El gobernador del estado, Miguel Márquez, encabezó en León la reunión semanal del Grupo de Coordinación Guanajuato para presentar al nuevo comandante de la XVI Región Militar, General Juan Manuel Díaz Organitos, y ratificar el compromiso de su administración por respaldar las acciones que contribuyan a reducir la incidencia delictiva en la ciudad y devolver la tranquilidad a los leoneses.
En la reunión que se celebró en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal estuvieron el Comandante de la XII Región Militar, General Miguel Ángel Patiño Canchola; Comandante de la XVI Zona Militar, el General Juan Manuel Díaz Organitos; el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; el delegado de la PGR, Porfirio García Belio; el Comisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental; el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Martín Octavio Luque Lucio.
Además participaron por el municipio, el alcalde, Héctor López Santillana; el Secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña; el Director de la Policía municipal, José Carlos Ramos y el Síndico y Presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Tránsito, Luis Ernesto Ayala Torres.
En esta reunión se presentaron dos temas relevantes para entender lo que pasa en materia de inseguridad, el primero la explicación del alza en los homicidios dolosos, en donde el Procurador Zamarripa Aguirre subrayó que 123 de los 200 casos reportados entre enero y junio de 2017 se identificó a las víctimas que estaban relacionadas con la delincuencia organizada.
De manera específica expuso que son el narcomenudeo y robo de combustible, y en donde según los bancos de datos estas personas tenían antecedentes penales, en algunos casos ya habían sido detenidos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y actividades delictivas. El 75 por ciento de los 123 asesinatos relacionados con actividades delictivas ya habían sido detenidos en más de una ocasión por las autoridades locales.
Del total de homicidios dolosos en la ciudad en 162 casos se habían esclarecido las causas de acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado mientras que en 168 casos, se utilizó un arma de fuego, por lo que se va a insistir en la reforma al Código Penal federal a fin de prevenir este tipo de situaciones.
El otro tema relevante en el encuentro fueron las cifras que presentó el Secretario de Seguridad Pública de León, Ramírez Saldaña, quien presentó los avances en el combate a la delincuencia del fuero común y en donde se han tenido avances en la contención de robos a comercio, casa habitación y transeúnte.
Los únicos delitos que no han tenido una baja son los relacionados con el robo a vehículos aunque en este caso se han recuperado casi mil 500 unidades resultado de los operativos conjuntos entre autoridades estatales y municipales.
Al concluir el encuentro privado, se abrió un espacio a los medios de comunicación donde el alcalde aseguró que se va a fortalecer el trabajo operativo y la coordinación con las autoridades estatales y federales.
Se programó una reunión esta semana con el General Juan Manuel Díaz Organitos para profundizar en la radiografía del crimen organizado en León y establecer mecanismos más efectivos de atención. El nuevo representante de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se reunió con autoridades de Celaya y León, falta Irapuato, tres de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en el país.
El Comandante de la XVI Región Militar indicó que tiene la instrucción del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de reforzar los operativos en las ciudades donde se registra mayor incidencia delictiva en Guanajuato, entre ellas León, para atender el reclamo de los ciudadanos respecto a su principal preocupación, la inseguridad.
En su mensaje, el gobernador del estado, Miguel Márquez, aseguró que a pesar de la situación que se vive en León, las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han bajado la guardia ni lo harán, por lo que se van a reforzar los mecanismos para atender de manera integral el problema de violencia y delincuencia que se vive actualmente.
A unos días del Segundo Informe de Gobierno, el Grupo de Coordinación Guanajuato estuvo en León para mostrar los avances en la estrategia de combate a la delincuencia y a ofrecer que se mantendrán los operativos para devolver la paz social a la ciudad. Falta que los ciudadanos perciban estos resultados en sus actividades diarias.
CONTRASTE
Mientras las autoridades municipales refuerzan su estrategia para mostrar a los leoneses que sí hay avances en materia de seguridad, previo al Segundo Informe de Gobierno, el diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, organizó el foro de Inseguridad Pública, los ciudadanos hablan.
Poco más de 200 personas acudieron a la convocatoria que realizó el panista en el Hotel Real de Minas Tradicional para atender uno de los principales reclamos de los ciudadanos y que se refiere a los niveles de inseguridad que azotan al país, al estado y al municipio.
Actualmente, un 78 por ciento de los leoneses dicen sentirse inseguros, según la última encuesta que realizó el INEGI sobre la percepción de seguridad de los ciudadanos mientras que solamente se destina menos del 2 por ciento del presupuesto municipal a las tareas de la prevención social del delito.
En este foro se impartió la conferencia Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que estuvo a cargo del experto penalista Guillermo de Jesús García Ruiz y otra denominada Jóvenes en Situación de Riesgo, que impartió Oscar Ceballos Balderas. Al final de ambas exposiciones se realizaron mesas de trabajo donde los asistentes, en su mayoría jóvenes, aportaron sus propuestas para incidir en la baja de la violencia y delincuencia que reclaman los leoneses.
Sheffield Padilla indicó que el propósito de organizar este foro es atender una de las demandas más sentidas de los ciudadanos que están bastante preocupados por la inseguridad, es la número uno en la mente de los leoneses, quienes no ven un rumbo claro en cómo las autoridades pueden resolver el problema que afecta lo nacional, lo estatal y local.
Planteó que los ciudadanos tienen la inquietud de participar en expresar sus ideas y plasmar sus propuestas en leyes, programas y esquemas que involucren las aportaciones de la sociedad.
El legislador federal dijo en su mensaje a los asistentes al foro que es necesario mejorar las condiciones laborales de los policías y encausar la participación de la ciudadanía en las tareas de prevención social del delito, entre otras que son necesarias para que las autoridades den respuesta al reclamo que se tiene por la inseguridad que se vive. En este sentido, resaltó que además se necesita mejora el uso de las herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la eficiencia del desempeño de los cuerpos policíacos.
Por otra parte, adelantó que los legisladores federales tienen como tarea avanzar en dos temas que son relevantes para mejorar el combate a la delincuencia, el primero se relaciona con la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad Interior, donde se define la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública y se asignan las atribuciones de las autoridades locales, y el segundo, con la reforma constitucional para aplicar medidas preventivas para la portación de armas exclusivas del Ejército, uno de los reclamos de las autoridades estatales.
Ante el auditorio, el legislador federal lamentó que los gobiernos no atiendan la principal encomienda que mandata la Constitución a las autoridades y que es garantizar el Estado de Derecho, y la seguridad pública como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo en armonía de la comunidad.
Seguramente a los gobiernos panistas, municipal y estatal, no les gustó que el legislador Sheffield Padilla organizara este foro, mucho menos el nombre con el que se promovió desde hace varias semanas, Inseguridad Pública, pero aun así optó por convocar a los ciudadanos a aportar sus ideas y propuestas para mejorar las condiciones que prevalecen en la ciudad.
Y es que ya se tenía pactada la presencia de algunos funcionarios estatales como conferencistas y cancelaron de último momento su participación. Quienes sí asistieron fueron Raúl Márquez Albo, Moisés Saldaña, Rebeca González, Armando García, Gerardo García Preciado, José Manuel Reynoso y José Luis Castillo, entre otros.
SANCIONES
El exdirector de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, sería acusado de cohecho por la nueva Fiscalía Especializa en Combate a la Corrupción una vez que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Procuraduría General de Justicia del Estado documenten las pruebas en la carpeta de investigación que se abrió a raíz de las denuncias que hicieron empresarios a quienes prometió bajar recursos económicos de programas federales a cambio de una comisión.
Según los legisladores que concibieron el Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa tendría que definir con claridad cuál fue la conducta ilícita en que incurrió el ex funcionario estatal y en donde se contemplan sanciones administrativas desde suspensión del cargo, destitución, sanción económica e inhabilitación de entre uno a 20 años según el monto de la falta que cometió. En el ámbito penal, si se demuestra el delito, los castigos contemplan prisión de uno a seis años de cárcel, multa e inhabilitación hasta por cinco años para desempeñar cargos públicos.
Pero no sería el único sancionado por la vía administrativa y penal porque según lo que dejó entrever la autoridad estatal, los empresarios que le dieron dinero al exfuncionario habrían incurrido en un soborno.
El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, señaló respecto al caso que el ex funcionario trabajó durante 11 años en esta dependencia y que después de que renunció se empezaron a recibir las denuncias de empresarios de haber pedido comisión para conseguir recursos federales.
El problema es que aparte de la denuncia interpuesta por la dependencia estatal solo un empresario se decidió a interponer una queja ante las autoridades ministeriales cuando al menos habrían sido más de 35 empresarios quienes fueron sorprendidos por el exfuncionario.
Además está abierta una investigación del INADEM, que depende de la Secretaría de Economía, porque los proyectos que son presentados para el concurso que les permite acceder a los recursos están foliados y son prácticamente imposibles de manipular.
En medio del alboroto que causó este caso de corrupción, el gobierno del estado hizo un llamado a los empresarios guanajuatenses para que eviten este tipo de prácticas porque también tendrían responsabilidad penal por haber sobornado al ex funcionario. Visto así, difícilmente se podrá conocer la realidad del monto y número de empresarios engañados.
