Inicio Columnas Mirilla 26/04/2017

Mirilla 26/04/2017

0

PIRINOLA
En la visita que hicieron funcionarios estatales, alcaldes y algunos representantes de las organizaciones sociales y empresariales a la base de operaciones de la cuarta brigada de la Policía Militar de la SEDENA, en Apodaca, Nuevo León, para conocer sus instalaciones y el modelo que serviría para la construcción del cuartel en Irapuato, no dejó en claro de donde saldrán los recursos para la obra.

La versión de las autoridades fue que la visita era únicamente para conocer las instalaciones y el modelo de la base de operaciones de la Policía Militar, una vez que se podría construir una obra similar en Irapuato después de que se canceló en León, donde originalmente estaba prevista con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El costo de una base similar a la que opera en Apodaca rebasa los 350 millones de pesos y en su construcción, se subrayó que participaron empresarios y autoridades municipales y estatales en un esfuerzo por disminuir la incidencia delictiva que azotaba esa región norte del país.

Entre los organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil de León se prendieron las luces de alerta por la posible cancelación de las aportaciones estatales y municipales al Fideicomiso ya constituido para la seguridad en esta ciudad y destinar los recursos a la construcción del nuevo cuartel militar con las características similares a las que se observaron en Apodaca.

Pero inmediatamente hubo oposición a que se cancelaran los recursos estatales y municipales a los fideicomisos ya constituidos en León, Irapuato y Celaya, aunque no sin antes recibir el reclamo de las autoridades de que únicamente se mantendría si hay una aportación peso a peso. Este condicionamiento volvió a disgustar a los empresarios que acudieron a la visita en Apodaca.

Al regreso del viaje, los alcaldes panistas de León, Irapuato, Salamanca y Celaya salieron a declarar que estaban listos para ponerle dinero a la construcción de la base militar sin que se conozca con claridad cuál sería el mecanismo para aportar, por ejemplo, recursos de León a la construcción de una obra en Irapuato.

También hubo algunos presidentes de cámaras empresariales, no quienes fueron al viaje a Apodaca, de otros municipios del corredor industrial del bajío, que sin conocer el proyecto dijeron que estaban dispuestos a apoyar con sus aportaciones esta obra.

Para los leoneses que asistieron a la visita está claro que sí hay recursos para construir el cuartel militar en Irapuato sin quitárselos al Fideicomiso para la Seguridad de León, tan sólo este año se entregarían a quienes integran el Consejo de Evaluación del programa Impulso Social una cantidad similar a la que se aportaría al fideicomiso para validar el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Las dependencias encargadas de la Seguridad y Procuración de Justicia ejercieron en año pasado más de 4 mil 500 millones de pesos y se puede hacer un esfuerzo para canalizar parte de los recursos destinados a sus programas operativos a la obra en Irapuato.

La postura de que la seguridad “es problema de todos y todos ponen” trae inquietos a los empresarios y líderes de organizaciones sociales en León. Por lo pronto, ya se informó sobre el depósito de 70 millones de pesos por parte de las autoridades estatales al fideicomiso para la construcción del cuartel militar mientras el estira y afloja seguirá con la sociedad para que le pongan al proyecto.

PLAN
La COFOCE ya tiene listo el Plan Estratégico de Comercio Exterior del Sector Agroalimentario de Guanajuato, que busca incrementar las exportaciones del estado en los siguientes 10 años.

En 2016, las exportaciones del sector agroalimentario rebasaron los mil 251 millones de dólares; en la última década, la tasa de crecimiento de las ventas al exterior fue superior al 14 por ciento, siendo uno de los sectores más dinámicos, incluso por arriba de la industria automotriz y la industria metalmecánica.

Hace diez años apenas había 98 empresas establecidas en Guanajuato que estaban dedicadas a las exportaciones y en el último año son 134 aunque hay potencial para incorporar a más compañías en la promoción comercial en los diversos mercados del mundo. Del total de lo exportado, un 58 por ciento son hortalizas frescas, el 35 por ciento hortalizas congeladas y un 7 por ciento de preparaciones alimenticias.

La producción de hortalizas, frutas y alimentos procesados llegan actualmente a 71 países en el mundo aunque los principales mercados son Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Holanda y Japón.

Guanajuato exporta el 70 por ciento del total del brócoli congelado que envía México a Estados Unidos; el 83 por ciento del total de las lechugas repolladas a ese mismo mercado y en la última década creció más del 56 por ciento la exportación de tomate.

Para dimensionar la importancia del sector exportador de agro-alimentos hay que mencionar que emplea a más de 31 mil personas de manera directa; que se utilizan más de 21 camiones para transportar hortalizas frescas y más de 14 mil camiones para transporte de hortalizas congeladas desde Guanajuato.

El Plan Estratégico de COFOCE dará un giro al comercio exterior del sector agroalimentario del estado, uno de los que tiene mayor potencial para crecer en los próximos años, según lo plasmaron los casi 100 empresarios que participaron en su diseño junto con alrededor de 20 funcionarios estatales y federales junto con el despacho que elaboró el estudio.

Los ejes de política pública son desarrollar redes de frio; promover la certificación de calidad e inocuidad agroalimentaria así como mejorar la vinculación y redes de negocios entre la cadena de valor.

Los productores ya están organizados bajo el esquema de Sistema-Producto, donde concurren todos los eslabones de la cadena, en el caso del brócoli, berries, tomate, agave-tequila y porcinos. Y se busca desarrollar nuevos mercados para la producción de coles de Bruselas, pitahayas, tomates cherry y uva, chicharos chinos, productos orgánicos y desarrollo genético de especies vegetales y animales.

La parte más complicada para las empresas es adoptar una cultura de certificación de calidad e inocuidad de sus procesos (empaque, producción, uso de recursos naturales, jornaleros, trazabilidad, inocuidad, entre otros) que son fundamentales para garantizar la seguridad a los consumidores en los grandes mercados internacionales.

En la parte de investigación y desarrollo tecnológico, en Guanajuato se ubica uno de los mejores centros de innovación del CINVESTAV, en Irapuato, y desde ahí se puede contribuir a detonar nuevas características de plantas para mejorar la calidad e inocuidad de los productos alimenticios.

La única duda que tienen los empresarios del sector exportador es que con la llegada de un político a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, Paulo Bañuelos, que está más enfocado en organizar a los productores para votar y no para producir, se pongan en riesgo las políticas y programas que son necesarios para convertir en realidad esa frase de que Guanajuato será el “refrigerador” de México y posiblemente del mundo.

FALLIDA
Ayer se dieron a conocer los resultados del primer trimestre del 2017 respecto a los ocho delitos que monitorea el Semáforo Delictivo en México, donde resalta que todos tuvieron un incremento respecto al periodo anterior, además de destacar el incremento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado.

Enumera los nueve estados del país donde se ha concentrado el 60 por ciento de los homicidios y los detalla: Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

Semáforo Delictivo tiene el propósito de contribuir a la paz en México a través de la rendición de cuentas y la promoción de la participación ciudadana, es un proyecto que nació en la sociedad y no en el gobierno y a raíz de su medición concluye que se mantiene una estrategia fallida y peligrosa de las autoridades en materia de seguridad.

Si el año pasado fue malo, este podría ser peor según se adelantó ya que se retornó a niveles de más de dos mil homicidios por mes mientras que las autoridades mantienen una estrategia de seguridad que no resuelve el problema, ni siquiera lo disminuye.

La organización realiza estudios sobre seguridad pública y analiza los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones y violación; la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad y el desempeño de las autoridades.

La semana pasada apenas se dio a conocer la ENSU, que elabora el INEGI y que mide la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad, y apunta en el mismo sentido que los datos obtenidos por el Semáforo Delictivo y las cifras que aportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos últimos datos alimentados por las Procuradurías y Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Lo relevante de los datos que aporta Semáforo Delictivo es que cuestiona el modelo de combate al crimen organizado, que se sigue desde la pasada administración federal en acuerdo con las autoridades norteamericanas y que consiste en atrapar capos y no combatir el negocio, una vez que cada que cae uno de los jefes de la delincuencia organizada ya hay otros dispuestos a pelear por los territorios para mantener los ingresos millonarios que representan las actividades ilícitas.

“Lo que requerimos en México es atrapar al negocio del mercado de drogas para debilitar el poder económico de las mafias. Si no hacemos eso, la violencia en México seguirá creciendo. Las drogas no deben estar en manos de las mafias para ser promovidas con libertad por todo el territorio nacional… las mafias promueven consumos, violencia y corrupción y no hay estrategia policíaca ni judicial que funcione en contra de ese mercado, ni en México ni en ningún otro país”, concluye el Semáforo Delictivo.

Luego de 10 años de una guerra fallida contra el crimen organizado en México, la organización civil plantea la regulación del mercado para evitar más muerte y corrupción, es decir quitar el negocio a las mafias aunque para eso todavía faltan muchos años porque los políticos todavía no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor estrategia para ello. El debate está abierto.

Salir de la versión móvil