La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento leonés votó a favor de inhabilitar por un año a la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibañez, así como a integrantes del PRI y del PVEM en la pasada administración, derivado de las presuntas irregularidades que encontró la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y que confirmó la Contraloría municipal en la licitación de la recolección de residuos sólidos urbanos realizada en 2014.
La propuesta de los integrantes de la Comisión subirá al pleno del Ayuntamiento para que se determine la sanción administrativa en medio de una controversia que se registró respecto a que es infundada la acusación a pesar de las observaciones que emitió el órgano de control del Congreso del Estado sobre ese proceso de licitación.
Los panistas Luis Ernesto Ayala Torres, Jorge Arturo Cabrera, José Luis Manrique y Alejandro Alaniz Rosales votaron a favor del dictamen que presentó la Contraloría municipal, mientras que los regidores de oposición Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras Guerrero votaron en contra.
La sanción abarca a 10 ex funcionarios, entre ellos, quienes formaron parte de la Comisión de Medio Ambiente, del Ayuntamiento y del Consejo del Sistema Integral de Aseo Público, y que fueron quienes votaron a favor. Se eximió de la sanción a los integrantes ciudadanos del Consejo porque no tienen responsabilidad jurídica sobre el proceso.
En la sesión de la Comisión de este martes, los regidores del PRI, Salvador Ramírez Argote, y del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, cuestionaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio porque desde su punto de vista no hay un fundamento para aplicar una sanción administrativa a los ex funcionarios.
Los regidores del PAN justificaron la sanción derivado de las presuntas irregularidades que encontró la Contraloría municipal y la Auditoria Superior del Estado durante la revisión de la licitación pública realizada en 2014 y que derivó en la entrega de concesión a dos empresas. Esta administración revisó la concesión y la quitó a una de las empresas porque en el contrato estableció cobrar en dólares.
Es seguro que los ex funcionarios acudirán al Tribunal Administrativo del Estado e incluso podrían recurrir al amparo para tener a salvo sus derechos a participar en el proceso electoral del 2018 porque la sanción se tendría que aplicar, si prospera, hasta que concluya la resolución definitiva en los tribunales administrativos y judiciales.
La sanción que se aplicaría a quienes formaron parte del Ayuntamiento como Bárbara Botello Santibáñez, Aurelio Martínez Velázquez, Verónica García Barrios, Miguel Ángel Balderas Fernández, Beatriz Manrique Guevara, Jacobo Cabrera Lara, María Esther Zúñiga Rodríguez, Alejandro Konrhauser Obregón, José Luis Zúñiga Rodríguez, José Eugenio Martínez Vega y Luis Fernando Velázquez.
Los ex integrantes del Ayuntamiento en la Comisión Técnica Especializada fueron: Beatriz Manrique Guevara, Alejandro Kornhauser Obregón, Aurelio Martínez Velázquez, Luis Fernando Gómez Velázquez y José Eugenio Martínez Vega. Los integrantes del Consejo del SIAP eran: Verónica García Barrios y Miguel Ángel Balderas Fernández; mientras que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable eran: Beatriz Manrique Guevara, Verónica García Barrios, Jacobo Cabrera Lara y José Javier Ayala Torres.
Otros dos ex funcionarios que serían sancionados son Fidel García Granados, que era el Director General de Medio Ambiente Sustentable, y quien fungió como Tesorero fue Roberto Pesquera; estos últimos como integrantes de la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento que aprobaron la licitación.
Lo anterior, según el expediente de responsabilidad administrativa que tiene su origen en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respecto a las observaciones a las bases de licitación pública 001/2014. La sanción por un año es la más alta dentro de lo que contempla el artículo 23 de la fracción 1 al 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
De las personas que serían sancionadas, sólo hay dos por el momento que buscarían un cargo de elección popular en el 2018. Uno de ellos es Aurelio Martínez Velázquez, quien buscaría la alcaldía por Morena y la actual diputada federal Bárbara Botello Santibáñez, quien podría buscar una posición para el Senado de la República. En el caso de la diputada local del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, busca un cargo directivo nacional en su partido.
En las redes sociales, el ex síndico José Eugenio Martínez Vega subió un video en donde se observa un texto que dice: “imágenes exclusivas de Luis Ernesto Ayala quitándose del camino a la administración anterior, con gran clase, técnica y conocimiento de la ley y reglamentos”. Se refería a un video de un partido de fútbol donde un defensa le pega una patada de manera traicionera a un delantero mientras espera un centro frente a la portería. De pilón retó al regidor del PAN, Jorge Cabrera a un debate tras difundir su voto a favor de la inhabilitación de un año a los ex funcionarios por el tema de la recolección de la basura.
Por su parte, la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, aseguró que no hay fundamento en lo que aprobó la Comisión porque son ocurrencias y un desconocimiento total de las normas. Adelantó que defenderá en tribunales lo que consideró un abuso de poder y una violación a la ley de quienes levantaron el dedo para aprobar la sanción y advirtió que podrían tener hasta consecuencias penales por su ignorancia.
HOMICIDIOS
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que hasta el mes de octubre de 2017 se acumulan en el país 20 mil 878 homicidios dolosos, de los cuales, en 13 mil 842 se utilizó un arma de fuego. En octubre se registró el mayor número de homicidios, según la información actualizada por el Secretariado, con 2 mil 371 casos.
La cifra registrada en los 10 meses del 2017 rebasó el total de homicidios dolosos en 2016, cuando se llegó entre enero a diciembre a un total de 20 mil 547. En esta última cifra, se subraya que en 12 mil 603 se utilizó arma de fuego, cifra que también fue rebasada entre enero y octubre de 2017 cuando se reportaron 13 mil 842 casos.
Estas cifras se componen con las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público de las entidades de la República Mexicana y que se captan a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el caso de Guanajuato, entre enero y octubre de 2017 se han reportado por la Procuraduría General de Justicia del Estado 907 homicidios dolosos, de los cuales, 783 fueron con arma de fuego y 50 con arma blanca, principalmente. En todo 2016 fueron 961 homicidios dolosos.
Estos datos son de contexto ante lo que se dijo ayer en el IV Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que organiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la capital, bajo el tema de Nuevas Dimensiones de Seguridad Ciudadana.
Primero, el gobernador Miguel Márquez hizo referencia a que en países de Medio Oriente, que están en guerra, tienen las tasas más altas de homicidios, mientras que en Europa se tienen las tasas más bajas de homicidios, 3 por cada 100 mil habitantes. Luego se refirió a lo que pasa en América Latina y en el caso específico de Honduras, que tiene 85, en Colombia 36.2, en Brasil de 30.5 y en México 20.88, y para el caso de Guanajuato son 15.44 homicidios.
Guanajuato, explicó, está en el lugar número 15 en el ranking nacional, por lo que refutó las acusaciones que se hacen de que la entidad es violenta, y hasta señaló que se trata de una campaña de desprestigio sin dejar de reconocer que se aspira a tener mejores niveles de paz y tranquilidad.
Enseguida se refirió a la estrategia de prevención social del delito, de la inversión millonaria para apoyar el tejido social, del buen comportamiento de la economía y la generación de empleos, para luego mencionar que Guanajuato tiene una de las mejores policías estatales en el país, que se tiene un avance del 85 por ciento de la nueva Brigada Militar y que en enero llegan los 3 mil 200 policías militares, que se van a sumar a 3 mil policías estatales, más otros 800 que van a egresar en 2018. Estas son acciones para tener un Guanajuato en paz.
Pero enumeró los temas pendientes en materia legislativa como la Ley de Seguridad Interior; la necesidad de endurecer los castigos a delitos federales como el robo de combustible y la portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
Luego el Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, se refirió a que hace una década se desató una escalada de violencia, que bajó en los años 2014 y 2015 pero repuntó en 2016 y 2017.
Para enfrentar el desafío de la contención, control y persecución de la delincuencia ha sido necesaria la participación de las fuerzas armadas pero se necesita enfrentar estos factores que favorecen el fenómeno de la violencia desde su raíz social. El daño acumulado en estos últimos diez años es de 200 mil homicidios dolosos y 30 mil desaparecidos, así como miles de hogares lastimados por el dolor y envenenados por el odio, por lo que reconstruir eso llevará mucho tiempo.
AUDITAR
El experto argentino Edgardo Buscaglia estuvo ayer en el Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que se celebra en Guanajuato capital, en donde recomendó al gobierno del estado y a los organismos de la sociedad civil dos medidas estratégicas para combatir las redes de corrupción pública y crimen organizado privado.
Propuso capacitar a la sociedad para auditar y fiscalizar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes sobre el gasto que realizan en seguridad, porque en las actuales leyes de participación ciudadana se carece de un elemento que permita revisar el gasto público.
Después de escuchar el planteamiento del gobernador del estado, Miguel Márquez, sobre la política pública de prevención de la delincuencia y la violencia, reconoció que se le reconoce vocación, pero no puede ser experto en todo y debe considerar la propuesta que hace para que sean los ciudadanos quienes auditen la función del gobierno en materia de seguridad.
Explicó que hay políticos que tienen resistencia a dar mayor poder a los ciudadanos, y ejemplificó el caso de un jefe delegacional en la Ciudad de México, Ricardo Monreal, que se opuso a lanzar esta figura legal. Es este autoritarismo lo que impide avanzar contra la corrupción y su melliza, la delincuencia organizada.
El otro elemento que propuso el experto es que la sociedad civil debe gestionar que los recursos que se decomisan a los capos y grupos de la delincuencia se destinen a las redes de la sociedad civil para sacar a los jóvenes de los riesgos de caer en manos de la mafia.
Este modelo se aplicó en Italia con éxito y millones de euros se han destinado a capacitar a cooperativas agrarias que antes estaban en manos del crimen y se podría hacer en regiones de México como el El Dorado, Sinaloa, donde los delincuentes son los héroes de los niños y la población tomada por los capos; este modelo se reproduce en muchas regiones del país. También se podrían destinar los recursos a brindar servicios a las víctimas de la delincuencia y ha de reducir los riesgos de caer en sus manos, entre otras medidas de prevención.
Para esto, explicó Edgardo Buscaglia, el gobernador no necesita pedir permiso al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y ofreció apoyar con el modelo que ya se aplica en países como Alemania, Canadá, Italia y Estados Unidos, en donde se ha logrado reducir la delincuencia organizada a través de la participación social.
Además, dijo que era necesario atacar la corrupción y la delincuencia desde la raíz del sistema político electoral mexicano, en donde los caciques de los partidos eligen quién puede ir o no a una elección, sin democracia interna, lo que facilita que el crimen coloque a sus candidatos y hasta financie sus campañas.
En este foro estuvieron presentes, entre otros, la presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja; el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos; el Procurador de los Derechos Humanos del Estado, Raúl Montero de Alba; el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre; el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Juan Carlos Muñoz Márquez y el titular del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes.
