INCIDENCIA
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero a diciembre de 2016, se presentaron ante las agencias del Ministerio Público del Estado de Guanajuato 106 mil 265 denuncias por delitos del fuero común.
Esta incidencia delictiva se basa en la ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
De las cifras más significativas se establece el registró de 35 mil 63 robos; 10 mil 763 casos de lesiones (la mayoría dolosas), de las cuales 728 fueron con arma de fuego; 2 mil 586 homicidios, 961 dolosos, de los cuales 681 fueron con arma de fuego; 13 mil 217 delitos patrimoniales; ocho secuestros y 450 violaciones.
Entre enero y diciembre de 2015, el Secretariado Ejecutivo registró 95 mil 782 denuncias, de las cuales 31 mil 655 fueron robos; 10 mil 657 casos de lesiones; 2 mil 414 homicidios, de los cuales 879 fueron dolosos y de éstos, 604 por arma de fuego; 12 mil 720 delitos patrimoniales; ocho secuestros y 724 violaciones.
De acuerdo con las cifras comparadas entre 2015 y 2016, hubo un incremento en las denuncias, 10 mil 483 más de un año a otro; de 3 mil 408 robos más en el último año y de 77 homicidios dolosos más por arma de fuego mientras que los número de secuestros, reportados a las autoridades, se mantuvieron en el mismo nivel.
Las cifras que ofrece el gobierno federal sobre los delitos del fuero común reflejan parte de lo que sucedió el año pasado en materia de seguridad en el estado, sin perder de vista que hay una cifra negra de delitos que no son denunciados a las autoridades ministeriales.
El discurso oficial se ha mantenido en la defensa de los resultados de la inversión en materia de seguridad y procuración de justicia mientras que otras herramientas, como la encuesta de percepción de inseguridad que elabora el Inegi, muestra que los ciudadanos se sienten más inseguros y no consideran que la situación vaya a mejorar.
León es un claro ejemplo de que la situación se complicó y que no se observa una estrategia que permita revertir la ola de homicidios que empezaron desde mediados del año pasado por una disputa entre los grupos de la delincuencia organizada. En 2017, se ha registrado en promedio, un asesinato por día con el mismo patrón de la mayoría de los registrados en 2016, es decir, con el sello de los grupos delictivos que operan en la región.
A esta alza en los índices delictivos y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, se suma otro elemento que brincó a raíz del asesinato de tres menores de edad en San Miguel de Allende y que ha llamado la atención por el manejo que han dado las autoridades al tema, se ha perdido credibilidad por parte de aquellos a quienes corresponde proporcionar seguridad y la procuración de justicia.
Se trata de un asunto de vital importancia donde la credibilidad que los ciudadanos han de mantener en sus gobernantes resulta primordial, así como la certeza ciudadana de que estos, han de actuar siempre apegados a derecho respecto del mandato que les ha sido conferido, sobre todo tratándose de la seguridad de la ciudadanía y la respectiva procuración de la justicia desde una óptica de certidumbre y prontitud.
¿AHORRO?
El Congreso del Estado anunció ayer, al concluir la reunión de la Comisión de Administración, un paquete de medidas de austeridad que sumarían una ahorro de más de 11 millones de pesos en 2017.
En 2016, se reportó una economía en el gasto de los legisladores en casi 22 millones de pesos, los cuales se habrían destinado para el pago a capital de la deuda que se contrajo para concluir el nuevo edificio del Congreso del Estado.
De acuerdo con la versión que se ofreció por los legisladores que integran la Comisión de Administración, el ahorro vendrá del pago que hará cada diputado del servicio de telefonía celular, ya no lo absorberán del presupuesto; de una reducción del 8 por ciento del salario de los niveles 16 al 20, de la cancelación del incremento salarial del 3.5 por ciento a los niveles 13 al 15 y otras reestructuraciones en el pago a los empleados de niveles 1 a 6 y 7 al 12 (únicamente habrá alza a los empleados del nivel 1 al 12); y finalmente, las partidas de representación y grupos parlamentarios, gastos sociales y de operación, quedarán en los mismos términos del presupuesto 2016.
La cifra que ofrecieron como ahorro los legisladores no es significativa si se toma en cuenta que en 2017 se aprobaron un presupuesto de 670 millones 901 mil pesos, de los cuales se gastan más de 231.1 millones de pesos en gastos de representación que se reparten entre cada uno de los 36 legisladores de las diversas fracciones políticas.
Donde no le metieron mano fue al presupuesto de 188.6 millones de pesos que tiene como gasto administrativo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y cuyos resultados han sido muy cuestionados.
Respecto a la reducción de un 8 por ciento del salario que perciben los legisladores y los altos directivos en el Congreso del Estado, tampoco representa un esfuerzo extra a las precarias condiciones económicas que vive la mayoría de la población y que se agudizarán en el 2017.
Según el presupuesto de egresos de este año, la remuneración integrada unitaria de cada diputado es de 2 millones 129 mil pesos; el secretario general y el auditor se llevarían 1 millón 718 mil pesos; un director general 1 millón 349 mil pesos, un director general A sería 1 millón 169 mil pesos y un director general B más de 1 millón 61 mil pesos. La disminución del 8 por ciento no es significativa, mucho menos la cancelación del alza salarial del 3.5 por ciento.
Así que los legisladores de todas las fuerzas políticas quedaron nuevamente a deber con su plan de austeridad, porque el esfuerzo no está acorde a las necesidades que habrá en adelante para la población.
PERFIL
Los ingresos de los trabajadores en el estado de Guanajuato están muy por debajo del promedio nacional y se mantiene una tasa de desocupación del 4 por ciento al cierre del 2016, a lo que se suma que casi la mitad de la población ocupada se mantiene en la informalidad.
De acuerdo con las estadísticas del sector laboral que elaboró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta diciembre de 2016 se cerró con una cifra de 101 mil 794 desocupados, lo que representa una tasa del 4.1 por ciento. De los desocupados, el 57 por ciento son hombres y el 43 por ciento mujeres.
En cuanto al nivel de instrucción de los desocupados, destaca que el 18 por ciento tienen educación superior, cifra que ha crecido en los últimos seis años en casi 10 puntos porcentuales; un 19 por ciento tienen educación media superior; un 39 por ciento tienen secundaria terminada y un 24 por ciento educación primaria.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explica que el mayor número de desocupados se ubica entre las edades de 30 y 39 años de edad, un 36 por ciento del total así como entre los 20 y 29 años de edad, un 37 por ciento. Además se ha disparado la desocupación entre las personas de 50 a 59 años de edad, un 9 por ciento del total.
Según este informe y del total de ocupados por nivel de ingresos, en el estado hay 151 mil personas que no reciben ingresos fijos por su actividad económica; 336 mil reciben menos de un salario mínimo; 694 mil tienen un ingreso entre uno y dos salarios mínimos; 773 mil reciben entre dos y menos de cinco salarios mínimos; 98 mil más de cinco y menos de 10 salarios mínimos y solo 14 mil más de 10 salarios mínimos de ingreso.
Otro dato que muestra la situación laboral del estado se refiere a que de los 2 millones 468 mil ocupados más de 1 millón 767 mil trabajadores son asalariados (72 por ciento), 462 mil son trabajadores por su cuenta (19 por ciento) y 117 mil (5 por ciento) no reciben un pago formal por su actividad.
Al cierre del 2016, se registraron 888 mil trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto representa el 50.5 por ciento como proporción de los ocupados asalariados en el estado, la otra mitad no tiene acceso a mecanismos de seguridad social. Esto representa un crecimiento del 5.4 por ciento comparado con diciembre de 2015.
El ingreso promedio de la población ocupada en el estado de Guanajuato apenas alcanza en promedio los cinco mil pesos, mientras que el promedio nacional es de 5 mil 628 pesos y la entidad donde más ingreso tienen los trabajadores es superior a los 9 mil pesos mensuales, en el estado de Baja California Sur.
La tasa de informalidad laboral del estado se ubica en los niveles cercanos al 56 por ciento, mientras que el promedio nacional alcanzó el 57. 4 por ciento según las estadísticas oficiales de la dependencia federal.
La realidad laboral y las condiciones de ingreso de las familias de los trabajadores en el estado contrastan con el discurso oficial de las autoridades, en un año que se va a complicar por la incertidumbre que prevalece en el mercado financiero internacional y las debilidades de la política económica interna.
