ENCRUCIJADA
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, reconoció ayer que los ánimos están desbordados en los partidos políticos de cara al proceso de definición de candidaturas para la elección en 2018.
En su partido, explicó que la situación está “tranquila”, en comparación de la confrontación abierta y descarada en otros institutos políticos, aunque quizás no ha dimensionado la encrucijada que viene para el PRI en Guanajuato, luego que se definió a nivel nacional la asamblea de delegados para seleccionar a los candidatos a la Presidencia de la República, diputaciones federales y senadores.
Los métodos de selección de candidatos a la gubernatura, donde habrá elecciones estatales, las definirán los propios Comités Directivos locales, lo que deja abierta la posibilidad de que no sea la asamblea de delegados quienes definan a ‘su gallo’ para el 2018.
Lo anterior, porque el Senador Gerardo Sánchez García ha expresado que busca un método donde participe toda la militancia del PRI, o de lo contrario dejaría para otra ocasión su interés por competir en el proceso para designar al candidato a la gubernatura del estado.
Es decir, que si el PRI nacional determinó la asamblea de delegados como su método para definir las candidaturas, dejó en libertad a los comités estatales para que decidan cuál vía seguir, no necesariamente están obligados a aplicar el mismo procedimiento que servirá para sacar su candidato presidencial, a diputados federales y senadores. Esta es una rendija donde el Senador Sánchez García va a presionar para que en Guanajuato se defina su propio mecanismo y no la asamblea de delegados.
El dirigente estatal del partido ha expresado públicamente que aún cuando se decidiera ir a una convención para elegir a su candidato a la gubernatura, no significa que vaya a ser un proceso antidemocrático.
El razonamiento de García López es que el Consejo Político Estatal se integra por más de 600 personas, y ahí se suman otros militantes, entre ellos los representantes del Comité Nacional, los Comités Municipales, los sectores y organizaciones adheridas al partido, en total serían alrededor de 16 mil personas quienes definirían al candidato para la gubernatura.
El sábado pasado, en su sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, el PRI dio el primer paso en su preparación al proceso electoral del 2018, al definir que buscará la coalición y alianza con otros partidos políticos afines a su ideología (PVEM y Partido Nueva Alianza) y segundo, presentó un proyecto de plataforma electoral que será revisada para ratificarla o rectificar. En ambos casos tendrá que tener lista una postura para registrarla ante los órganos electorales.
Este sábado, o en los siguientes días si no hay acuerdo inmediato, se definirá el método de selección de candidatos para la gubernatura, las alcaldías de los 46 municipios del estado y las diputaciones locales.
A esto se agrega la definición de ir o no en alianza y bajo qué condiciones, ya sea que la encabece un priista u otro perfil ciudadano. El PVEM, que le acerca más votos a las alianzas con el PRI, ya ha definido que preferiría ir solo que mal acompañado, aunque la decisión final no estará en Guanajuato sino en el Comité Ejecutivo Nacional.
Santiago García López observa que hay una oportunidad para la alternancia política en Guanajuato en el 2018, por eso va a ser muy cuidadoso de conciliar todos los intereses y expresiones al interior del PRI, porque si quieren tener un candidato competitivo frente al partido en el poder van a necesitar más que unidad al definir su proceso de selección.
Aún cuando el senador Gerardo Sánchez García ha propuesto un método abierto para la definición del candidato, con la participación de toda la militancia, es posible que tenga que aceptar el proceso de asamblea de delegados, donde al menos están equilibradas las fuerzas que representan los distintos proyectos políticos que quieren representar al PRI en el 2018.
La confrontación en el PRI se agudizará a partir del sábado, cuando se reúna nuevamente el Consejo Político Estatal para dar los primeros trazos de un acuerdo del método de selección de candidatos, donde no queden fracturados ni tantos damnificados en la lucha de poder.
BARBAS
El escándalo político nacional derivado del despido del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, es una muestra más de la necesidad que tiene el país de emprender una reforma constitucional que permita una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, tal y como lo han exigido las organizaciones de la sociedad civil y que han adoptado algunos partidos de oposición en el Congreso de la Unión.
Las evidencias apuntan a que la remoción del fiscal especializado fue derivada de razones políticas, en especial, por un caso que tiene bastante preocupado al PRI-Gobierno respecto a la presunta corrupción en que se involucró en Brasil al ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, y que operó como enlace internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Este asunto es relevante porque vuelve a poner sobre la mesa, la necesidad de contar con un marco jurídico sólido que impida a los gobiernos en turno poner perfiles afines a sus intereses, en las responsabilidades de procuración de justicia.
En el caso de Guanajuato, el PAN y las autoridades estatales deberán poner sus barbas a remojar, porque a nivel nacional exigen una reforma constitucional que permita disponer de organismos de procuración de justicia autónomos, y a nivel local, van en sentido inverso al planteamiento de la sociedad civil.
Está pendiente la definición de los criterios para elegir al Fiscal General del Estado y a los titulares de las fiscalías especializadas que marca la ley, en donde sobresale la que estará encargada de combatir la corrupción del gobierno y particulares.
A pesar de una petición expresa que hicieron representantes del sector empresarial y colegios de profesionistas sobre la necesidad de replantear la convocatoria para la elección del fiscal anticorrupción, los legisladores fueron omisos y no aceptaron cambios. De manera mágica, de un día para otro, se pasó de un candidato a la fiscalía a un numeroso grupo de aspirantes, entre ellos varios personajes ligados a los gobiernos del PAN en los últimos años y que han ejercido cargos dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Tampoco se ha atendido el asunto señalado por las organizaciones de la sociedad civil para modificar el artículo que permitiría el pase automático del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado como Fiscal General del Estado por los siguientes nueve años. A nivel federal, el titular de la PGR renunció para evitar contaminar este cambio de figura a la Fiscalía General de la República y aquí las cosas siguen igual.
La semana pasada se dio una muestra de cómo el uso político de la justicia en Guanajuato va a operar en el proceso electoral del 2018. Los responsables de perseguir los delitos y garantizar el debido proceso en las carpetas de investigación abiertas contra funcionarios públicos imputados por presuntos actos de corrupción, le cedieron su responsabilidad al Comité Directivo Municipal del PAN y a los legisladores panistas en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados federal.
Esta decisión equivocada, descalificaría de inmediato a quienes aspiran a perpetuarse otros nueve años en las tareas de procuración de justicia. Los organismos de la sociedad civil ya registraron el hecho y no lo van a dejar pasar a medida de que siga la indefinición de los legisladores para construir una Fiscalía General del Estado autónoma.
PLAFATORMAS
Ayer se presentó en el Senado de la República, una iniciativa para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, respecto a las transacciones efectuadas con las empresas que utilizan plataformas tecnológicas a través de dispositivos móviles para ofrecer el servicio privado de transporte con chofer.
A nivel internacional operan Uber, Cabify, Yaxi, Drive, Taxify, Avant, Easy Go, entre otras, y algunas de estas empresas de servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas están instaladas en México como son Uber y Cabify.
Recientemente, hay casos de conductores que se han visto involucrados en delitos graves, como fue el caso del feminicidio de la estudiante Mara en Puebla, por uno de los conductores de Cabify y que derivó en la cancelación de su operación por carecer de un sistema de seguridad. También hay casos documentados de agresiones sexuales a pasajeras en el caso de conductores de Uber en la ciudad de Guadalajara y en el Estado de México.
De acuerdo con la argumentación que se presentó respecto a esta iniciativa en el Senado de la República, este tipo de ilícitos no son exclusivos de México, sino que hay evidencias de que conductores que prestan el servicio con estas plataformas han cometido crímenes y abusos en todo el mundo.
En el caso de Europa, ya se sentó un precedente para que se exijan licencias y otras autorizaciones a las empresas que ofrecen el servicio online de transporte privado, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Uno de los primeros candados que pondría la Procuraduría Federal del Consumidor a este tipo de plataformas de transporte es, precisamente, la aplicación de un contrato de adhesión que obligue al prestador de servicio a salvaguardar los derechos de los usuarios.
La iniciativa surgió de un grupo de senadores del PAN en Aguascalientes y Guanajuato, y es posible que se replique en los estados donde gobierna ese partido.
