Inicio Columnas Mirilla 24/10/2017

Mirilla 24/10/2017

0

El día 20 de octubre, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y actual Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada, para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento de que había transgredido lo dispuesto en el código de conducta de la dependencia federal.

En un escueto comunicado, en el que no se explicó con claridad las causas reales del despido del funcionario federal, la Procuraduría General de la República dijo que tenía el compromiso de vigilar la actuación de los servidores públicos, bajo apego a la legalidad y ética institucional, así como de las disposiciones en la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que garantizan la protección de los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales era acusado de haber revelado información a dos medios nacionales, sobre las presiones que recibió de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, quien estaba bajo investigación por su presunta participación en una red de corrupción, en la que lo habían involucrado directivos de Odebrecht, quienes aseguraron que dieron dinero para la campaña presidencial del PRI en 2012, para obtener a cambio beneficios de contratos con recursos públicos.

El ex funcionario federal acusado por corrupción había pedido en una carta dirigida a Santiago Nieto Castillo una exoneración pública, la cual fue difundida luego por los medios de comunicación, hecho que Emilio Lozoya calificó como una violación al debido proceso, al argumentar que lo daban como presunto responsable, sin que hubiera una prueba fehaciente de que él hubiera recibido el dinero que dijeron los directivos de Odebrecht.

El escándalo de la remoción provocó la reacción de los partidos de oposición, quienes cuestionaron la decisión y propusieron que el Senado de la República busque su reinstalación en el puesto. A este reclamo partidista se sumaron a las organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta medida arbitraria del gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, una maniobra para evitar que se concluya la investigación, que demuestra que efectivamente, como lo acusa la compañía brasileña, hubo financiamiento ilegal a su campaña por la Presidencia de la República.

Ayer, el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, desmintió que la orden de correr al titular de la Fiscalía Especializada para Atención de los Delitos Electorales haya venido de Los Pinos, y asumió la responsabilidad de destituirlo porque había violado los principios del debido proceso y presunción de inocencia.

Lo anterior, confirmaba, derivados de sus declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones que estaban bajo su cargo y que podrían permitir a los responsables de haber cometido los delitos que se les imputan, quedar en libertad al ser cuestionados del debido proceso.

El senador del PAN, Fernando Torres Graciano, observó ayer que las fuerzas políticas de oposición van a cuestionar la destitución de Santiago Nieto Castillo y buscar su restitución en el cargo. Primero se va a revisar si el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República tenía, entre sus atribuciones, la facultad de destituir al fiscal que perseguía los delitos electorales y segundo, van a buscar sumar un acuerdo político de mayoría, sin el PRI, para echar abajo la remoción del viernes pasado.

Por su parte, otro senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó que la remoción de Santiago Nieto Castillo es un eslabón más de la cadena de impunidad del gobierno, que encabeza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y cuestionó que a ocho meses de la elección presidencial visualiza que hay nerviosismo, miedo, autoritarismo o un adelanto de lo que vendrá en 2018. El gobierno federal se equivocó y deberá explicar a los mexicanos la decisión y pagar el costo político.

Por otra parte, organizaciones como Coparmex, Fundar, Fundem, Imco, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana entre otras, también han rechazado la remoción del fiscal.

Defiende el trabajo realizado por la fiscalía especializada en casos de corrupción de gobiernos estatales del PRI y ahora estaba inmerso en la investigación del papel de Odebrecht, en las elecciones presidenciales del 2012, en las que se combatía la corrupción que abusaba del poder público para ganar elecciones. Su despido fue un duro golpe a la vida democrática del país.

Bajo este escenario resulta preocupante la decisión de correr a Santiago Nieto Castillo. No hay titular de la Procuraduría General de la República porque renunció al cargo, se corre al fiscal que persigue los delitos electorales, el fiscal anticorrupción no ha sido nombrado y las iniciativas para una reforma constitucional, que permita una Fiscalía General de la República autónoma está en el limbo.

El Senado de la República tiene menos de 10 días para restituir al fiscal, frente a la intensión del gobierno federal de sumir en una nueva crisis institucional a la Procuraduría General de la República. Y eso que aún no empiezan de lleno las campañas políticas del 2018.

MÉTODO
La semana pasada la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN acordó que las candidaturas para integrar Ayuntamientos, alcaldías, diputados federales y locales, senadores serían a través del método de designación directa, tal y como se contempla por los estatutos internos del partido. A esta decisión se sumaba otra para definir por esa misma vía al candidato a la gubernatura de Guanajuato.

La señal que mandó el PAN a sus militantes y a los ciudadanos que tradicionalmente votan por ese partido, era que se mandaba al cajón los principios y valores que dieron vida al instituto político, la vía democrática en sus procesos de selección interna.

La semana pasada se aprobó el método de designación directa en Guanajuato, tal y como se definieron las candidaturas en los 11 estados, donde hubo elecciones el año pasado y donde ganaron 7 gubernaturas. La Comisión Permanente Nacional ratificó el viernes, la propuesta que hicieron los panistas en Guanajuato, e irán por todas sus candidaturas por el dedazo.

En la reunión de la Comisión Permanente del PAN estatal, el senador Fernando Torres Graciano advirtió que designación directa no debería ser igual a dedazo, que había necesidad de establecer una Mesa de Trabajo para definir una metodología que permitiera evaluar los perfiles a los cargos de síndico y regidor, diputado local y federal, senador, alcalde y gobernador.

Ayer, el Torres Graciano ratificó de manera pública que ya tiene lista la metodología para que el Comité Directivo Estatal del PAN revise si es acorde a los criterios, que se van a utilizar para evaluar a los aspirantes. Consiste en una serie de instrumentos de medición como encuestas, estudios de opinión entre otros, en donde se contempla tomar en cuenta a los militantes y a los ciudadanos; no sería un ejercicio de dedazo como se presume por ser un método de designación directa.

Este mecanismo tendría que ser aceptado por quienes busquen participar en el proceso, porque daría certeza de que los resultados tendrían que ser aceptados al concluir la evaluación y evitar conflictos internos. Así se hizo en otras entidades, incluso en Aguascalientes donde la lucha entre dos aspirantes estaba bastante cerrada.

Si la decisión es unilateral, el PAN estaría en dificultades y lo que se busca es tener certeza de que las reglas son equitativas y transparentes, para todos aquellos que quieran participar en el proceso de selección y tomar en cuenta a los militantes y hasta la opinión de los ciudadanos.

Luego de presentar una iniciativa de Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social, para los cuerpos de Seguridad Pública, que buscan mejorar las condiciones salariales, laborales y prestaciones sociales de los policías, Torres Graciano aseguró que seguirá en su diálogo con otros liderazgos del PAN, como con el gobernador Miguel Márquez, para convencerlos de la necesidad de tomar las mejores decisiones a favor del partido en 2018.

Lo anterior, porque anticipa un escenario de incertidumbre a medida de que se acerque la definición de las candidaturas y es necesario que prevalezca el diálogo interno, para fortalecer la competitividad electoral en 2018.

PROFETA
Nadie es profeta en su tierra, y el dicho está más que mandado a hacer para el ex candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de León en 2015, dos veces el Secretario de Estado con Felipe Calderón Hinojosa y aspirante a la gubernatura de Guanajuato en 2012, José Ángel Córdova Villalobos.

Sucede que ayer, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el marco del Día del Médico 2017, hizo dos reconocimientos a profesionistas destacados del sector salud, uno de ellos, el cardiólogo Carlos Riera, quien lo intervino cuando sufrió un paro cardíaco de 10 minutos y que lo puso al filo de la muerte y en donde afortunadamente sobrevivió, y otro al médico Córdova Villalobos.

En un desayuno frente a dos mil 500 médicos que se dieron cita al evento, el Jefe de Gobierno y aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México, entregó el Reconocimiento al Mérito Médico 2017, al ex Secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, por su amplia trayectoria profesional y en el sector gubernamental.

Se trata ni más ni menos del funcionario federal que encabezó los esfuerzos del gobierno federal con la crisis de la influenza y que evitó que miles de personas murieran cuando brotó el virus en la Ciudad de México, principalmente, y que posteriormente reconociera la Organización Mundial de la Salud.

En este evento, no pudo faltar un reconocimiento a los médicos del sistema público de la Ciudad de México por su trabajo y entrega, para atender a las víctimas del sismo del 19 de septiembre y que dejó una estela de muerte y heridos por los derrumbes de edificios completos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, agradeció la labor del personal del sector salud de la administración capitalina, por hacer frente a las mil 800 atenciones y 800 hospitalizaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre, así como por la efectividad del cerco sanitario.

“Sin descanso y sin anteponer otra cosa más que el servicio para el que siempre han sido formados, los médicos y las doctoras, estuvieron ahí ayudando. Más de estos mil 800 que en el servicio de salud, concretamente de nuestra ciudad, tuvimos alrededor de 800 personas hospitalizadas. Hoy solamente tenemos 5 y quiero decirles que se los agradecemos mucho, se los reconoce la ciudad, tenemos una experiencia más que contar de éxito de los servicios de salud de la Ciudad de México. No tuvimos nada que lamentar”, destacó.

Dijo que después del sismo se continúa aplicando vacunas contra la hepatitis, tuberculosis, rotavirus, tétanos, entre otras.

Salir de la versión móvil