El presidente de la Confederación Patronal de México en León, Héctor Rodríguez, declaró que en el país existe 3.1 millones de trabajadores que están en riesgo de perder su empleo ante la falta de acuerdo legislativo para extender el plazo de la implementación de la nueva Ley de Subcontratación.

Agregó que es necesario llegar a dicho acuerdo entre empresarios y legisladores para proteger el empleo de los trabajadores y el futuro de 387 mil empresas que potencialmente están vinculadas a esquemas de subcontratación.

Ante tal problemática, los empresarios piden a los legisladores lograr acuerdos para ampliar el plazo al primero de enero del 2022.

“La ampliación del plazo para la implementación de la reforma a la Ley de Subcontratación es fundamental para otorgar certeza laboral a por lo menos 3.1 millones de trabajadores vinculados a esquemas de outsourcing y de 387 mil empresas que han encontrado dificultades técnicas y operativas para ejecutar las nuevas disposiciones, cuya fecha límite de cumplimiento es este primero de agosto”, dijo el dirigente leonés.

Ante una primera negativa para realizar un periodo extraordinario de sesiones, donde se discutiera la propuesta de ampliar la entrada en vigor de estas disposiciones, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) “manifestamos la urgencia de alcanzar un acuerdo legislativo que permita a las empresas cumplir con sus obligaciones”.

“Al mismo tiempo, insistimos en nuestra propuesta para que el tiempo de implementación de la norma se extienda al primero de enero de 2022”.

Dijo que prorrogar el plazo de entrada en vigor de las reformas permitirá a las autoridades homologar la implementación de la misma entre los sectores público y privado y, sobre todo, evitará que en un mes los empresarios enfrenten un escenario similar de cambio a los artículos transitorios por haber fijado un tiempo demasiado corto.

“Reiteramos la convicción de las empresas mexicanas afiliadas a Coparmex de cumplir la ley y de proteger la economía familiar de los millones de trabajadores que podrían verse afectados por la entrada en vigor de esta normativa, consideramos necesario que los coordinadores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso alcancen acuerdos para celebrar un periodo extraordinario a la brevedad y analicen la problemática que se enfrentará de mantener el primero de agosto como fecha de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación”.

Dijo que los empresarios lamentan que principalmente el SAT no escuchó la petición del sector empleador para establecer un mayor plazo con vigencia al primero de enero de 2022, durante la construcción de la reforma como sí se le concedió al gobierno.

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