El Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (SICONVESE) denunció que el IECA (Instituto Estatal de Capacitación) es ineficiente para brindar el curso de conducción segura para los más de 25 mil trabajadores del volante en plataformas digitales que buscarían cumplir con el registro ante la nueva Ley de Movilidad de Guanajuato.
A 125 días para que inicien los operativos en los cuales podrían ser multados hasta con $60 mil pesos si no cuentan con el registro completo, los conductores externaron su descontento de las formas en las que se está llevando dicho registro y consideraron que necesitan al menos 8 meses para que puedan registrarse.
Víctor Sánchez García, líder nacional del Sindicato hizo un llamado para que se refuerce o reforme al IECA y así tenga mayor capacidad; además, buscan dialogar con el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para externarle esta situación.
De igual manera, los conductores denunciaron que presuntamente existen favoritismos a ciertos grupos para que puedan hacer primero sus registros, de los cuales hasta el momento no han podido concluir con alguno.
José de Jesús Tapia, Secretario de la Sección V del Sindicato en el Estado de Guanajuato, lamentó que el costo de este trámite es, en promedio, de 6 mil pesos, aparte el seguro que hasta el momento parece ser más elevado, rondando el promedio entre los 17 y 20 mil pesos.
Además, señalaron que existe mucha delincuencia que no permite trabajar libremente, pues en algunos lugares ya no trabajan de noche.
También denunciaron que “aparecieron” muchas plataformas, de las cuales no tenían conocimiento y alzaron la voz para que, ante el desconocimiento, todas esas plataformas tengan garantías de seguridad tanto para ellos como conductores y a los usuarios.
Afirmaron que desconocen cómo será el funcionamiento de la plataforma de gobierno del estado y que han identificado que en la Feria hay plataformas que denominaron como ‘piratas’ y que se encuentran promocionando servicios.
El llamado para las autoridades de gobierno del estado es a que se hagan mesas de trabajo para ver cómo se debería llegar a esa Ley, pues para ellos de entrada es un gasto muy fuerte y, si los llegan a multar una vez que inicien los operativos por no agilizar el trámite, sería injusto.
No descartaron manifestarse o incluso recurrir a acciones legales como amparos, pero lo que sí buscan es ese diálogo con la autoridad.
