BANDERA
El reclamo social a los partidos políticos para que aportaran parte del financiamiento público que tienen asignado cada año y destinarlo a mejores causas sociales, en este caso para atender a los damnificados de los dos sismos que dejaron fuertes daños en septiembre, ha derivado en el abanderamiento de los líderes políticos para ofrecer ahora eliminar la entrega de dinero público a los partidos junto con las diputaciones y senadurías plurinominales.
Primero fue el Frente Ciudadano por México y ahora el PRI quienes retomaron algunas de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para quitar el financiamiento público a los partidos políticos y buscar otras fuentes de recursos entre la militancia y sus simpatizantes pero con reglas más estrictas para evitar que recurran al dinero de procedencia ilegal.
Este lunes, el PRI nacional hizo oficial su propuesta de reforma constitucional para eliminar los recursos públicos a los partidos a partir de 2018, lo que significaría un ahorro de 6 mil 800 millones de pesos que serían destinados a los afectados por los dos últimos sismos de gran impacto.
Si los partidos políticos renuncian este año al financiamiento que reciben del estado, los mexicanos ahorrarían casi mil millones de pesos, los cuales se podrán utilizar de manera inmediata en tareas de reconstrucción.
Por otra parte, de acuerdo con la propuesta del PRI (otros partidos ya la habían puesto sobre la mesa), si se eliminan los diputados y senadores plurinominales se tendría un ahorro de 11 mil 600 millones de pesos, es decir casi el doble de lo que cuesta financiar las elecciones presidenciales en el país en 2018. De ese tamaño es el boquete que genera al país mantener los legisladores plurinominales en ambas cámaras.
En Guanajuato, la legisladora federal del PRI, Yulma Rocha Aguilar, y quien se desempeña como vocera del CEN en la Cámara de Diputados, explicó que en total, se eliminarían 200 diputados y 64 senadores que llegan por la vía plurinominal.
La cuestión de fondo es que el PRI se adelantaría al resto de los partidos políticos para evitar que prospere una de las demandas que hizo el PAN nacional la semana pasada y que consiste en realizar una cirugía mayor al gasto público y que estaría destinada a recortar los recursos públicos que no dan valor agregado a los ciudadanos, en el presupuesto federal 2018.
Faltaría ver si el Instituto Nacional Electoral, que programó un gasto de 18 mil millones de pesos para el proceso electoral del año próximo también contribuye a ahorrar recursos que son indispensables para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos registrados este mes.
Ayer, observó el titular del Parlamento Ciudadano de León, Jaime Gallardo Saavedra, que los partidos van a tomar como bandera electoral el tema de los damnificados de los sismos y que el viraje en su postura de avalar la reducción o eliminación del financiamiento público que recibe no tiene que ver con su buena voluntad como pareciera.
Un asunto que no está resuelto es que si prospera la iniciativa del PRI, de eliminar el financiamiento que reciben los partidos y las diputaciones y senadurías plurinominales, es quien se haría cargo de la administración de los recursos, en donde hay diversas iniciativas para que participe la sociedad organizada en estos esfuerzos.
Otro tema pendiente es revisar el tema que planteó el PAN de reconfigurar el gasto público porque según las cuentas del Frente Ciudadano por México, lo que dejarían de recibir los partidos en 2018 apenas si alcanza el 1 por ciento del presupuesto federal de egresos. Ahí todavía hay mucha tela que cortar.
Pero falta ver como se ponen de acuerdo los partidos políticos para sacar adelante sus iniciativas de ley en el Congreso de la Unión porque a pesar del desastre que dejaron los sismos, los ciudadanos siguen incrédulos a que su intensión tenga como propósito ayudar a sus semejantes, sino más bien observan que quieren usar el tema de la ayuda a los damnificados como bandera electoral en el 2018.
La lección de los ciudadanos para el PRI en 1985 fue ejemplar porque el sismo también derrumbó un régimen que no supo estar a la altura al reto que marcó la historia de México. Ahora buscarán a toda costa evitar que el descontento social sumado a la desgracia nacional le abran el camino a su principal adversario y quien, según ellos, representa un retorno al pasado y a las políticas populistas; ojalá que con su apuesta, ésta vez no se equivoquen y se vean obligados a pagar el castigo de los ciudadanos en las urnas.
VISIONES
Ayer en Aguascalientes arrancó la implementación del Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios, llamado SISPEM, una tecnología que se ha promovido en Guanajuato pero que no ha tenido eco en las autoridades encargadas de seguridad.
El invitado de honor del gobernador Martín Orozco Sandoval, fue el síndico del PAN del Ayuntamiento leonés, Carlos Medina Plascencia, quien según las palabras del mandatario de ese estado, les sugirió además una reforma constitucional para ir tras los negocios donde terminan los productos robados.
El mandatario estatal dijo en su mensaje durante la firma del convenio de Implementación del SISPEM que forma parte de una estrategia integral, en donde se subrayan las acciones de prevención, seguridad, procuración e impartición de justicia.
Hizo énfasis en que la policía requiere de información y que actualmente estaba dispersa entre tantas corporaciones y dependencias que ni siquiera se imaginaban las bases de datos que pueden servir para la investigación de asuntos delictivos. Tener la información en una sola base de datos servirá para procesar con mayor rapidez las investigaciones y dar las respuestas de seguridad que exigen los ciudadanos.
Se requiere del uso de la tecnología para hacer frente a la delincuencia, quienes sí están organizados y cuentan con los recursos suficientes para cometer sus delitos, les dijo a los alcaldes e invitados especiales al evento. Para complementar el SISPEM, explicó que arrancará su propio C5, similar al que opera en el estado de Guanajuato.
No todo es aumento a los salarios de los policías ni entregar equipamiento a las corporaciones, se requiere de tener tecnología que permita hacer un análisis más rápido de la información y una mejor coordinación de las autoridades responsables de combatir a la delincuencia, reiteró.
Pidió al Congreso de su estado atender las iniciativas de Ley que sean necesarias para fortalecer la respuesta en el combate a la incidencia delictiva y ahí retomó la propuesta que le hizo el exgobernador de Guanajuato, Medina Plascencia para regular todo el comercio a dónde va a parar lo que se roban los delincuentes.
El buen ejemplo de Guanajuato y en especial de las recomendaciones del síndico Medina Plascencia, van a ser retomados en el estado de Aguascalientes, lástima que en León y Guanajuato no tengan el eco suficiente sus propuestas. Hace apenas unos meses hubo un intenso debate al seno del Ayuntamiento porque la plataforma tecnológica que propuso el exgobernador no ha sido valorada porque acá funciona el programa Escudo y el C4 municipal.
Ayer mismo, en Guanajuato capital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregó a 22 municipios y a la policía estatal más equipo y patrullas para enfrentar a la delincuencia. Dos gobiernos panistas, vecinos territorialmente, y dos visiones distintas de afrontar el problema de inseguridad.
AGENDA
En el marco del arranque del tercer año del Ejercicio Legal de la actual legislatura, los partidos políticos definieron sus agendas e integraron la mesa directiva, la cual será integrada por la diputada del PAN, Angélica Casillas Martínez, como presidenta.
En esta sesión de apertura estuvieron el gobernador del estado, Miguel Márquez, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, junto con los representantes de los partidos políticos, presidentes municipales, entre otros organismos autónomos y sociedad civil.
En su intervención la nueva presidenta de la Mesa Directiva explicó que se va a privilegiar el diálogo, en el marco de un parlamento abierto y transparente, de frente a la sociedad. El gobernador Miguel Márquez pidió a los legisladores estar atendos y tener la sensibilidad necesaria para entender las necesidades de la sociedad mientras que el titular del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, hizo incapié en lograr la eficacia de las normas para la sana convivencia de la sociedad y sin que se afecte la legitima expresión de las libertades.
En este marco, el coordinador de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, planteó que la agenda legislativa de su fracción estará enfocad a atender los temas de seguridad, transparencia, fiscalización de recursos públicos, educación, salud y desarrollo económico.
Explicó que el propósito es sacar adelante 38 iniciativas de ley antes de que cierre el periodo en diciembre y que están enfocadas en la plataforma política que el partido ofreció a los ciudadanos, además de que se va a revisar la ley de ingresos y egresos del Poder Ejecutivo para el 2018 y las 46 leyes de ingresos municipales.
Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Rigoberto Paredes, señaló que están pendientes más de 60 iniciativas de Ley que han presentado, entre reformas, adiciones y derogaciones. Se centrarán en una agenda que saque adelante la Ley de Participación Ciudadana, las modificaciones a la ley para designar al Procurador de los Derechos Humanos del Estado, la relacionada a la reducción de financiamiento a los partidos, la que contempla la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la de profesionalización de los servidores públicos municipales entre otras relacionadas a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Resaltó el hecho de que en la apertura de la sesión, organizaciones sociales que promueven la reducción de financiamiento a los partidos estuvieron presentes para hacer patente su recordatorio a los legisladores: Sin voto no hay dinero.
Uno de los reclamos más sentidos de los ciudadanos a los legisladores es que promuevan leyes que atiendan las necesidades de la sociedad y no únicamente aquellas relacionadas con sus intereses partidistas, ese es el gran reto que tiene el Congreso del Estado que hoy presume de ser un parlamento abierto.
