento social, sin saber que aún así no han logrado cifras socialmente tolerables.
Los expertos en seguridad –académicos en su mayoría- observan con tristeza que el problema radica en una seguridad improvisada, en una falta de planeación y organización de una eficiente política criminológica integral que logre optimizar las herramientas con las que cuenta el Estado para la prevención y el combate de la criminalidad.
Se percatan con desesperación, que falta una homologación de criterios entre las diversas autoridades que desde sus trincheras burocráticas formulan estrategias para hacer frente al enemigo social: unas pugnan por penas más severas, otras abogan por una mayor capacitación policial y presencia del ejército, y otras más apuestan por adecuados programas de prevención del delito.
“A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad pero en sentido contrario”, es lo que establece la tercera ley de Sir Isaac Newton. En relación a la seguridad pública, nos encontramos con un fenómeno que bien pudiera aplicar dicha ley: a toda acción delincuencial corresponde una reacción policial.
Sin embargo, dicha afirmación no es tan fácil de ejecutar, considerando que los elementos encargados de la reacción, no encuentran un criterio homologado entre las autoridades respectivas, encontrándose con criterios disímiles entre las instituciones, ya que por un lado hay una secretaría que les exige resultados a costa de lo que sea, mientras que por otro existen otras instituciones que al amparo de la defensa de los Derechos Humanos, satanizan al elemento policial al ejecutar su labor vulnerando derechos constitucionales.
Hay un viejo adagio popular que señala “la culpa no es del indio sino del que lo hace compadre”. Un elemento policial mal capacitado está condenado a ejecutar deficientemente su función. Vemos la presencia de oficiales de policía que llevan con orgullo una insignia en el uniforme que a la letra dice “proximidad social”, sin embargo observamos un comportamiento totalmente contrario: no hay cercanía entre la ciudadanía y el elemento de seguridad pública. Observamos que a pesar de que la carta magna en su artículo 21 establece como principios rectores de la función policial, la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos, dichos principios no son acatados por las autoridades, quienes nos permiten ver más un trabajo improvisado, surgido de la urgencia para apaciguar el descontento popular, que un trabajo bien estructurado.
Se grita a los cuatro vientos que hemos obtenido las máximas certificaciones en materia de seguridad, que los elementos son adiestrados en atención a víctimas, capacitados en perspectivas de género, violencia familiar, premios internacionales como la certificación CALEA, que nos visitan especialistas de Israel, de España, de Norteamérica, pero lamentablemente la realidad es muy distinta a la que aparecen en sus condecoraciones.
Términos como “inteligencia y contrainteligencia”, “cultura de la legalidad”, “proximidad social”, investigación y análisis delincuencial”, técnicas de entrevista e interrogatorio policial”, “política criminal y política victimal”, “criminal, delincuente y contraventor de la ley”, entre muchos otros, son totalmente desconocidos para las autoridades, o al menos para los elementos encargados de materializar las funciones dadas por los directivos de la materia.
Nos encontramos en un momento histórico en el que a todas luces nos percatamos que nos encontramos ante la presencia de una improvisación en materia de seguridad.
Dicen los teóricos que una verdadera política criminal debe de estar sustentada en dos pilares fundamentales: la fuerza del Estado (a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial) y la fuerza social (conformada por la familia, la sociedad en general, la escuela, la moral, los medios de comunicación). Sin embargo, se aprecia que no hay una colaboración adecuada entre el poder ejecutivo –representada por los elementos policiales y los elementos de la procuraduría de justicia- , el poder legislativo –cuyas leyes a nadie intimidan- y el poder judicial, cuyos jueces emiten sentencias que en su gran mayoría terminan en un error o en una impunidad judicial, dejando en libertad al culpable y condenando al inocente.
Mientras continúen al frente de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, personas con escasa o nula capacitación en materia de combate, pero sobre todo, prevención de la criminalidad, estaremos en manos de una “seguridad improvisada”. Ante ese panorama, Dios nos inspire, o Dios nos ampare.
Julio Ledezma
