Este martes arranca la glosa del V Informe de Gobierno que presentó el gobernador Miguel Márquez al Congreso del Estado con la revisión de los Ejes de Calidad de Vida y Economía para las personas, mientras que el miércoles abren con Seguridad y terminan con Educación.
El mecanismo que acordó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, es que los 36 legisladores podrán solicitar que les aclaren cualquier duda que tengan respecto al informe presentado por el Poder Ejecutivo, el pasado 2 de marzo.
Podrán preguntar las veces que consideren necesario hacerlo a cualquiera de los integrantes del gabinete legal y ampliado que acudan al foro legislativo, dentro de cada uno de los núcleos como está organizado el gobierno estatal. Si los funcionarios no llevan la respuesta en ese momento tendrá tres días hábiles para hacerla llegar a los legisladores.
Hay algunos temas que van a acaparar la atención de los legisladores de la oposición para cuestionar la administración estatal, como son el tema de la compra de terrenos para la planta de Toyota; la licitación de medicamentos asignada a dos proveedores que han ganado reiteradamente en los últimos años y el alza en los índices de inseguridad en la entidad a pesar del aumento en el presupuesto destinado a los programas de seguridad y procuración de justicia.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, anticipó que los legisladores tendrán posibilidad de hacer las preguntas que consideren necesarias con base a la información que presentó el gobierno estatal y que se tienen los mecanismos para alcanzar la máxima publicidad de lo que ahí se exponga, que las preguntas y respuestas se harán públicas, y que es un ejercicio de rendición de cuentas a los ciudadanos.
En el PRI, los legisladores preparan dos temas que tienen en su agenda en las últimas semanas con una postura más crítica, los contratos de la licitación de medicinas entregados a dos empresas junto con el incremento de los índices de delitos, en especial de homicidios dolosos según las cuentas que llevan en el último año. El legislador Santiago García López seguramente no va dejar pasar la oportunidad de encabezar las críticas del PRI al gobierno del estado.
En el PVEM, están listos con el tema de la licitación de medicinas así como los pocos resultados que se observan en materia de gestión ambiental, a pesar de que se cambió al titular del Instituto de Ecología del Estado. El tema de la situación de la refinería de Salamanca, será otro de los probables temas que se planteará ante los riesgos que vive la población en esa ciudad.
Habrá qué ver cuál es la postura que asumirá el legislador de Morena, David Alejandro Landeros, quien se ha visto envuelto en una polémica por las acusaciones de mal uso de recursos públicos de sus compañeros de partido y que costó la destitución de sus asesores en el Congreso. Es una incógnita ver el papel que asumirá en la glosa luego de que el PAN lo arropó de las críticas que tuvo del partido que lo postuló y ahora los desconoció.
La reunión que será la más debatida corresponde a seguridad y ahí hay varios temas que van a surgir entre los legisladores aunque los funcionarios estatales de las carteras de seguridad y procuración de justicia deberán ir bien preparados para contener la ola de críticas que les tiene preparada la oposición.
GASTO
El Observatorio Ciudadano de León traerá al autor de la tesis de postgrado “Presupuesto de Egresos Ficticio: el gasto real del gobierno en la Cuenta Pública”, Leonardo Núñez González, este miércoles en la mañana en el Poliforum.
El presidente del organismo, Luis Alberto Ramos, envío desde la semana pasada las invitaciones a diversos actores sociales para que participen en la conferencia “El Ejercicio Presupuestal Eficiente y Transparente”, con la participación del exalcalde Eliseo Martínez Pérez y que es encargado del tema de gasto público eficaz dentro del organismo así como de Leonardo Núñez González, que hizo su investigación con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
El tema de gasto público es una de las áreas de interés del Observatorio Ciudadano de León y se han hecho análisis sobre la forma en que se han ejercido los recursos en la administración municipal durante los últimos gobiernos.
Respecto al conferencista Leonardo Núñez González, es un investigador que realizó su trabajo para obtener el grado de Maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE, en donde hizo un análisis pormenorizado del gasto real del gobierno en la cuenta pública y descubrió el manejo discrecional que se hace del presupuesto.
El planteamiento central de su tesis es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados determina el gasto público del gobierno mexicano pero el Poder Ejecutivo puede adecuarlo sin que incida en su revisión el Poder Legislativo.
Las diferencias que encontró entre el gasto autorizado entre el año 2000 y el 2015 a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, reflejan que se gastaron 3.3 billones de pesos más de los autorizados originalmente, lo que equivale al 17 por ciento del PIB a precios del 2015. De ese tamaño es el manejo de dinero público sin rendir cuentas adecuadamente.
Estos recursos se gastan de manera arbitraria, según el autor, además de que se distribuye discrecionalmente, tal y como se refleja en las diferencias encontradas entre el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado y el gasto que se presenta en la Cuenta Pública.
Hace unos meses, el gobierno federal ofreció un presupuesto de base cero pero la realidad es que no hay un esfuerzo serio por hacer más eficiente el gasto público, la única vía que siempre buscan las autoridades es subir impuestos en vez de reestructurar sus políticas de gasto. Esto se podrá observar con mayor detalle con la presentación de Leonardo Núñez González el miércoles por la mañana.
En el caso de Eliseo Martínez Pérez, integra el grupo de trabajo dentro del Observatorio que analiza el tema de gasto público municipal y en donde se ha insistido en la necesidad de revisar los recursos que se destinan a los servicios públicos, infraestructura y nómina, estos últimos los de mayor crecimiento en las últimas administraciones.
Asimismo se ha insistido en el incremento de los costos de los servicios públicos como es el caso de la recolección de los residuos sólidos urbanos y en donde se ha disparado el gasto destinado a ese rubro.
El Observatorio Ciudadano de León ha hecho planteamientos que van encaminados a mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre cada peso que se gasta en la administración pública así como la necesidad de que la sociedad participe en su revisión para cerrar los espacios a la corrupción.
OPOSICIÓN
A la oposición del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, sobre la construcción del Acueducto que traiga el agua de El Zapotillo, se agrega la expresada la semana pasada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Colectivo Abogadxs; Acción Colectiva, Plataforma Tómala Ciudad y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, que han desplegado un mayor activismo contra el proyecto que permitiría abastecer de agua a León.
El planteamiento de estas organizaciones durante la última reunión que celebraron, la semana pasada en Temacapulín, es que el proyecto de la presa El Zapotillo y su acueducto que serviría para dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, 14 municipios de los Altos de Jalisco y la ciudad de León, todavía no tiene claridad y beneficiará únicamente a las empresas que participan en el proyecto, entre ellas Abengoa, FCC, La Peninsular y Grupo Hermes.
La narrativa de estas organizaciones sociales que defienden el agua para Jalisco es que no existe claridad sobre los ramales y el plano de conexión del acueducto a los municipios de los Altos , sobre todo respecto a quienes absorberán los costos de esta obra que diseño la Comisión Nacional del Agua.
Los líderes que encabezan este movimiento de resistencia para que el agua llegue a León, se han empezado a difundir entre los campesinos y productores agropecuarios de Jalisco que les van a cerrar los pozos para alimentar la presa de El Zapotillo; que serán obligados a comprar el agua a costos definidos por el concesionario y ya no podrán obtenerla de sus fuentes de abastecimiento, pozos y agua de lluvia.
Además les advierten que los municipios ubicados en los Altos tendrán vedas de aguas profundas y superficiales; que los bordos y la captación serán restringidos por la Comisión Nacional del Agua y que está el riesgo la economía de más de 800 mil habitantes en la zona rural que dependen de las actividades productivas relacionadas con el uso del agua.
Otras “amenazas” que difunden las organizaciones sociales son que los concesionarios se llevarán, controlarán y venderán el agua de los Altos por los siguientes 25 años, lo que incrementa el costo para tener acceso a ella y su distribución así como que los usuarios del agua en León tendrán que pagar durante 25 años el agua que se lleve de el Zapotillo a esta ciudad.
Además que a pesar de que uno de los concesionarios se declaró en quiebra, aun así se pretende rescatarla con más de mil millones de pesos y que los municipios de los Altos de Jalisco que avalen el proyecto para traer agua a León y sus comunidades tendrán que asumir el pago por la conexión a la red y pagar al concesionario el precio que defina.
Con estas advertencias, le han pedido a las autoridades municipales en Jalisco (por donde pasa el acueducto), que eviten autorizar permisos, cambios de uso de suelo o licencias para favorecer la construcción de la red; que se opongan al proyecto porque los dejarán sin disponibilidad de agua en sus actividades domésticas y productivas y que no validen la política pública estatal de gestión del agua porque el agua de la Cuenca es para ellos.
Todo esto a menos de un mes de que el gobierno del estado de Jalisco presente un estudio encargado a un organismo internacional sobre el tema del agua, el proyecto de El Zapotillo y su impacto en región de la cuenca hidrológica.
En el caso de Guanajuato, ni la Comisión Nacional del Agua o Sapal han manifestado una postura clara ante la oposición que surge en Jalisco para El Zapotillo y su acueducto, y que se intensificará en los próximos meses mientras no haya certidumbre de avance en el proyecto.
