SACUDIDA
Los sismos que se registraron en septiembre y que van a significar un alto costo financiero para la reconstrucción ante los daños y la atención a miles de familias damnificadas, sacudieron a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral.
En los últimos días se intensificó el debate entre las autoridades electorales y los partidos políticos, quienes obligados por las circunstancias del desastre natural y la presión de la sociedad han definido que si hay mecanismos legales que permitan la transferencia de parte del financiamiento público que reciben para la atención de las víctimas.
Lo anterior, se registra en medio de un largo debate de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la necesidad de reducir el financiamiento del Estado a los partidos políticos, derivado de lo costoso que es mantener su operación.
Antes de los sismos que sacudieron al país en septiembre, el Instituto Nacional Electoral había aprobado un proyecto de financiamiento a los partidos políticos para el 2018 por un monto superior a los 6 mil 788 millones de pesos, más los 18 mil millones de pesos que tendría ese organismo como gasto operativo para organizar las elecciones presidenciales.
En total, serían más de 25 mil millones de pesos, los que originalmente se tenían contemplados para el Instituto Nacional y los partidos políticos, convirtiendo la elección presidencial del 2018 en una de las más costosas de la historia de México.
Pero vinieron los sismos del 7 y 19 de septiembre, ayer hubo otro con daños de menor consideración, y ante la magnitud del desastre, la sociedad civil organizada volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que se disminuyera parte del financiamiento público a los partidos y que se destinara a la atención de los miles de mexicanos damnificados y en las tareas de reconstrucción.
Tras los daños que dejó el sismo de esta semana en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado de México, más los que ya se tenían registrados en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala, se subió la demanda a una plataforma en donde más de 1.7 millones de personas aprobaron la petición a las autoridades electorales de reducir el financiamiento a los partidos y destinarlo a atender a las familias afectadas por el fenómeno natural. Lo anterior, porque las propias autoridades electorales y los dirigentes de los partidos políticos habían argumentado previamente que no era posible destinar sus recursos a otros destinos diferentes a los que marca la ley.
Fue el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien hace tres días, abrió la posibilidad para que el gobierno federal autorizara algún mecanismo legal para que los partidos pudieran destinar parte de los 7 mil millones de pesos que recibirían este año como financiamiento público a los afectados por los sismos.
Aunque por la desconfianza de los ciudadanos, se planteó por el propio consejero presidente del organismo, la posibilidad de explorar algún mecanismo de transparencia para que los ciudadanos corroboren que los partidos destinen los recursos a donde se necesitan y no desviar los recursos a sus fines electorales en medio de la tragedia.
La respuesta del Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue que el dinero de los partidos políticos debe irse al 100 por ciento para ayudar a las personas afectadas por el sismo. Ante esta propuesta, se planteó el procesamiento inmediato de una iniciativa de ley que elimine totalmente el financiamiento público a todos los partidos y que sobrevivan de las aportaciones voluntarias de sus militantes y simpatizantes como se hace en otras democracias del mundo.
Pero este Frente planteó que como el financiamiento a los partidos no representa ni el 1 por ciento del presupuesto del gobierno federal, entonces era necesario que se reorientara el gasto público para atender las necesidades de los damnificados y sus familias.
Por su parte, el PRI anunció que renunciaría a los 258 millones de pesos que tendría que recibir del Instituto Nacional Electoral en el último trimestre del año, que equivalen al 25 por ciento de sus recursos anuales, y se canalizarán a la reconstrucción de las zonas afectadas.
Morena, quien en la víspera del anuncio de las autoridades electorales y partidos políticos había propuesto reducir el 50 por ciento del financiamiento público para las campañas políticas del 2018, se sumó a la propuesta del Frente Ciudadano por México para eliminar los recursos que destina el Estado para los institutos políticos. Aunque también planteó otros recortes inútiles al gasto público como el pago de pensión a ex presidentes.
En este contexto se podría abrir un espacio entre la sociedad y el gobierno para hacer una reingeniería al costoso gasto de partidos y en procesos electorales así como abrir nuevas alternativas al financiamiento privado pero con candados para evitar que lleguen recursos de procedencia ilícita a las bolsas de los candidatos.
CARTA
El Observatorio Ciudadano de León envió una carta a los representantes de los partidos políticos en el Congreso del Estado, entre ellos a Beatriz Manrique, Eduardo Ramírez Granja, Alejandro Trejo Ávila, Éctor Jaime Ramírez Barba, Isidoro Bazaldúa Lugo, Rigoberto Paredes Villagómez, en donde les reitera la necesidad de revisar el asunto relacionado con la reducción financiamiento público que obtienen los partidos en Guanajuato.
Aclara el Presidente del organismo, Luis Alberto Ramos, que los partidos no deben sacar ventaja electoral de estos momentos de desgracia nacional pero que es necesario que atiendan un reclamo de la sociedad respecto a los recursos que reciben por votos que no han generado. Se refiere en específico a la iniciativa de ley para reducir el monto de recursos que se destina a los partidos y que se aplicará en Jalisco tras ganar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El lunes pasado, un grupo de ciudadanos se plantaron en la Alhóndiga de Granaditas, en la capital del estado, para hacer ver a los legisladores que es necesario apoyar la iniciativa de #SINVOTONOHAYDINERO del Colectivo de Guanajuato, la cual, precisa, no debe caer en un rumbo partidista como acostumbran quienes representan los intereses de la sociedad en el Congreso del Estado.
Aunque su propuesta es previa al debate sobre la reducción de financiamiento de los partidos políticos en el país para destinarlos a la reconstrucción de las zonas devastadas por los eventos catastróficos de septiembre, el planteamiento cobró relevancia y piden a los legisladores revisar con seriedad esta propuesta.
En breve, las agrupaciones sociales que apoyan la iniciativa de “Sin voto no hay dinero” enviaran al Congreso del Estado su propuesta a fin de que sea analizada y discutida por los partidos políticos al arranque del nuevo periodo de sesiones de la actual legislatura.
Los legisladores deben estar conscientes de la situación que atraviesa el país y la necesidad de eliminar el gasto público que puede ser destinado a otras necesidades que viven los mexicanos en estos momentos difíciles. Hay una emergencia nacional y se requieren recursos que apoyen la reconstrucción de las zonas que han sido dañadas severamente con los sismos.
Luis Alberto Ramos asegura que el planteamiento de algunos legisladores locales de dar un día se sueldo, de los millonarios sueldos que reciben por su desempeño, resulta insuficiente y se requiere meter la tijera para recortar aquellos recursos que van a las estructuras de los partidos.
En el caso de Guanajuato, si los legisladores aprueban la iniciativa de “Sin voto no hay dinero”, se ahorrarían alrededor de 82 millones de pesos casa año, lo que puede destinarse a atender otras necesidades de los ciudadanos.
Finalmente, se explica que las autoridades electorales de Guanajuato contemplan un presupuesto de casi 200 millones de pesos para las elecciones del 2018, así que si tienen de donde recortar el financiamiento a los partidos que operan en la entidad.
COMPETENCIAS
El caos y daños que generó la explosión de un ducto de Pemex en el Tajo de Santa Ana, en donde se identificó una toma clandestina como origen de una explosión y posterior incendio a lo largo de todo el arroyo, vino a poner nuevamente sobre la mesa un asunto que debe ser revisado por las autoridades municipales, independientemente de quien sea la autoridad que tiene la competencia sobre este asunto.
Los vecinos de la zona donde se registró el incendio, principalmente vecinos que viven en los fraccionamientos cercanos, han denunciado que hay una intensa actividad de grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la extracción ilegal de combustible, hecho que ha sido del conocimiento de Protección Civil y de las autoridades policíacas.
Por otra parte, existe un mecanismo de colaboración en seguridad entre los gobiernos, federal, estatal y municipal llamado Grupo de Coordinación, y en donde participa el Ejército Mexicano, el Cisen, la PGR, la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de León. Este debería ser el primer punto de partida para que el municipio ponga en la agenda del Grupo de Coordinación el severo problema que representan las tomas clandestinas para la extracción de combustible.
Una de las tareas prioritarias del Ejército y la Policía Federal es la revisión de las instalaciones estratégicas por donde se distribuyen los combustibles de Pemex y que según el diagnóstico de Protección Civil de León serían alrededor de 70 kilómetros de ductos que atraviesan el municipio.
Este viernes, después del evento registrado el jueves en la mañana, las autoridades responsables de protección civil municipal aseguraron que realizarán un diagnóstico de los puntos de riesgo que tiene la ciudad aunque para ello se requiere la colaboración de Pemex, quien controla el flujo del combustible desde la ciudad de Salamanca.
El incendio que provocó un verdadero caos en la ciudad, paralizó el sistema de transporte público y obstaculizó las únicas vías de comunicación entre León y Silao durante varias horas, debería poner a las autoridades municipales a trabajar y exigir una coordinación más estrecha con los responsables de seguridad federal y de Pemex. Fue notorio en los videos y fotografías que difundieron los ciudadanos a través de las redes sociales que el incendio se registró a pocos metros de los arcos del programa de Escudo, que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Lo que no deben permitir los ciudadanos es dejar que las autoridades federales, estatales y municipales sigan con su discurso de echarse la culpa entre ellos y no poner soluciones a un grave problema que requiere de la atención inmediata para mantener la tranquilidad de miles de familias que viven sobre y cerca de los ductos de Pemex.
