En México, aún se encuentra lejana la aspiración de abatir la corrupción en los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas cuando acuden a una oficina pública a solicitar un servicio o cuando son objeto de una revisión de la autoridad.
El costo económico y social que representa, y la ausencia de programas que ayuden a combatirla, hasta la simulación de los gobiernos que presumen planes anticorrupción, es una terrible realidad que se refleja en las cifras que dio a conocer ayer el Inegi sobre este tema, y donde Guanajuato no es ajeno a la situación que se plantea en el escenario nacional.
En el marco del Día Internacional en Contra de la Corrupción, 9 de diciembre, el Inegi dio a conocer ayer, que en 2016 fueron mil 93 unidades económicas de cada 10 mil, a nivel nacional, las que sufrieron actos de corrupción, y que 30 mil de cada 100 mil habitantes fueron víctimas de esta situación.
En primer término, respecto a las empresas, de casi 8.3 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios que realizaron las unidades económicas en México durante el 2016, el 3.8 por ciento fueron víctimas de algún acto de corrupción.
Las causas fueron las siguientes: casi un 65 por ciento consideró que el principal motivo por lo que se registra es para agilizar algún trámite; un 39 por ciento para evitar multas o sanciones; 31 por ciento para obtener un permiso; 30 por ciento para evitar una clausura; un 29 por ciento para pagar menos impuesto; un 25 por ciento para evitar inspecciones; 22 por ciento para obtener un servicio; 18 por ciento para evitar el cumplimiento de la ley; un 14 por ciento para ganar contratos gubernamentales y un 13 por ciento para poder participar en licitaciones públicas.
Las entidades que presentaron las mayores tasas de prevalencia de eventos de corrupción, cuando una empresa realiza un trámite son: Quintana Roo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Nayarit y Ciudad de México, con tasas de más de mil 500 establecimientos por cada 10 mil. Mientras que los menores niveles se observan en: Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, con menos de 700 establecimientos víctimas de la corrupción.
En el caso de Guanajuato, son menos de mil establecimientos víctimas de corrupción. El estado con mayores empresas que son víctimas de actos de corrupción es Quintana Roo, con más de 2 mil, y el de menor número Querétaro, con poco más de 500.
Por otra parte, en los trámites con autoridades de seguridad pública y justicia es donde se observan las mayores prevalencias de corrupción, y siguen los procesos y juicios laborales y mercantiles según los resultados del Inegi.
Luego, en el caso de la percepción de la corrupción en la población, se indica que la mitad de las personas de 18 años y más, consideran que la corrupción es el segundo mayor problema que se enfrenta en sus entidades federativas; la inseguridad y la delincuencia se mantienen como el número uno.
El 88.8 por ciento de la población considera que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente, o muy frecuentemente en los servidores públicos o empleados de gobierno, quienes abusan de sus funciones para obtener beneficios personales, según la percepción que tienen los encuestados.
Según las cifras que ofreció el Inegi, son más de 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes los que se registran en México, lo que indica que a nivel nacional, cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de este tipo.
Al desglosar la información por entidades federativas, se observa que las tasas de prevalencia más altas de corrupción se registraron en Morelos, 20 mil 92 víctimas por cada 100 mil habitantes; Sinaloa, con 18 mil 144 víctimas; Chihuahua con 17 mil 621 víctimas; Michoacán con 16 mil 321 víctimas y la Ciudad de México con 16 mil 167 víctimas.
Las entidades con menores niveles de corrupción fueron: Zacatecas, con 6 mil 810 víctimas y Veracruz, con 6 mil 952 víctimas por cada 100 mil habitantes. Mientras que en Morelos, una persona que entra en contacto con un servidor público para solicitar un trámite tiene tres veces más probabilidades de ser víctima de corrupción a que si lo realiza en Zacatecas.
La entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción es el Estado de México, con 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes, y Sinaloa, con 58 mil 232 hechos de corrupción; mientras que Colima y Nayarit son las entidades con menores actos de corrupción, menos de 10 mil por cada 100 mil habitantes.
En el caso de Guanajuato, los indicadores de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, el Inegi reporta que se registraron casi 20 mil actos de corrupción en los trámites con funcionarios públicos y menos de 10 mil víctimas.
Respecto al costo promedio de un acto de corrupción, cuando es una empresa alcanza los 12 mil 243 mil pesos, mientras que para un ciudadano es de 2 mil 799 pesos, según el cálculo del Inegi. Finalmente, se explica que la implementación de planes contra la corrupción es esencial para su prevención, así como aplicar sanciones con eficacia.
DEPENDENCIA
En medio de estas cifras nacionales y estatales que ofreció ayer en Inegi, se constituye el Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, con un Comité de Participación Ciudadana que cobraría por su función a contracorriente con lo que plantean los expertos sobre el tema, y con una Fiscalía Especializada que nace sin credibilidad, porque desde la convocatoria se torció el propósito de dar autonomía e independencia al organismo, que por ley combatiría a los corruptos en el gobierno.
El mismo día que se ofrece una aproximación al problema de corrupción en Guanajuato, se aprobó el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivada del Sistema Estatal Anticorrupción, con 24 votos a favor y 11 en contra en la sesión del Pleno del Congreso del Estado.
En el debate previo a la votación, la legisladora del PRI, Arcelia González, cuestionó que en la terna se incluyeran a dos personas que dependían del Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, con quienes tienen lazos laborales y afectivos que le restaban autonomía a la nueva Fiscalía.
Quizás el nombramiento sería legal, pero no legítimo, porque dejaba un vacío a la desconfianza de los ciudadanos cuando se había prometido tener un órgano autónomo para dar solidez en la construcción del mejor sistema anticorrupción. Si el fiscal anticorrupción nace débil, el costo será alto para Guanajuato porque esto es lo que precede al nombramiento del Fiscal General del Estado, advertía la legisladora en su posicionamiento.
En su turno, Libia Denise García Muñoz Ledo, respondía al PRI que querían politizar el tema, y que no tenían razones en sus argumentos. Les criticó los motivos de no cuestionar a tiempo y con oportunidad el proceso; defendió que había sido un proceso de selección transparente y abierto a la sociedad; que el dictamen que se votaría era absurdamente cuestionado con el único interés partidista y que era equivocado poner en entredicho el origen laboral de dos de los tres integrantes de la terna, que tenían lazos con la Procuraduría y su titular.
En su turno, la legisladora del PVEM, Beatriz Manrique, no perdió oportunidad de cuestionar la decisión política del PAN para elegir a un fiscal anticorrupción sin el consenso del resto de los partidos para favorecer el nombramiento de una persona ligada a la Procuraduría, y que sería un factor para generar desconfianza sobre su autonomía.
Aspirábamos a más, a un fiscal con independencia de actuar, no alguien que tenga qué venir a construirla cuesta arriba, y quien por mantener lazos con funcionarios del estado, se limite a actuar por temor a ser removido, les dijo.
Luego, Jorge Eduardo de la Cruz, legislador del PRI, expuso ocho razones por las cuales dudaban del buen desempeño y autonomía que requiere el nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Guanajuato, entre ellas, la falta de garantías para investigar, perseguir y castigar los actos en que incurran los funcionarios públicos por sus lazos que mantuvo durante su carrera pública.
Más tarde, cuando el hecho estaba consumado, el gobernador del estado, Miguel Márquez, salió a responder a los cuestionamientos sobre el nombramiento del fiscal. Expuso que no lo conoce, que no lo ha tratado, que solamente sabe que trabaja en la Procuraduría, pero hasta ahí, no más; que la decisión fue de los legisladores y ciudadanos que participaron en el proceso, y que cuestionarla era como darse un tiro en el pie.
Otro que salió a contestar fue el jefe inmediato del nuevo fiscal anticorrupción, Carlos Zamarripa Aguirre, quien aseguró que se ha mantenido al margen del proceso de selección y nombramiento que hizo el Congreso del Estado. Pero los legisladores de oposición lo ubican como el más beneficiado de la medida si es que prospera que se convierta en otro fiscal carnal cuando se defina el nombramiento de Fiscal General del Estado.
Las organizaciones sociales y empresariales también criticaron el nombramiento, lo van a poner bajo lupa porque no creen en el argumento del PAN de que el proceso fue público y transparente. El proceso fue desvirtuado desde su inicio y los legisladores nunca hicieron caso a las propuestas de los ciudadanos en la definición de los titulares de los órganos que darán vida al Sistema Estatal Anticorrupción, de ellos es la responsabilidad de que haya nacido muerto.
INVESTIGACIÓN
El Contralor municipal, Esteban Ramírez Sánchez, reveló ayer que abrió una investigación contra el Director del Sapal por pagar únicamente una tarifa de 64 pesos mensuales por el consumo de agua en su vivienda, la cual no está aprobada por el Ayuntamiento ni el Congreso del Estado, según lo indicaron los representantes del PRI.
Luego, en la tarde, después de una reunión del Consejo de Sapal, el organismo informó que se acordó revisar la prestación laboral al personal directivo sobre el apoyo en el servicio de agua. Esta prestación cuesta casi 3.5 millones de pesos anuales según la estimación que hicieron los regidores del Ayuntamiento.
En la mañana, en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, surgió nuevamente el tema, debido a que Norma Patricia López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote exigieron la intervención del órgano interno de control para investigar el caso. Ambos criticaron que un directivo de Sapal no pague ni siquiera la tarifa mínima como lo hacen el resto de los leoneses.
Sobre la justificación de que la tarifa preferencial es una prestación para los trabajadores de Sapal, lamentaron que un directivo que gana más de 100 mil pesos mensuales sea beneficiario de este esquema. Es una visión patrimonialista del servicio público que no puede ser tolerada por el Ayuntamiento y que reprueba la sociedad.
Hasta el regidor del PAN, Jorge Cabrera, criticó que Sapal tenga contemplado subir un 5 por ciento a las tarifas de agua en el 2018, y por otro lado, tenga ese tipo de privilegios al director del organismo. Finalmente, propuso eliminar esa prestación, porque no se puede privilegiar a un directivo a costa del pago que hacen los ciudadanos.
