Pero vaya revuelo el que ocasionó el presidente López Obrador al instruir, por medio de un memorándum, a sus secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda, que dejen sin efecto la reforma educativa. No conforme con lo anterior, en su conferencia mañanera, posterior a la firma del citado memorándum, instó a no pensarlo mucho, si se tuviera que decidir entre la justicia y la ley, pues la justicia está por encima de todo. A partir de entonces, se han desatado múltiples críticas y, como sería de esperarse, mensajes de apoyo al presidente quien, anteriormente, ha insistido en que nada está por encima de la ley.
Comencemos por contextualizar qué es la justicia. Dentro de las acepciones que nos ofrece la Real Academia Española, hay dos que pudieran arrojar algo de luz al respecto. Por un lado, se refiere al principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Por otro, significa aquello que debe hacerse según derecho o razón. Hay una tercera definición, contenida en el Diccionario de Derecho, de Pina Vara, que señala que la justica es la disposición de la voluntad del hombre dirigida al reconocimiento de lo que a cada cual es debido, según el sistema de normas establecido, para asegurar una pacífica convivencia dentro de un grupo social.
Por lo tanto, ni siquiera debería existir la posibilidad de elegir entre la justicia y la ley porque, debe darse por sentado que, el sentido de justicia, ya está incluido dentro de nuestro marco legal. Además, la impartición de justicia, entendida como dar a cada quien lo que le corresponde, según la normativa aplicable, es potestad del Poder Judicial, que tiene, por mandato constitucional, la función jurisdiccional, que sería la aplicación del derecho por medio del proceso. Esto quiere decir que, el decidir qué le corresponde a cada quién, está contenido explícitamente dentro de la legislación vigente; y le corresponde esta función al Poder Judicial.
Por ello, al Presidente de la República no le compete elegir entre la justicia y la ley. El artículo 89 constitucional, fracción I, le obliga a ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo su exacta observancia en la esfera administrativa. No solamente eso, sino que, al protestar al cargo, se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Esto ha llevado a un amplio debate. Algunos alegan que, el presidente López Obrador, está transgrediendo sus funciones, y está violando la división de poderes, consagrada en el artículo 49 de nuestra Carta Magna.
No hay elementos para juzgar las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asumo que son a favor de los mexicanos y que, con tal de dar velocidad a sus buenos deseos, podría tratar de actuar fuera del marco de la ley. Quizás debería recordar el principio de legalidad, el cual, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúa como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, de manera que las autoridades solamente hagan lo que les facultan expresamente las leyes, entendiendo que estas, constituyen una manifestación de la voluntad general. Siendo esto cierto, la justicia solamente se encontrará cumpliendo con lo que dictan las leyes.
