La empresa Red Recolector ya dio muestras de que se van a defender con todo si el Municipio decide cambiar de concesionario del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en el nuevo fallo que prepara la Comisión Especial del Ayuntamiento y cuyo predictamen se daría a conocer este viernes.
La empresa ganó hace tres años la licitación pública para la concesión de la recolección de la basura y actualmente es responsable de dar el servicio en dos zonas de la ciudad, tal y como lo hace en otras 14 ciudades del país, donde las tarifas son similares a las que se cobran en municipios donde gobierna el PAN, el PRI u otros partidos políticos.
De acuerdo con los directivos de la empresa regiomontana, que estuvieron ayer en León, invirtieron más de 130 millones de pesos para poder prestar el servicio con los criterios que estableció la pasada administración municipal; hoy no tienen certeza jurídica de que el Ayuntamiento vaya a respetar la concesión por las señales que ha mandado en los últimos días.
Ayer, explicaron que quitar la concesión para entregarla a sus competidores en el mercado de la recolección de los residuos como se presume, PASA administra el depósito de los residuos en el relleno sanitario y también es originaria de Nuevo León, violaría el principio de relatividad aun cuando el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, hoy con otro rimbombante nombre, estableció tomar como base un artículo de la constitución para respaldar el cambio de proveedor del servicio.
Hay un reclamó a las autoridades municipales que quieren ponerlos ante la ciudadanía como los malos de la película, hasta el PAN municipal se quejó de que defiendan su interés en mantener la concesión, por un asunto que no tiene que ver con un aspecto técnico, operativo, ambiental o financiero, sino por una simple revancha política contra la administración anterior.
En León, el PAN reclama que en la entrega de la concesión por la pasada administración del PRI hubo corrupción y que es bastante caro el servicio mientras que en Querétaro, donde el PAN fue gobierno, hoy el PRI reclama se incurrió en las mismas prácticas. Este hecho es similar en municipios donde los políticos desacreditan lo que hizo el otro, olvidando lo más importante, la modernización del servicio de la recolección de la basura a los ciudadanos.
Red Ambiental también considera que es falso el argumento que la concesión a 20 años haría impagable el servicio de recolección, ya que una calificadora internacional certifica que los ingresos del Municipio de León ascienden a 4 mil 178 millones de pesos mientras que el pago a las dos empresas concesionarias ni siquiera rebasa los 150 millones de pesos en 2016. Y si bien, el servicio se incrementó de precio es porque ahora es mejor que antes, según sus argumentos.
El otro argumento sobre el encarecimiento por el tipo de cambio también se vino abajo porque el dólar ha venido a la baja tras acabar la incertidumbre respecto al nuevo gobierno de Estados Unidos. O entonces, cuestionan, porqué se incrementó el precio del pasaje en el transporte público con el argumento de un incremento en los insumos de los combustibles y las refacciones de las orugas, que son importadas.
A estos argumentos, los directivos de la empresa también cuestionan porqué si en León, el servicio de la recolección de la basura no es un problema, cuál es la razón de anunciar un plan B, anticipando que la empresa va a retirar el servicio de la noche a la mañana, situación que no va a suceder.
Incluso, se pone sobre la mesa que abrir la negociación hubiera permitido un acuerdo respecto a las tarifas del servicio de recolección de la basura, hecho que no se permitió ni por la Secretaría del Ayuntamiento, de la Comisión Especial mucho menos del SIAP.
Los empresarios regiomontanos también cuestionan, a dos días del predictamen del nuevo fallo, la razón para entregar a PASA la nueva concesión de la recolección de la basura aún a sabiendas que esa empresa ni siquiera cumple con el contrato que tiene para el confinamiento en el relleno sanitario y durante la licitación, incumplió con lo estipulado por los criterios técnicos que se establecieron.
Finalmente, no se entiende cuál es la razón de generar un problema con la basura en León, porque si el objetivo es únicamente dañar políticamente a quienes en la pasada administración asignaron la concesión, entonces también deberán estar conscientes las autoridades que habrá consecuencias económicas (indemnización) y hasta penales (por excederse en el acto de autoridad).
Ellos invirtieron en León, confiaron en las autoridades municipales y si ahora se decide que será otra empresa la que preste el servicio pues también deberán indemnizar, esta es la postura de Red Recolector a un par de días que se dé a conocer la decisión final de la Comisión Especial que repondrá el fallo ordenado por el Tribunal.
DEMANDA
El nuevo presidente del Colegio de Notarios Públicos en León, Jorge Armando Zepeda Orozco, apenas tiene una semana en el cargo y ya planteó a las autoridades estatales la necesidad de abrir el proceso de selección de nuevos notarios una vez que de 102 notarías que deberían estar vigentes, únicamente 78 prestan el servicio.
En algunos casos los titulares de las notarías murieron, otros las dejaron por ir al servicio público entre otras causas de inactividad, lo que incide en que sean pocos profesionistas quienes atiendan la demanda de los ciudadanos de los servicios que prestan en apoyo al Estado.
En el pasado estos temas eran controversiales porque los gobernadores, antes del cierre de su administración, repartían las Notarías Públicas entre sus amigos, colaboradores y conocidos, como una forma de agradecimiento y sin tener que demostrar capacidades para desempeñar la función.
De acuerdo con los criterios que establece la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato en ningún caso podrá haber más de una Notaría Pública por cada 15 mil habitantes del lugar de ubicación de la nueva notaria.
Además la creación de nuevas notarias será determinada por el Titular del Poder Ejecutivo, al tener como base las necesidades en la prestación del servicio a la comunidad y el número actos que se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del año anterior a la convocatoria, aunque en el proceso se acompaña por los órganos colegiados.
Esta misma Ley, indica que debe haber cursado y obtenido la calidad de aspirante a notario y presentar un examen de oposición.
En Guanajuato no se entrega un fiat a discreción del Titular del Poder Ejecutivo, ni se heredan o son concesiones gratuitas, se deben cumplir una serie de requisitos que establece la Ley. Además los candidatos deben ir avalados por los colegios de Notarios y Abogados, para evitar que se utilice el mecanismo como en antaño.
Este tema ya fue planteado al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien estuvo el viernes pasado en León para encabezar el relevo de la mesa directiva 2017-2019 del Colegio de Notarios de esta ciudad. Aunque es muy pronto para revisar el tema, el funcionario estatal se llevó en sus apuntes el planteamiento que hicieron los notarios leoneses.
Otro tema que ya se puso en marcha entre los integrantes del Colegio es el que se refiere a la capacitación y actualización de los notarios, uno de los pilares del plan de trabajo de Zepeda Orozco, quien ayer estuvo presente en un evento que convocó el SAT para informar sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley Antilavado.
En este evento se señaló por parte de las autoridades federales que es necesario que el gremio de notarios conozcan las implicaciones de omitir la observación de esta ley administrativa, en especial en las operaciones inmobiliarias de las que dan fe pública.
Hay que esperar aún la respuesta de las autoridades estatales al planteamiento que hicieron los notarios porque seguramente es uno de los temas que ya tienen enlistados en su agenda de cierre de administración 2012-2018.
ESCALADA
Ayer se dio a conocer que en el mes de mayo de 2017 se registraron en México 2 mil 186 homicidios dolosos, siendo el mes más violento en los últimos 20 años, con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mientras el Gobierno federal estaba enfocado en ganar las elecciones del Estado de México, el principal bastión del gobierno de Enrique Peña Nieto, también se reveló esta semana que las autoridades se entretienen en actividades ilegales de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales.
Bajo este contexto, en Guanajuato se ha incrementado la crítica de los partidos de oposición, especialmente el PRI, contra del Gobierno del estado por el alza en los homicidios dolosos, entre otros aquellos que afectan el patrimonio e integridad física de los ciudadanos a pesar del gasto millonario en un programa emblema de seguridad al arranque de la actual administración estatal.
Esto ha sido incluso objeto de un exhorto formal de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que las autoridades estatales se responsabilicen sobre el tema de inseguridad, en especial en los delitos que tienen un alto impacto entre la población.
El mismo día que el Gobierno del estado pedía al PRI, que tiene mayoría en el Congreso con alianza con otros partidos como el PVEM, sacar adelante la nueva Ley de Seguridad Interior y endurecer los castigos para quien se dedique al robo de combustible o porte armas de uso exclusivo del Ejército, como una respuesta a las acusaciones de la ineficacia de las políticas y programas gubernamentales, sucedió un hecho lamentable en el municipio de Silao.
En ese municipio se asesinó a un padre y una menor de edad, la mamá quedó gravemente herida, por una presunta equivocación, es decir, que fueron víctimas colaterales del clima de violencia y delincuencia que se asentó en el estado desde hace varios meses. Ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ya estaban identificados los presuntos responsables del asesinato y que había operativos para su captura.
Este jueves, en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, el dirigente y diputado local, Santiago García López, va a presentar datos duros sobre los índices delictivos en Guanajuato, tomados de los últimos reportes mensuales de los organismos que miden este fenómeno desde la sociedad civil, para cuestionar al Gobierno estatal sobre la ineficacia en la contención de la violencia y delincuencia que prevalece.
Antes de la sesión del Pleno del Congreso del Estado, el dirigente del tricolor va a cuestionar a los responsables de la seguridad y procuración de justicia sobre las medidas que van a tomar para revertir esta situación, en el ámbito de su competencia. Si bien, el estado sostiene que la mayoría de los homicidios dolosos están vinculados a delitos de orden federal, al PRI le interesa saber cuáles son aquellas medidas que sí están en el ámbito de su responsabilidad.
A la escalada de violencia en las calles de los municipios como San Francisco del Rincón, León, Silao, Irapuato, Celaya, Apaseo el Grande, San Miguel de Allende, Pénjamo, entre otros, se va a sumar la escalada política-electoral desde el Paseo de la Presa hasta el nuevo recinto legislativo porque seguro que los panistas no van a quedarse mudos de las acusaciones que les tienen preparadas.
