PENDIENTE
En su último informe de labores, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, planteó a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo un asunto pendiente que requiere de la máxima atención para destinar los recursos necesarios que permitan crear la infraestructura y la formación de capital humano para asumir la impartición de justicia laboral.
Este es un tema importante, porque a partir de la reforma constitucional sobre la materia, aprobada en febrero de 2017, los conflictos laborales entre trabajadores y patrones que se resolvían en las Juntas de Conciliación y Arbitraje pasarán a manos del Poder Judicial. Es una de las reformas más importantes en las últimas décadas y requiere de toda la atención de quien asuma la titularidad del Supremo Tribunal de Justicia para los siguientes cuatro años.
En febrero de 2018 se tendrán qué definir las leyes secundarias que darán los criterios en la aplicación de la reforma constitucional, y a más tardar en noviembre de ese año, el Poder Judicial tendría que poner en práctica la impartición de justicia laboral.
Por eso, en su mensaje, el Magistrado Valadez Reyes hizo patente la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo destinen los recursos financieros necesarios para que se consolide la estructura que exige la impartición de justicia laboral. Actualmente no se tienen los recursos que son necesarios para asumir estas nuevas funciones.
Esto implica la creación de salas de audiencia, espacios para la deliberación y para la atención de los trabajadores y patrones, despachos para juzgadores, cubículos para sus asistentes, oficinas para los empleados, equipamiento tecnológico, herramientas para resguardar las constancias procesales, entre otros elementos humanos como: jueces, secretarios, encargados y auxiliares de sala, administradores de tribunales, actuarios, oficiales, técnicos para las video grabaciones, encargados de seguridad y de atención, entre otros.
El Poder Judicial del Estado se tendrá que hacer cargo de los juicios laborales que no sean atribuidos a la federación bajo criterios de prontitud, limpieza, certidumbre, independencia y atingencia, según lo señaló en su último informe de labores Valadez Reyes.
Para ello existe ya una Comisión de Magistrados y Consejeros, que con la asesoría de expertos en derecho laboral, iniciaron el diseño para armar la estructura física, procesal y operativa de la nueva tarea que tendrá el Poder Judicial.
Recientemente, la Coparmex Zona Metropolitana de León, planteó este asunto a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, que encabeza Gustavo Rodríguez Junquera, con el propósito de instalar una mesa de trabajo que permita aterrizar la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Incluso, el Colegio de Abogados de León también ha expresado la urgencia de atender este tema, dado que la transición de la impartición de justicia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, requiere de recursos financieros, pero principalmente de personal capacitado para dar salida a los conflictos obrero-patronales en un marco de transparencia y legalidad.
El nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado tendrá mucha tarea cuando asuma el cargo, porque este tema de justicia laboral es importante para mantener la certidumbre jurídica necesaria que permita a los patrones mantener sus inversiones en Guanajuato, a la vez que respetar los derechos de los trabajadores consagrados en la constitución.
Para nadie es un secreto que el actual sistema de impartición de justicia laboral en México está plagado de rezagos y corrupción, lo que limita la competitividad de las empresas y lesiona las conquistas laborales de los trabajadores.
Ojalá que los representantes de los poderes Legislativos y Ejecutivo hayan tomado nota del exhorto que realizó el magistrado Miguel Valadez Reyes en su informe, y destinen los recursos necesarios para tener la infraestructura adecuada del nuevo sistema de justicia laboral. Queda menos de un año para que entre en operaciones, y no se debe perder el tiempo por más entretenidos que estén en los procesos electorales del 2018.
RECLAMO
El titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Salgado Brito, estuvo en León para tomar protesta al nuevo delegado federal de la dependencia en Guanajuato, Armando Romero Rosales, quien sustituye a Javier Aguirre Vizzuett.
Lo relevante del mensaje del representante de la Segob a los casi 50 delegados federales, reunidos en un salón de Hotel Real de Minas Express en León, fue la instrucción que dio sobre la necesidad de mejorar la comunicación para hacer patentes los logros de la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Guanajuato, y rechazar de manera categórica que su gobierno sea responsable del aumento de la delincuencia y violencia en la entidad.
Sólo faltaron pocos representantes del gobierno federal en las delegaciones que operan en Guanajuato, por ejemplo, no asistieron Sergio Santibáñez del IMSS; Fernando Bribiesca de la SEP; Roberto Vallejo Rábago de la SCT; el Comisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental y delegado de la PGR, Rafael González Cervantes, entre otros. Pero el resto de los que sí asistieron recibieron muy clara la instrucción de la Segob de mantenerse unidos y dar el último jalón para un buen cierre de la administración federal.
Frente al Comandante de la Región Militar, Juan Manuel Díaz Organitos y los delegados de Sedesol, SRE, INM, Semarnat, Profepa, Conafor, Condusef, Profeco, Nafin, Sagarpa, Sedatu, Issste, entre otras, Salgado Brito hizo énfasis en la necesidad de mantener la gobernabilidad de cara al proceso electoral que viene en 2018.
Dijo que la gobernabilidad no era una retórica, sino que debe mostrarse sirviendo a los ciudadanos, y bajo una buena coordinación con las autoridades locales para que la gente esté en paz. Esta es una tarea que deben asumir las delegaciones federales en Guanajuato, les reiteró.
Agregó que la seguridad, justicia y bienestar es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y que a veces se afirma falsamente que el alza en la delincuencia y la violencia es responsabilidad del gobierno federal. Los estados y municipios deben asumir con responsabilidad la razón de ser del gobierno, que es brindar seguridad a la población y velar por su bienestar.
Luego, se refirió a la necesidad de que a un año de que concluya la administración mejoren la comunicación con la ciudadanía, es especial con los millones de beneficiarios de los programas federales en Guanajuato, para mejorar la confianza y credibilidad de la sociedad hacia las instituciones.
Les recordó que hace unos días se registró una reunión con el Presidente Peña Nieto, en donde se hizo un balance de los principales avances y retos de la administración, y sobre todo, para recordar la necesidad de fortalecer el trabajo en el último año de su gobierno. En este mismo sentido, se dio a conocer en esta reunión de los delegados federales en Guanajuato, que se han cumplido en un 95 por ciento los compromisos que asumió con los guanajuatenses al inicio de su gestión.
Luego, el nuevo delegado de la Segob, Armando Romero Rosales, explicó que la instrucción que le giró el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong fue mantener la gobernabilidad en el estado, y con ello, garantizar la tranquilidad de los ciudadanos; consolidar el trabajo del gobierno federal en la entidad y buscar un genuino entendimiento y diálogo con las autoridades municipales y estatales, así como garantizar que la actuación de las autoridades federales se apegue al cumplimiento de las normas electorales en 2018.
Así que los delegados federales van a estar muy movidos en el 2018, por un lado, en la defensa de los logros en Guanajuato del Presidente Peña Nieto, y por otro, rechazar los falsos señalamientos de que son responsables de la inseguridad en la entidad, sin olvidar que promoverán entre los beneficiarios de los programas federales un mayor acercamiento sin romper la equidad en la contienda electoral.
¿SENTIDOS?
En el cabildo azul del Ayuntamiento están sentidos con el síndico Carlos Medina Plascencia por la forma en que operó su solicitud de licencia de dos meses, sin avisar a nadie más que al gobernador Miguel Márquez y al presidente del PAN estatal, Humberto Andrade Quezada. Únicamente le vino a abonar a la especulación en un momento clave para la definición de las candidaturas del PAN en Guanajuato, sin abrir con honestidad su juego político, aseguran sus compañeros panistas.
El ex alcalde ni siquiera tuvo la cortesía política con el alcalde Héctor López Santillana de avisar sobre la decisión que tomó de manera sorpresiva el miércoles en la noche, pues los integrantes del cabildo azul se enteraron, previo a la sesión del Ayuntamiento, de que haría un anuncio importante, y sólo minutos después, al incluir su tema en la orden del día, de que solicitaría licencia al cargo.
Y si había alguna duda de que operó en la penumbra su salida temporal del Ayuntamiento, y que causó hasta molestia a sus compañeros, ahí están las grabaciones con las intervenciones de Luis Ernesto Ayala, quien se dijo sorprendido por la decisión; de Federico Zermeño, sobre que no lo habían platicado en el grupo; del Alcalde, que refirió que había diferencias, pero que habían contribuido a tomar mejores decisiones; o de Bety Yamamoto, quien en tono irónico le recordó que si sigue en la política debe de guardar la reputación de su nombre para sus descendientes presentes y futuros.
Hace algún tiempo, hubo una plática entre liderazgos del PAN, donde se le pidió a Medina Plascencia que si quería participar en la elección del 2018, podía abrir su juego y no lo hizo. El propio gobernador del estado, Miguel Márquez, lo descartó el viernes pasado en León, cuando afirmó que los jugadores que buscarán la candidatura del PAN a la gubernatura ya estaban más que apuntados, y seguramente, el síndico no figuraba en la lista.
Si Medina Plascencia no regresa al Cabildo por buscar otros horizontes políticos, ni falta hará a sus compañeros panistas, porque ya los tenía cansados. El protagonismo mal entendido del síndico ya tenía fastidiados hasta a los más pacientes integrantes del cabildo azul; lástima que no se lo hayan dicho a tiempo y ventilen hasta ahora las diferencias que prevalecían con el ex alcalde.
