Este martes a las 14:00 horas en las oficinas de la Dirección de Obra Pública, se emitirá el fallo definitivo e irrevocable del gobierno municipal para asignar el proyecto de modernización del sistema de alumbrado público con lo que arrancaría uno de los programas más ambiciosos del alcalde Héctor López Santillana para convertir a León en una ciudad más humana e inteligente.
La primera etapa del proyecto contempla una inversión de 160 millones de pesos, de los 540 millones de pesos del costo total para renovar el sistema de alumbrado público, tras un proceso que permitió establecer diversos candados para evitar cualquier irregularidad y cuestionamiento sobre la licitación.
El alcalde Héctor López Santillana y el director de Obra Pública, Carlos Cortéz Galván, ofrecieron ayer una amplía explicación sobre los alcances de este proyecto integral de ilumunación inteligente, pues no se trata únicamente de adquirir lamparas Led sino de crear infraestructura que permita reducir el costo del consumo de energía eléctrica (actualmente se pagan 230 millones de pesos cada año a la CFE), reducir la inseguridad en polígonos donde la falta de iluminación es un riesgo para los leoneses y escalar el proyecto a otros relacionados con videovigilancia, monitoreo ambiental y hasta uso de datos abiertos, entre otros que tienen que ver con la conectividad de servicios públicos.
Este es uno de los 10 proyectos prioritarios para la ciudad que fueron identificados por un equipo especializado en innovación y desarrollo tecnológico del municipio para convertir a León en un municipio humano e inteligente. Esta era una de las propuestas básicas del plan de gobierno 2015-2018 que presentó el alcalde López Santillana a los leoneses al arranque de su gestión.
El proyecto integral consta de tres etapas, la primera arrancará este mes cuando se emita el fallo de la licitación para integrar un sistema de alumbrado con 11 mil 500 luminarias en los principales bulevares y avenidas de la ciudad; luego viene la segunda etapa que estará lista antes de octubre donde se contará con el apoyo del Banco Mundial, con un fondo de 10 millones de dólares, de los cuales el 70 por ciento van a fondo pérdido, para colocar alrededor de 21 mil luminarias en los polígonos de seguridad y finalmente, una última etapa para colocar más de 17 mil luminarias para los polígonos de desarrollo y en la zona rural.
La idea original es que las 80 mil luminarias, de las 90 mil que hay en la ciudad, se renueven por completo en un lapso de cinco años. Actualmente, cualquier nuevo desarrollo comercial o de vivienda tiene que disponer de este nuevo sistema de iluminación inteligente bajo los criterios que se establecieron para la licitación cuyo falló se dará a conocer este martes.
La dirección de Obra Pública ya tiene listo el comparativo de cada una de las ocho propuestas que hicieron una oferta técnica y económica para participar en la licitación, donde hay parámetros que se inclinan en un 30 por ciento a la oferta financiera y el 70 por ciento a la parte técnica que garantice la calidad y eficiencia que se necesita para el ahorro de energía eléctrica.
Hay dos empresas de las ocho que se registraron en el concurso que no pasaron las pruebas físicas que se hicieron a los equipos, con lo cual quedaron eliminadas automáticamente, al mostrar un certificado de los productos y que al abrir los equipos físicos se demostró que no cumplían con los criterios establecidos en la licitación, eran equipos distintos. Para evitar conflictos como en el caso de la licitación de la basura de la pasada administración, las autoridades municipales tendrán que evaluar sus propuestas y decir porque razones no cumplieron con los criterios establecidos en la licitación.
Una nueva modalidad de la licitación es que dentro del costo del proyecto se va a costear la supervisión en la instalación de los equipos (lamparas, circuitos, postes, cableado, entre otros) y garantizar que no existan fallas una vez que se ponga en operación.
Aún con todos los candados que se pusieron en el proceso de licitación, desde que se presentó el proyecto ha participado la Contraloría y el Consejo Ciudadano de Contraloría Social entre otros organismos especializados y colegios de profesionistas, hubo empresas que vendían luminarias tipo Led que cuestionaron a las autoridades pero que finalmente no se registraron para participar en la licitación.
Las autoridades municipales confían en que este proceso traerá mejores beneficios a la ciudad y para evitar cualquier cuestionamiento han sido muy cuidadosos en la revisión de las propuestas. Al medio día ya se sabrá que empresa gana el concurso y lo que sigue es supervisar que se cumpla con los términos de referencia y calidad de los productos para mejorar al iluminación de León.
TRAMPOSOS
Pese a que el Instituto Nacional Electoral ha garantizado que existen los instrumentos que permitan tener un proceso electoral libre y justo en el 2018, las recientes trampas en que incurrieron los partidos en las elecciones de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, pone a dudar a más de uno sobre si habrá transparencia en la actuación de los políticos y si los consejeros electorales van a tener la suficiente fuerza para contener los embates por poner en evidencia el uso ilegal y oscuro de recursos en las campañas políticas.
La aspiración del Consejo General del Instituto es defender la independencia del organismo y las decisiones que asuma con la ley en la mano para garantizar que las elecciones las determinen únicamente los ciudadanos en las urnas, de manera libre y bajo condiciones de equidad. El 8 de septiembre arranca el proceso electoral del 2018 donde se organizarán 30 elecciones locales, la renovación del Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.
Pero los partidos políticos ya dieron una probada de lo que son capaces de hacer con tal de ganar las elecciones y ostentar el poder, independientemente de las siglas, tal y como se deriva de las sanciones que aplicó el Instituto Nacional Electoral por diversas conductas irregulares del proceso de junio pasado.
Para empezar, los partidos políticos no reportaron un gasto de 228 millones de pesos en los procesos electorales locales del 2016 y 2017, lo que significa un 28.7 por ciento del total que se gastó en las campañas políticas, y que va a derivar en sanciones por 342.1 millones de pesos.
El Instituto explicó que tan solo en las campañas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila, Estado de México y Nayarit no fueron reportados alrededor de 206.4 millones de pesos, según lo que detecó una unidad técnica de fiscalización. Lo anterior, sin contar el gasto millonario de programas sociales que los gobiernos estatales destinaron para promover a sus candidatos entre el electorado.
Estos recursos se gastaron en para apuntalar las candidaturas pero no fueron reportados a las autoridades electorales locales, siendo el caso más escandaloso el Estado de México donde se registró el mayor gasto, alrededor de 170.4 millones de pesos.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral también determinó sancionar con un monto superior a los 672 millones de pesos a los actores que participaron en las campañas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Estas sanciones se derivan de falta de reporte de gastos a las autoridades electorales, los egresos no comprobados, informes extemporáneos, por la recepción de beneficios indebidos, no reportar agendas de eventos, recibir aportaciones en efectivo y otras conductas irregulares.
En el caso de Coahuila, las sanciones son por casi 100 millones de pesos; en el Estado de México 371.7 millones de pesos; Nayarit 108.7 millones de pesos y Veracruz con 92 millones de pesos. Al PAN le corresponde una sanción de 139 millones de pesos; a Morena 158 millones de pesos; PRI 135.4 millones de pesos, PVEM 36.9 millones de pesos y al PRD 135.4 millones de pesos, principalmente.
En los dos casos arriba mencionados, monto de sanción por no reportar gastos en campañas y monto de sanción por todas las irregularidades cometidas en el proceso electoral, son dos botones de muestra de lo que espera el Instituto Nacional Electoral en 2018.
Lo más grave del asunto es que los partidos políticos van a incluir en sus plataformas electorales el combate a la corrupción cuando deberían empezar por casa antes de salir a desacreditar a sus adversarios.
Eso sin mencionar que estos mismos partidos tienen secuestrado a México en el Senado de la República y la Cámara de Diputados donde vigilan que no sean trastocados sus intereses cuando se trata de reestablecer el Estado de Derecho, y en donde lamentablemente los tres órdenes de gobierno están sometidos a la partidocracia.
Ojalá que el arbitro de los procesos electorales no ceda a las presiones de los partidos políticos que van a recurrir a todo tipo de trampas para ganar la elección del 2018. Los ciudadanos van a tener la última palabra en las urnas.
INEXPLICABLE
Es inexplicable que ante la ola de delincuencia y violencia que se vive en la ciudad, aún es fecha que no se entregan las aportaciones comprometidas al Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública municipal y que estarían destinadas a robustecer a la Secretaría de Seguridad Pública de León y los esquemas de capacitación y formación de capital humano, prevención social de la delincuencia y diseñar un programa de inteligencia para reducir los índices delictivos.
Ayer, trascendió que en unas cuantas horas se reunirían los representantes de la Mesa de Seguridad y Justicia con las autoridades municipales para destrabar este tema que tiene detenida la integración de un fondo de 25 millones de pesos para el arranque de cuatro proyectos estratégicos que sugirió la sociedad civil a fin de contribuir a mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad locales.
El villano favorito del retraso en la entrega de recursos al fideicomiso es el Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien cada semana que acude a la Comisión de Gobierno, Seguridad y Tránsito es cuestionado por los integrantes del Ayuntamiento de oposición y los medios de comunicación sobre las causas del retraso sin acertar a dar una respuesta puntual y precisa.
En medio de esta situación ayer trascendió que las autoridades municipales darán a conocer proximamente la posible aportación que harán los empresarios agrupados bajo el membrete de UNIGUA al Fideicomiso.
Y es que hay un grupo de empresarios que traen en miras un proyecto que revisaron en Chihuahua, que tiene varios años de operación y que administra la iniciativa privada con las aportaciones de fondos estatales que se captan vía impuestos. Ya hicieron una visita a ese estado y se vinieron sorprendidos por el nivel de participación social y los programas que se desarrollan a partir de fondos públicos.
El primer impedimento para aplicar este esquema en el Fideicomiso de León es que el gobierno del estado de ninguna manera va a aceptar subir impuestos en los procesos electorales para destinar una parte a este tipo de iniciativas como las que se operan en Chihuahua y que un grupo de empresarios leoneses quiere replicar aquí. Esto lo deben saber las autoridades municipales.
Es urgente que se defina el tema de Fideicomiso antes de seguir sumando iniciativas, principalmente cuando ni siquiera han iniciado los primeros proyectos que nacieron de la sociedad civil y siguen ahí, en el papel y sin dinero.
