El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) volvió a reflejar ayer la realidad del país en materia de inseguridad al presentar su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, con base al fenómeno de victimización delictiva durante 2016 y la percepción social respecto a la seguridad pública y desempeño de las autoridades en el segundo trimestre del 2017.
El dato más relevante es que se estima en 24.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante el 2016 mientras que la percepción de inseguridad en la población en las entidades federativas se ubicó en un 74.3 por ciento.
La ENVIPE explica que la tasa de prevalencia delictiva fue de 28 mil 788 víctimas por cada 100 mil habitantes en el país en 2016 mientras que la tasa de incidencia delictiva fue de 37 mil 17 por cada 100 mil habitantes. El robo en la calle o transporte público y la extorsión son los delitos más frecuentes que reportan los ciudadanos encuestados.
El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229 mil millones de pesos, lo cual equivale en promedio a 5 mil 647 pesos por cada persona afectada.
La cifra negra, los delitos que no son denunciados o que no derivan en una averiguación previa fue de 93.6 por ciento casi similar a la reportada en el 2015 según la ENVIPE. Los principales motivos por los cuales no se denuncian los delitos son que las víctimas consideran que ir a las autoridades ministeriales es una pérdida de tiempo o por la desconfianza que tienen hacia su gobierno.
Respecto al estado de Guanajuato, se indicó que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 27 mil 86, mientras que el 2015 fue de 28 mil 35. Este indicador también es conocido como prevalencia delictiva.
Mientras que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 33 mil 384, casi similar a la reportada en 2015 de 33 mil 154. En Guanajuato prevalecen los robos o asaltos en la calle o transporte público y el 75.2 por ciento de la población considera que hay inseguridad en el estado.
Otro indicador relevante de la encuesta es que el 77.7 por ciento de los ciudadanos tiene una percepción de que sus autoridades encargadas de seguridad y justicia son corruptas, en especial las corporaciones de tránsito y policía municipales.
Se supone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes han realizado inversiones millonarias para atender el rubro de seguridad pública e impartición de justicia pero prevalece una percepción de inseguridad que no ha cedido a lo largo de estos años.
Estos datos deberían ser retomados con mayor seriedad por los gobiernos ante la necesidad que tienen los ciudadanos de sentirse en paz y tranquilidad para desempeñar sus actividades cotidianas. No hay avances significativos y es una realidad que es innegable.
MANIOBRA
La presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja, reveló esta semana que el Fideicomiso para el Fortalecimiento para la Seguridad está otra vez atorado por un asunto jurídico que debe revisar el Ayuntamiento junto con otras áreas como la Secretaría de Seguridad Pública, la Tesorería y la Contraloría.
Lo anterior, a pesar de que ya se expresó la voluntad de la iniciativa privada de participar en el proyecto con una inversión de 20 millones de pesos para la construcción de un centro deportivo y cultural para los elementos de las distintas corporaciones policíacas así como de que el gobierno del estado ya depositó los primeros 12.5 millones de pesos para arrancar con los proyectos que fueron presentados hace dos meses.
A pesar de la voluntad política que han expresado las autoridades estatales y municipales de manera pública para sacar adelante los proyectos que propusieron las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la seguridad en la ciudad, en realidad es que la complejidad del tema bajo todas sus aristas ha hecho que no arranque definitivamente.
En una de las últimas sesiones de la Mesa de Seguridad y Justicia, las autoridades municipales se comprometieron a apoyar al Fideicomiso y sacar adelante los cuatro proyectos iniciales para el fortalecimiento de la Seguridad Pública.
Pero al establecerse una serie de atenuantes a la participación de los ciudadanos, se antoja, desde esa lógica, complicado el correcto funcionamiento del organismo.
Cuando se hizo la convocatoria del municipio a los integrantes de la Mesa para incorporarse al Grupo de Coordinación de Seguridad, volvió a surgir otro problema relacionado con las responsabilidades que tendrían los ciudadanos en el ejercicio de los recursos públicos destinados al fideicomiso.
El gobierno diseñó un mecanismo para ejercer directamente el recurso y ahora le quiere asignar responsabilidades a los ciudadanos que únicamente aportan los proyectos para mejorar la seguridad.
Entonces se pasó a la Secretaría del Ayuntamiento para su revisión y han pasado las semanas y nada, siguen dando largas al asunto mientras que los proyectos de prevención social de la delincuencia, de fortalecimiento de la estructura organizacional de la policía municipal, el plan estratégico de seguridad y del programa de inteligencia policial están detenidos.
Esperemos que las autoridades reconociendo la importancia de impulsar este proyecto necesario para la ciudadanía den un seguimiento cabal al buen desarrollo del mismo.
INICIATIVA
Ayer ofrecieron una conferencia de prensa los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, acompañados por Ana Vanessa González Deister, directora de Fomento Social Citibanamex y Alejandra López Salgado, coordinadora de proyectos de Fundación Harp Helú, en el Senado de la República y a propósito de una donación de las prerrogativas que reciben estos legisladores para apoyar a las víctimas de los dos sismos más fuertes de septiembre.
En este marco, el Senador Búrquez Valenzuela se sinceró y dijo que los recursos que donarían no les pertenecen, que son de los ciudadanos, y que indebidamente disponen de ellos por lo que iban a renunciar a esos “privilegios” que reciben a través de vales de gasolina, despensas, alimentos, teléfonos, gastos médicos, automóvil, entre otros beneficios.
Planteó directamente a los medios de comunicación, imagínense si los 128 representantes del Senado de la República hicieran lo mismo; se refería a un monto de 38 millones de pesos por cada uno, lo que equivale a una suma total de 5 mil millones de pesos presupuestados cada año.
Recordó que habían presentado hace dos años una iniciativa para reducir el 50 por ciento del presupuesto que se destina a los senadores pero que no había tenido eco; ahora la tragedia que viven miles de familias en los estados afectados por el sismo, los políticos no pueden estorbar sino apoyar a quienes ahora más necesitan.
Luego siguió el senador por Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien aseguró que ha emergido un nuevo México luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre; reconoció que los ciudadanos no creen en la clase política, descalifica a sus gobiernos y lo que desea son resultados.
Que ante la emergencia que se vive, la Mesa Directiva del Senado está obligada a presentar una propuesta para que las aportaciones de los senadores más algunas medidas de austeridad en el gasto contribuyan con quienes hoy lo necesitan. El Senado de la República cuesta casi 5 mil millones de pesos y hay muchos rubros que pueden recortarse en solidaridad con aquellos que perdieron la vida y su patrimonio.
Pero como los senadores no confían en la Tesorería de la Federación, pues destinarán su aportación a las instituciones que suman una aportación similar a las donaciones de los ciudadanos. Los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil deben ser más efectivos.
Citibanamex abrió una cuenta Uno por Uno, duplicando fondos aportados por la sociedad para apoyar a las víctimas del sismo en Oaxaca y Chiapas, y estarán destinados a la reconstrucción de vivienda y proyectos productivos, actualmente el fondo asciende a 54 millones de pesos. Aparte se abrió otra cuenta a partir del sismo del 19 de septiembre para atender a los afectados en Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Estado de México, donde se llevan 14 millones de pesos.
Falta que se pongan las pilas los diputados federales, quienes también se llevan una cantidad millonaria en prerrogativas, aunque hasta la fecha, ninguno de los guanajuatenses que integran la Cámara de Diputados ha levantado la mano para hacer sus donativos.
