El gobierno municipal informó ayer en la tarde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso de revisión del caso del estadio León, luego de que por mayoría, un Tribunal Federal resolvió devolver el inmueble a los representantes de la asociación civil del Club Social y Deportivo León, entre ellos la familia Zermeño y el empresario Héctor González, tras rechazar otorgar un amparo solicitado por las autoridades.
De acuerdo con la versión de las autoridades municipales, el caso fue turnado a revisión a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala, y quien elaboraría el proyecto para ser analizado por los ministros de la SCJN. Lo que buscan las autoridades municipales es que se dé marcha atrás a la resolución que quitaría el inmueble al municipio ante las argucias legales de quienes se ostentan como sus legítimos dueños tras la extinción anticipada de un fideicomiso que amparaba la propiedad para las autoridades municipales.
No hay plazos para tener una resolución de los magistrados ni para conocer si será necesaria la intervención del Pleno de la Corte o se deciden el caso quien es responsable de la Primera Sala, de acuerdo con la información que ofrecieron ayer las autoridades municipales.
De acuerdo con expertos del Colegio de Abogados de León esta decisión de la SCJN es una buena señal para que se revisen aquellas inconsistencias en el proceso y que llevaron a las autoridades municipales a perder la propiedad del inmueble a manos de Roberto Zermeño y compañía.
Por otra parte, los amparos que interponen los propietarios de las plateas y palcos del Estadio León van por buen camino, ya fueron entregados a las autoridades judiciales y falta que sean formalmente aceptados para continuar en la lucha contra quienes buscan apoderarse de un inmueble que no les pertenece.
También va por buen camino la maniobra que hicieron algunos de los propietarios legítimos de palcos y plateas, junto con otros integrantes originales del Club Social y Deportivo León para sacar de la asociación a Roberto Zermeño y Héctor González, luego de que realizaron una asamblea para destituirlos de los cargos que ostentaban de manera irregular.
Adicional a este proceso hay otro que puede abrirse en las siguientes semanas y corresponde a todas aquellas empresas privadas que tienen contratos con el municipio y los propietarios del equipo León y que se verían afectados en sus derechos si en algún momento las autoridades tuvieran que devolver el inmueble.
Todos aquellos que tienen un derecho sobre el inmueble y su usufructo, están en posibilidades de interponer una demanda de amparo ante las autoridades judiciales porque los magistrados del Poder Judicial que resolvieron en caso a favor de quienes demandaron al municipio nunca los tomaron en cuenta.
Hay algunos mecanismos legales que van a impedir, al menos en los próximos años, que se tome posesión del inmueble y en un caso extremo de que el municipio pierda definitivamente la propiedad todavía se tiene el recurso del uso de suelo del predio y no cambiar ni autorizar el uso actual.
Por estas razones, los expertos del Colegio de Abogados de León consideran que es muy remota la posibilidad de que la camarilla que se quiere quedar con el estadio, lo logre.
ALTERNATIVAS
Los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad de León y el Observatorio Ciudadano de León junto con las cámaras y asociaciones empresariales y de la sociedad civil que participan en el Fideicomiso de Seguridad para León buscan alternativas para evitar que el gobierno estatal y municipal retiren los 100 millones de pesos comprometidos el año pasado a esta ciudad luego de que la semana pasada se les planteó destinar esos recursos a la construcción del cuartel militar en la ciudad de Irapuato.
El año pasado, el gobierno del estado y el municipal ofrecieron a los integrantes de la sociedad civil un recurso por 100 millones de pesos, 50 por ciento cada uno, para fortalecer las áreas de seguridad pública de León. A esto se sumarían aportaciones del sector privado una vez que empezara a funcionar el mecanismo financiero.
Para eso se requería la constitución de un fideicomiso que está definido y aprobado por el Ayuntamiento leonés desde el mes pasado pero que tienen atorado algunos integrantes de los partidos políticos que integral el Cabildo a pesar de que ya está autorizado.
Pero con la visita al cuartel militar en Apodaca, Nuevo León, el cual tuvo un costo cercano a los 400 millones de pesos, y que sirvió para reducir la incidencia delictiva que azotó esa región hace algunos años, se planteó a los alcaldes de León, Irapuato y Celaya que destinarán el monto de los Fideicomisos de Seguridad constituidos para apoyar la construcción de las instalaciones de la Policía Militar en Irapuato.
Los empresarios y representantes de las organizaciones no gubernamentales rechazaron de manera inicial el planteamiento de las autoridades estatales a los alcaldes bajo el argumento de que es necesario fortalecer las policías municipales a través de una mayor capacitación en desarrollo humano y profesional, mejores prestaciones laborales y sociales para los elementos y sus familias y el desarrollo de tecnología para combatir la inseguridad.
Incluso ahora hay un debate en el Congreso de la Unión para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que retiraría las fuerzas armadas de la lucha contra la delincuencia organizada, regresarían a sus cuarteles, y fortalecer la Policía Municipal y Estatal en las tareas que son su responsabilidad.
A esto se agrega que los fideicomisos nacieron con el propósito de fortalecer el desempeño de la Policía en estos tres municipios (incluidos dentro de los 50 con mayor índice delictivos en el país) y de esta manera contribuyan a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad y a reducir los principales delitos que son su responsabilidad.
El razonamiento de los empresarios y representantes de las organizaciones no gubernamentales es que no se puede descobijar las necesidades de las policías municipales para construir un cuartel militar del tamaño del que está en Apodaca.
Ante este escenario que no estaba previsto, se va a plantear a las autoridades estatales otros mecanismos para que puedan juntar recursos necesarios para la construcción del cuartel para la Policía Militar sin quitar los recursos a los fideicomisos de León, Irapuato y Celaya.
Esta misma semana se va a pedir a las autoridades abrir un espacio y mostrar otras alternativas que podrían ser aplicadas, al fin y al cabo en Guanajuato hay decenas de empresas que se han visto beneficiadas con millonarios subsidios gubernamentales, entre otras que basan el éxito de su negocio si se mantienen buenos niveles de seguridad y que pueden contribuir con el propósito de contar con una instalación militar similar a la que opera en Apodada, Nuevo León.
ANTICIPADOS
Ayer, el alcalde Héctor López Santillana pidió a su coordinador de Comunicación Social, Ignacio Camacho Flores, separarse del cargo que había asumido el 10 de octubre de 2015 no sin antes agradecer el esfuerzo, lealtad y profesionalismo que mostró a lo largo de poco más de 18 meses en la administración municipal.
El excoordinador de Comunicación Social del municipio acompañó a López Santillana desde su ascenso a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y en otras tareas que le fueron asignadas en las últimas administraciones panistas, salvo cuando fue designado por el Congreso del Estado como Gobernador sustituto al cierre de la administración pasada.
En la campaña política por el municipio de León, Camacho Flores fue quien coordinó el área de prensa del entonces candidato López Santillana y cuando fue electo formó parte del equipo de transición y finalmente, designado responsable de la comunicación social del municipio.
Desde hace algunos meses había una presión del PAN y de otros personajes ligados al partido para buscar la destitución del funcionario pero no lo habían logrado conseguir a pesar de los fuertes embates que sufrió, muchos de ellos del círculo cercano que le impusieron en la coordinación a su cargo.
Ayer, en el momento menos oportuno para el alcalde pero inmejorable para quienes buscaban esa posición, no hay que olvidar que en el municipio hay un grupo que tiene la mirada puesta en el 2018, se anunció la salida del funcionario.
En tanto se designa a un nuevo titular del área, el alcalde designó a Emmanuel Moreno Lara, actual director de Comunicación Estratégica, como encargado de despacho. Este personaje acompañó a Héctor López Santillana en la campaña política y al ganar la elección estuvo siempre bajo las órdenes de Camacho Flores.
Pero ni la salida del funcionario municipal se pudo operar de manera adecuada por el área de Comunicación Social y fue evidente la filtración que se hizo del propio grupo cercano de Camacho Flores a los medios anticipando su salida.
Y es que casi 10 minutos antes de que se hiciera oficial el comunicado de prensa de la separación del cargo, el texto del comunicado de prensa ya aparecía en un portal de noticias festinando el despido de Camacho Flores.
Quién asuma el cargo debe tener en cuenta este tipo de hechos porque pone en evidencia lo descompuesto que está la coordinación y la falta de lealtad que permea entre quienes no han asumido con responsabilidad su función en la administración pública.
