COHESIÓN
El Observatorio Ciudadano de León presentó ayer su reporte anual de incidencia delictiva 2016 ante un centenar de participantes que se dieron cita al Poliforum para escuchar el avance de los principales delitos del fuero común y de paso escuchar a un experto del CIDE, Carlos Vilalta, quien abordó el tema de seguridad y cohesión social.
Hay tres elementos significativos que sucedieron en este encuentro, el primero fue la asistencia del Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien no dudó en llevar a todos los directores generales a su cargo, principalmente al Director de la Policía municipal, José Carlos Ramos, para escuchar las cifras y puntos de vista que ofrecieron los expositores y ciudadanos que acudieron al encuentro; el segundo, la revelación que hizo el Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio, el industrial Francisco Ríos Jiménez, sobre un dato que aportó la dependencia municipal sobre la distribución de casi 100 mil dosis de distintas drogas en la ciudad y tercero, la orientación que dio Carlos Vilalta sobre cómo abordar el análisis y propuesta de políticas públicas para fortalecer la cohesión social.
Esta vez la convocatoria del Observatorio fue importante y entre otros, asistieron Hugo Villalobos González, Luis Fernando Gómez, Rocío Naveja, Vicente Lahud, Pedro Pons, Miguel Vasallo, Mauricio Usabiaga, Horacio Guerrero, Juan Ignacio Morales, Rafael Yamín, Alejandro Zermeño, Antonio García, David Herrenías, entre otros líderes del sector social y académico de León.
Fue notoria la presencia de un grupo de empresarios de Celaya, encabezados por Mauricio Usabiaga, quien adelantó que en marzo tendrán listo el Observatorio Ciudadano de esa ciudad y aclaró que de ninguna manera es el mismo proyecto que impulsa el alcalde, Ramón Lemus, quien ya tiene más de año y medio en la administración y no ha cumplido con su constitución. El asesor de la conformación del nuevo grupo ciudadano es Carlos Gasden y retomarán el modelo del Observatorio de León que tiene dos carácterísticas básicas: no recibir dinero del gobierno ni de partidos políticos.
En su mensaje inicial, Luis Alberto Ramos, recordó que esta semana el organismo cumplió siete años de vida; que actualmente miden asuntos relacionados con seguridad, gobierno profesional y pobreza aunque adelantó que en breve habrá un anuncio importante para continuar evaluando la incidencia que tienen los programas de gobierno en la vida ciudadana.
Explicó que el Observatorio confirma que la tendencia a la alza de la incidencia delictiva en León muestra que el gasto en reacción o contención abona muy poco a la disminución de delitos, mientras que el verdadero problema es que faltan políticas de prevención que abonen a construir la seguridad ciudadana con mayor efectividad.
En su intervención Francisco Ríos Jiménez, detalló cada uno de los índices delictivos de la ciudad y comparó 2011, año base en que se inició la medición de los delitos, con 2016, y observó que en la mayoría de los casos, principalmente robo, lesiones y homicidios, hay una tendencia creciente si se toma como base el número de delitos por cada 100 mil habitantes.
Después de hacer énfasis en el caso de los homicidios dolosos, que pasaron de 8 a 12 por cada 100 mil habitantes entre 2011 y 2016, el representante de la Comisión de Seguridad y Justicia del Observatorio reveló que en León, según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, se distribuyen diariamente 100 mil dosis de droga.
Este caso, sirvió para ejemplificar como se desdibujó la seguridad y tranquilidad de León, al grado que ahora se hace normal que haya en un día tantos homicidios dolosos, derivados de la lucha por un mercado atractivo para las bandas de la delincuencia organizada. El problema no se enfrenta con más policías y balas, sino con políticas de prevención del delito, sostuvo, en línea con el planteamiento inicial que elaboró el presidente del organismo, Luis Alberto Ramos.
Luego vino la exposición del investigador del CIDE, Carlos Vilalta, quien desde el punto de vista de la academia y de la construcción de datos sobre cohesión social, explicó aquellos factores que hacen a una cuadra, colonia o ciudad que se disparen los índices delictivos ante la carencia de elementos que contribuyan, desde la sociedad, a contener la delincuencia e inseguridad.
Detalló que la información que ofrece el INEGI permite un nivel de detalle por manzana para focalizar las políticas públicas que contribuyan a la cohesión social, elemento clave en la construcción de la seguridad. Los datos existen y permiten aplicar modelos de prevención más efectivos a los que hoy disponen los gobiernos locales.
Por ejemplo, dijo que un bajo nivel educativo, altos niveles de desempleo en jóvenes, baja confianza en la policía, una percepción de que sus autoridades son corruptas y la migración de personas son elementos que no facilitan el desarrollo de capacidades en las comunidades para detectar conductas antisociales (vandalismo y deterioro de infraestructura pública) que son la antesala de las conductas delictivas.
Un elemento clave, es la falta de confianza de los ciudadanos en sus policías, que se supone tienen la responsabilidad de cuidarlos, y mientras no mejore está imagen será muy complicado lograr la cohesión social necesaria para enfrentar los delitos.
Finalmente, hay un reconocimiento de los ciudadanos a la voluntad política de la administración municipal por atender el problema de inseguridad, se nota una ligera reducción de delitos entre 2015 y 2016.
SORDOS
Ayer, la diputada federal del PAN, Alejandra Reynoso, presentó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proteger las remesas de más de un millón 200 mil familias en México que viven de las remesas que envían los migrantes en Estados Unidos.
La legisladora federal explicó entre sus argumentos que existe una amenaza real del gobierno de los Estados Unidos por aplicar un impuesto, tal y como lo propuso su Presidente Donald Trump, para pagar parte de la construcción del muro fronterizo para detener la migración ilegal a ese país.
Según Alejandra Reynoso, la aplicación de un sobre-impuesto a las remesas que se envían a las familias mexicanas sería fatal, en el caso de Guanajuato el año pasado alcanzaron los 2 mil 400 millones de pesos.
Adelantó que del 3 al 5 de marzo irá en una gira de trabajo a Chicago, Illinois para dialogar con los migrantes guanajuatenses respecto a este y otros temas de la nueva relación de Estados Unidos y México.
El problema es que el gobierno federal no es el único que hace oídos sordos a este tema de las remesas sino otras autoridades locales que deberían estar más preparadas para atender el tema de los migrantes, sobre todo cuando se ocupan los primeros lugares en la recepción de dólares cada año.
Hace unos días, un experto financiero detalló un mecanismo que puede servir para blindar las remesas de los guanajuatenses y que ya operó en el pasado en la administración estatal 1995-2000, el cual permitía reducir significativamente las comisiones de los intermediarios y crear un fondo de apoyo en infraestructura en las comunidades expulsoras de personas que van en busca de una oportunidad de trabajo a los Estados Unidos.
El problema no ha sido bien dimensionado por las autoridades porque están más entretenidos en ver la nueva declaración vía redes sociales de Trump, que en ponerse a trabajar en el diseño de mecanismos financieros que ayuden a proteger el patrimonio de los migrantes. A lo mejor no saben y solo es cuestión que pregunten a los expertos.
DESISTIMIENTO
El pasado 10 de febrero, Antonio Luna y su pareja Juana Antonio Luna, presentaron a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos su desistimiento de la queja que formularon contra los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado tras el operativo en que murieron sus tres hijos en una finca ubicada en San Miguel de Allende.
El organismo defensor de los derechos humanos investigaba la acusación de la madre de los tres menores asesinados de que habían sido los policías estatales los presuntos responsables del homicidio frente a la versión de los fiscales de que había sido el padre el presunto responsable. En el fondo se investigaba, de oficio, si los policías habían cometido un exceso en el uso de la fuerza durante el operativo esa madrugada en la finca donde Antonio Luna era velador.
El 11 de febrero de este año se reveló de manera extraoficial este desistimiento junto con la versión de que el día 16, quien fuera imputado por la fiscalía, haría una declaración ante el Juez de Control, a petición de los defensores y en donde se rendiría el testimonio del acusado por las autoridades ministeriales.
Antonio Luna es acusado por los fiscales por el presunto homicidio de sus tres hijos y en grado de tentativa de su esposa, hechos que se negaron mediáticamente desde el principio del caso. Oficialmente, no se conoce el contenido de la declaración del imputado porque, a petición de la defensa, la audiencia en la que declaró el jueves pasado fue privada.
La verdad jurídica solo será conocida cuando el Juez emita la sentencia sobre el caso, se había dado un plazo de seis meses para la concluir con la integración de la carpeta de investigación, donde se recaban y depuran datos de prueba, para dar paso al juicio oral y posteriormente, a la ejecución de la sentencia.
Pero existe la posibilidad de que el contenido de la declaración de Antonio Luna cambie la ruta del proceso judicial y se acorte por un procedimiento abreviado, siempre y cuando el imputado acepte su responsabilidad, aunque esto no será dado a conocer ni por el Juez de Control mucho menos por los fiscales porque estarían violentando el debido proceso.
Esta historia seguirá dando de qué hablar hasta no llegar a la verdad legal, sobre todo por la tragedia que vivió una familia, la cual, dijo el abogado defensor del caso, Rafael Heredia, estuvo en un momento y lugar que no tuvieron que estar, en una situación totalmente ajena a ellos.
