En la Glosa del V Informe de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, tuvo que responder una serie de preguntas que le hicieron los legisladores de la oposición sobre el tema de mas controversia de su gestión en la administración estatal, la plataforma tecnológica de Escudo, y realizó varias aclaraciones y revelaciones que no se sabían porque el tema se había reservado al acceso público durante varios años.
Los legisladores del PRI fueron los más incisivos en este tema, en particular Santiago García López, María Guadalupe Velázquez y Rigoberto Paredes, quienes dieron pie con sus preguntas a una serie de respuestas que clarificaron los resultados del programa, la situación del contrato con la empresa proveedora del servicio y lo que pasará cuando concluya esta administración.
Primero se aclaró que Escudo es un proyecto de una plataforma tecnológica que antes no existía y que incluye el C5i, cámaras de videovigilancia, los arcos carreteros, las antenas de comunicación, los radios, entre otra infraestructura utilizada para conectar a los 46 municipios, a las dependencias estatales y federales en los rubros de seguridad y protección civil.
El costo fue de 2 mil 700 millones de pesos y todavía no está cubierta la totalidad hasta que concluya la administración actual, fue otra de las aclaraciones que se hicieron a los legisladores.
Los equipos operan al 100 por ciento y han servido para prevenir el delito y actuar de manera rápida a los cuerpos de seguridad e inteligencia que colaboran dentro del Grupo de Coordinación Guanajuato. Además que la tecnología ha servido para reducir los delitos, en especial en el 2016, y que es parte fundamental del seguimiento de los delincuentes junto con la acción de inhibir los delitos, para ello, entregó una larga fila de resultados con el uso de Escudo
Reveló que este programa juntos con otros a cargo de la Secretaría son permanentemente auditados por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y en donde la última revisión hecha del ejercicio 2015 se conocerá en breve y donde hay mínimos hallazgos.
Agregó que la modalidad del contrato que se realizó para tener esta plataforma tecnológica es bajo el concepto de prestación de servicios al estado, para el uso y aprovechamiento de la infraestructura, y que al cierre de la administración hay dos opciones que deberá tomar la nueva administración, que pase a formar parte de la propiedad del gobierno o que se extienda el contrato actual.
Justificó que este tipo de contrato nominal fue la forma jurídica que se encontró para que Escudo operara a la brevedad posible, a partir de diciembre de 2012 cuando se empezó a trabajar en este programa, el cual se puso en marcha en abril de 2014, cuando ya estaba completamente instalado en el estado.
Además puntualizó que la información que se genera en esta plataforma tecnológica la usa de manera exclusiva el gobierno estatal para despegar dudas respecto a la participación del proveedor en la operación de la infraestructura de que se dispone.
Otro Secretario que contribuyó a entender esta situación revelada por el secretario Álvar Cabeza de Vaca, fue el titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien precisó que el contrato está elaborado de tal forma que el próximo gobierno se puede quedar con la infraestructura, al ejercer un derecho establecido en el contrato, si paga otros 50 millones de pesos.
Si el nuevo gobierno decide no quedarse con el equipo de Escudo, se tiene la opción de renovar el contrato con la misma empresa bajo la modalidad de prestación de servicios o buscar un proveedor diferente, según la explicación en la que abundó el Secretario de Seguridad Pública del Estado.
La tesis del gobierno del estado es que Escudo si funciona frente a los cuestionamientos de la oposición, y toman como base los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde Guanajuato va a la baja en los índices delictivos. El resto de las cifras que presentan quienes cuestionan la inseguridad que vive el estado no son reconocidas.
Otra revelación que se dio en esta Glosa del V Informe de Gobierno, quizás incidental, se presentó cuando el diputado Santiago García López cuestionó al Secretario Alvar Cabeza de Vaca sobre la inseguridad en Guanajuato a pesar de la inversión realizada por el estado.
Al hacer mención de una serie de indicadores que no tenían coincidencia con lo que llamó cifras alegres del gobierno,
fue interrumpido por el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Éctor Jaime Ramírez Barba, para recordar que ya habían tenido una reunión el viernes con el gabinete de seguridad estatal y les habían ofrecido los datos más precisos y sus fuentes.
El panista se mostró extrañado de que no le hubiera compartido la información su coordinador parlamentario, Rigoberto Paredes, a lo que éste le contestó que había sido una reunión de carácter privado, que mejor las hiciera públicas para evitar ese tipo de señalamientos frente a sus compañeros de partido.
CUENTAS
El ex alcalde, Eliseo Martínez Pérez, presentó el análisis sobre el ejercicio presupuestal desde la administración de Ricardo Alaniz Posada hasta Héctor López Santillana y subrayó el aumento en el gasto destinado a la nómina y en el número de empleados municipales, este último pasó de 2 mil 400 a casi 8 mil en casi una década.
El gobierno municipal pasó de ejercer un gasto de 954 millones de pesos en 2006 a mil 655 millones de pesos en 2016, y el número de empleados también se incremento más de un 300 por ciento según el análisis sobre la nómina.
Advirtió que ha faltado poner lupa a este tema que merma la inversión que puede ser destinada a otras necesidades de los ciudadanos. La mayor parte del gasto que hace el municipio por habitante se destina a cubrir la nómina, incluso en menor porcentaje a lo que se destina a obra pública y otros servicios municipales.
Durante su conferencia denominada “El Ejercicio Presupuestal Eficiente y Transparente”, que tiene como propósito que las autoridades hagan un uso óptimo de los recursos públicos y los ciudadanos tengan acceso a la información sobre su aplicación, Martínez Pérez advirtió que cada una de las últimas administraciones municipales han modificado la forma de medir sus indicadores de desempeño para evitar ser comparados.
En el análisis de la cuenta pública del municipio se refirió a que en el último año de la administración de Ricardo Alaniz, los ingresos totales del municipio eran cercanos a los 3 mil 200 millones de pesos y sus egresos eran por una cantidad similar mientras que en el primer año de la administración de Héctor López Santillana los ingresos superan los 4 mil 900 millones de pesos y los egresos alrededor de 4 mil 200 millones de pesos. Mientras con Ricardo Alaniz, los ingresos propios eran de 910 millones de pesos, en la adminstración de López Santillana se rebasa los mil 462 millones de pesos.
En materia de obra pública, explicó que en las administraciones de Ricardo Sheffield y Bárbara Botello Santibáñez es cuando más recursos se han destinado a este rubro, aunque en ambos casos solicitaron créditos para financiar la infraestructura que requería la ciudad. Con el panista se invirtieron en 2011 mil 267 millones de pesos en obra pública y en 2014 con la priista alrededor de mil 306 millones de pesos; el asunto es que endeudaron a las siguientes administraciones.
El ex alcalde también cuestionó el gasto que se destina al rubro de seguridad en el municipio y recordó que en la administración de Ricardo Alaniz apenas se destinaban 186 millones de pesos y con Héctor López Santillana se ejercieron 640 millones de pesos el año pasado.
Hace una década se tenía un gasto per cápita en seguridad de 142 pesos por habitantes y ahora se incrementó hasta 415 pesos y esto no significa que ahora los ciudadanos se sientan más tranquilos en sus actividades cotidianas, aseveró.
Incluso atribuyó al gobierno federal que ahora se haya disparado la delincuencia entre los jóvenes al aprobar una serie de reformas laborales que impiden a los menores de edad buscar alguna alternativa laboral para estar ocupados mientras estudian y tienen la mayoría de edad que marca la ley para desempeñar un empleo formal.
Antes los menores de 13 ó 14 años eran ayudantes con su papa o algún familiar y aprendían un oficio y cuando llegaban a los 18 años ya se incorporaban a un empleo formal mientras estudiaban pero ahora ni estudian ni trabajan y corren el riesgo de caer en la delincuencia y adicciones.
Otro de los rubros que crítico fue el relativo al gasto en aseo público en la ciudad, el cual se disparó en la administración pasada, cuando era de 186 millones de pesos y alcanzó los 311 millones de pesos en 2016, derivado de la asignación de un contrato a dos empresas recolectoras de basura.
En materia de deuda pública, hizo referencia al bajo nivel de endeudamiento que reportaron las administraciones de Ricardo Alaniz y Vicente Guerrero Reynoso en contraste con el incremento que se observó en las gestiones de Ricardo Sheffield y Bárbara Botello Santibáñez. No es malo endeudarse, lo que no se puede permitir es que dejen a otras administraciones la pesada carga del pago de la deuda y que no se hayan destinado los recursos a inversión en obra pública, señaló.
El monto de la deuda que tiene la administración actual supera los mil 340 millones de pesos, de los cuales se pagan 72 millones de pesos por concepto de intereses y 49 millones de pesos en gasto para su amortización.
En otro de los rubros donde no se observa un plan municipal que ayude a reducir el gasto público es en materia de parques y jardines, donde se incrementó el presupuesto de 25 millones de pesos en la administración de Ricardo Sheffield Padilla a 43 en la administración pasada. Ahora el monto destinado al mantenimiento de parques y jardines supera los 51 millones de pesos.
Otra carga pesada para las finanzas públicas es el costo del alumbrado público donde hay un déficit de 175 millones de pesos al año y donde se requiere un proyecto de largo plazo que permita renovar las luminarias actuales por otras más eficientes en el ahorro de energía.
En el rubro de inversión social, el integrante del Observatorio Ciudadano de León puntalizó la caída en inversión social de 122 millones de pesos en el primer año de gobierno de Bárbara Botello Santibáñez a menos de 46 millones de pesos el año pasado.
El gasto social debe ser destinado a generar oportunidades de desarrollo y empleo para los leoneses y no para comprar mochilas, zapatos o despensas mucho menos dar dinero en efectivo para sacar a la gente de la pobreza y marginación.
DEUDA
El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, afirmó ayer ante los legisladores que el estado de Guanajuato tiene capacidad de un nuevo endeudamiento de entre 8 y 10 mil millones de pesos.
Ayer, durante la Glosa del V Informe de Gobierno, el funcionario estatal explicó que cuando concluya la administración actual la deuda será menor a la que recibieron en el año 2012 y que heredó el ex gobernador Juan Manuel Oliva, y que ascendía a 6 mil 278 millones de pesos.
Lo anterior, aún cuando se utilice el 100 por ciento de la deuda autorizada para la administración de Miguel Márquez y que asciende a 4 mil 400 millones de pesos. Destacó que ha habido un manejo prudente de las finanzas públicas y eso lo reconocen las calificadoras internacionales.
Detalló que estos recursos van a inversión pública y resaltó que haber autorizado este endeudamiento permite al gobierno afrontar la situación de restricción de recursos ante las condiciones económicas y presupuestales que se viven en el país.
Incluso presumió que se tiene un potencial de nuevo endeudamiento sin comprometer al siguiente gobierno de hasta 10 mil millones de pesos aunque las nuevas reglas de disciplina fiscal establecen que solamente se puede tomar un crédito que represente hasta el 15 por ciento de ingresos de libre disposición.
Por fortuna también señaló que si bien no hay restricciones para las finanzas públicas de este gobierno, quien venga no tendrá limitaciones para tomar un nuevo endeudamiento para inversión, es decir, que dejó entrever que no solicitarán más dinero en lo que resta del sexenio.
