REVISIÓN
El 29 de junio de este año, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para excluir de delito la legítima defensa, iniciativa que presentó el PRI y que contó con la votación unánime de las distintas fuerzas políticas.
En su momento, esta iniciativa generó polémica derivado de los cuestionamientos que se hicieron respecto a que podría derivar en violaciones de los derechos humanos aunque los legisladores locales se inclinaron más en la atención a un legítimo reclamo social de impunidad cuando un delincuente entra a su hogar con intensión de cometer un delito.
Se excluyó entonces de cometer un delito a la persona que obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación. En defensa de esta iniciativa hablaron el diputado del PRI, Santiago García López, quien justificaba que sí habían escuchado a expertos académicos, abogados y ciudadanos en general antes de aprobar el dictamen de la iniciativa de reforma en la Comisión de Justicia.
Justificó que había un postulado del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial respecto a que la sociedad requiere del derecho de una mayor protección y no esperar a que haya dos agresiones, la primera por la entrada ilegítima a su domicilio y la segunda que se perpetre un ataque contra su persona o bienes para entonces si poder desplegar la legitima defensa.
La legisladora del PAN, Libia García Muñoz Ledo, también se pronunció a favor de esta iniciativa bajo el argumento que lo más sagrado para una persona es su familia y que cuando un intruso entra a su hogar y están desprevenidos y en desventaja sería impensable que el sistema jurídico le reprochara penalmente la legítima defensa.
Se abrió entonces la puerta para que los ciudadanos que fueran agredidos de forma ilegítima en su casa habitación podrían utilizar los medios a su alcance para ejercer la legítima defensa.
Pero el miércoles en la noche se anunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Luis Raúl González, presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Legítima Defensa que aprobó el Congreso del Estado de Guanajuato y cuya iniciativa elaboró el PRI y promulgó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Márquez. El expediente de la CNDH es el número 97/2017.
El argumento de la CNDH es que esta medida resulta excesiva y vulnera siete derechos fundamentales de las personas por lo que se declara en contra del cambio aprobado y publicado por los órganos legislativo y ejecutivo de Guanajuato.
Y es que habían modificado mediante Decreto número 209, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 14 de julio de este año, el artículo 33, fracción XI del Código Penal estatal para excluir de cometer un delito a quien “obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos contra agresión legítima por intrusión actual a casa habitación».
En su fundamentación, se refiere que se violan los derechos fundamentales como la seguridad jurídica; la obligación de respetar los derechos humanos; el principio de legalidad en su vertiente de taxitividad; derecho de acceso a la justicia; obligación de proteger el derecho a la vida; derecho a la integridad personal y derecho a la vida.
La ley aprobada en el Congreso del Estado y promulgada por el titular del Poder Ejecutivo vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte, según indica el recurso presentado por la CNDH.
Al respecto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se pronunció al respecto y precisó que esta acción de inconstitucionalidad que promueve la CNDH se suma a otros recursos promovidos ante la SCJN por similares reformas a los códigos penales en Morelos y Nuevo León.
También se declara a favor de que se abra la discusión pública del tema con expertos en la materia para buscar la protección integral de los derechos humanos de manera universal y progresiva conforme al mandato constitucional. Y deja al Poder Judicial de la Federación y la SCJN que determinen si la norma impugnada en Guanajuato, resulta acorde al parámetro de regularidad constitucional o es contraria a los derechos humanos.
En este tema, el gobernador del estado, Miguel Márquez, declaró ayer en León que habrá que esperar la resolución de la SCJN respecto a la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, en todo caso, lo que se decida por los ministros de la corte será respetado por el Poder Ejecutivo de Guanajuato.
Únicamente cuestionó el hecho de que los ciudadanos sean víctimas de un delito en su casa y no tengan elementos legales para su defensa mientras que los delincuentes gozan de impunidad. Muchas veces pasa que el ladrón queda fuera y sí toma legítima defensa quien vive en ella, lo más seguro es que se quede en la cárcel, reconoció.
Sobre este mismo asunto, la Presidenta del Congreso del Estado, la panista Beatriz Hernández Cruz, se mostró cautelosa sobre el tema porque no tenía conocimiento del recurso que interpuso la CNDH ni de los alcances jurídicos que tendría.
Justificó que la reforma se hizo con la intensión de proteger a las familias en sus hogares frente a la intrusión ilegítima de los delincuentes pero no recordó que se haya solicitado una opinión técnica-legal a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Solo atinó a señalar que hubo una serie de foros y una convocatoria abierta a la participación de todos los actores que tuvieran una aportación que hacer al respecto, en especial del Poder Judicial del Estado.
Esta es la segunda vez en que los legisladores locales son sorprendidos con acciones de inconstitucionalidad sobre leyes o iniciativas que apruebas o buscan aprobar, la más reciente fue con su iniciativa ley de protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos.
En el caso del asunto de legítima defensa, adelantó que respetarán la decisión de la SCJN y que revisarán el recurso que interpuso la CNDH una vez que sean notificados oficialmente sobre este asunto.
FOTOGRAFÍA
Inmersa Marketing Group presentó ayer un estudio de percepción pre-electoral en León y entre los principales hallazgos están que Carlos Medina Plascencia, Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez son los panistas mejor posicionados en cuanto a la intención del voto de los leoneses. Más lejos, Sergio Contreras del PVEM y Roberto Vallejo del PRI serían los personajes más identificados y con mejor intención de voto por los electores.
Otro dato relevante es que el PAN ganaría con cualquiera de los candidatos que lo represente en la contienda (66 por ciento votaría por ese partido) a pesar del enojo y miedo que muestran los ciudadanos por los retos aún pendientes de este gobierno.
El asunto es que los encuestados no identifican una oposición seria y comprometida además de que los leoneses votan más por el partido que por sus candidatos y si el PRI va sin alianza con el PVEM bajaría casi dos terceras partes de los votos que obtuvo en 2015.
En el PAN, en el mejor de los casos, el Síndico Carlos Medina Plascencia les daría muchos votos, Miguel Ángel Salim, también podrían ganar la contienda aunque con el menor porcentaje de votos.
Además, en la encuesta se reveló que un porcentaje no votaría por Héctor López Santillana. El tema que más pega a la percepción favorable al alcalde es el asunto de la inseguridad, según explicó Rodolfo Núñez, quien desde hace varios procesos electorales realiza este ejercicio estadístico.
El 57 por ciento de los leoneses tiene sentimientos de enojo y un 38 por ciento tiene miedo lo que se puede traducir en un voto de castigo en las elecciones del 2018 mientras que el 81 por ciento de los encuestados señaló que la inseguridad es el principal problema que tiene Guanajuato y un 38 por ciento que los empleos son mal pagados. A esto se agrega que en las colonias leonesas, el 75 por ciento identifica la inseguridad como su principal problema seguido de la falta de pavimentación en un 17 por ciento; la falta de alumbrado en casi 10 por ciento y por primera vez desde la administración de Vicente Guerrero Reynoso, poco más de un 8 por ciento, la basura.
Otro de los hallazgos relevantes es que los ciudadanos empiezan a identificar a Morena como una opción de cambio, aunque no se tenga un candidato o una estructura que les permita operar en León para capitalizar esta atracción de los electores. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que les atrae y seguramente va a permitir que Morena tenga diputados locales y hasta regidores en el próximo Ayuntamiento.
Las grandes conclusiones de la encuesta que se presentó ayer en la mañana son que el posicionamiento no es intención del voto. Los políticos mejor posicionados son Carlos Medina Plascencia (86 por ciento), Ricardo Sheffield (70 por ciento), Miguel Ángel Salim (32 por ciento), Juan Carlos Muñoz (21 por ciento), Roberto Vallejo (19 por ciento), Éctor Jaime Ramírez Barba (16 por ciento), Alejandra Gutiérrez (11 por ciento), Sergio Contreras (8 por ciento) y Rubén Fonseca (1 por ciento).
Pero mientras el diputado federal Miguel Ángel Salim es el tercero más recordado por los leoneses, es el que saca la peor parte en intención del voto para el PAN; mientras que la diputada federal, Alejandra Gutiérrez, es poco recordada, los ciudadanos tienen una excelente opinión de ella y su trabajo, casi en niveles similares a los que se tienen sobre el síndico Carlos Medina Plascencia.
Otras conclusiones que presentó el representante de la empresa encuestadora son que la ‘marca’ Carlos Medina Plascencia sigue en la mente de los electores; que Morena empieza a aparecer en la conciencia de los leoneses; que cualquier alianza puede modificar los porcentajes de votación; que los electores están enojados y podría haber voto de castigo y que aun cuando los millenials representan el 50 por ciento del padrón electoral, los políticos no han volteado a este segmento.
Respecto a la elección presidencial, un 28 por ciento votaría por Ricardo Anaya; un 24 por ciento por un candidato independiente; un 22 por ciento por Margarita Zavala; un 21 por ciento por Andrés Manuel López Obrador y un 19.5 por ciento por Miguel Márquez. Lo novedoso es así como en el año 2000 se notó el efecto Fox ahora en 2018 se podría crecer un efecto “Peje”.
De esto se deriva que los pleitos internos en el PAN son inútiles porque tienen la mayor intención de voto; el PRI y el PVEM podrían ser desplazados por Morena y hace falta que a un año de las elecciones, los políticos volteen a ver a los jóvenes para hacer ofertas atractivas que atiendan sus necesidades.
OCHOA
El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, estará en Guanajuato capital porque viene a instalar el Consejo Político Estatal 2017-2020, y de quien dependerá el futuro electoral del partido en el proceso electoral del 2018.
Tras un accidentado proceso de integración, se registraron tres planillas cuando se había acordado una sola de unidad, el jefe del PRI nacional viene a la sesión solemne y toma de protesta del Consejo en el Auditorio del Estado en la tarde de este viernes.
El Consejo lo integran 632 personas, de las cuales son 316 consejeros territoriales que se eligieron en una planilla y el restante corresponde a casa uno de los sectores y organizaciones que llevan a cabo sus propios procesos de elección, 25 por sector, entre ellos la CTM, CNC, CNOP, OMPRI, Movimiento Territorial y Red de Jóvenes por México.
También lo integran ex gobernadores, exdirigentes estatales del partido, titulares de los comités municipales, presidentes municipales, presidentes de comités seccionales (31), diputados locales y federales, senadores. Se agregan los presidentes y secretarios generales de la Fundación Colosio e ICADEP.
Los únicos oradores en el acto serán el presidente estatal del PRI, el diputado local Santiago García López; la delegada especial del CEN del PRI, la senadora Graciela Ortiz González y el propio Enrique Ochoa Reza.
