El Presidente del Colegio de Abogados de León, Marcelino Trejo Ortiz, planteó que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha tenido algunas fallas en su implementación porque empezó 20 años después que en otras naciones, por la falta de recursos para acelerar la infraestructura y recursos materiales necesarios y por una baja capacitación para el gremio de abogados y autoridades judiciales a pesar de que Guanajuato es una de las entidades más avanzadas en la materia.
Pero de ahí a afirmar que el sistema representa una «puerta giratoria» para los delincuentes es una apreciación que no es correcta porque tiene características que han sido poco entendidas por los políticos y gobernantes locales, quienes ahora buscan desacreditar el sistema por no ser eficaces en la integración de los casos desde la cadena de custodia hasta las carpetas de investigación que sirven al juez para impartir justicia.
Actualmente hay un debate entre el Poder Judicial y los gobernadores de los estados y algunas entidades responsables de la seguridad en el país porque de lado de los jueces se asegura que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no es responsable de la inseguridad y delincuencia que se vive mientras que las autoridades civiles afirman que es necesario revisar el esquema de impartición de justicia, en especial, endurecer los castigos a quienes delinquen.
Hay un movimiento nacional entre organizaciones civiles, investigadores y académicos que han luchado durante muchos años para que en México se logre la aplicación de la ley con un sistema que garantice los derechos humanos de las víctimas y quienes cometen un delito, donde la reparación del daño y la reinserción social sea afectiva así como se profesionalice la labor de los cuerpos policíacos que integran la investigación de cada caso. Esto pretende hacer frente a una corriente de políticos y autoridades que buscan dar reversa al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Ayer, Trejo Ortiz presentó el programa del Congreso Nacional de Derecho que se realizará en León, en octubre próximo, y en donde se contará con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar este asunto puesto a debate en la opinión pública ante la incompetencia de las autoridades locales para afrontar la parte que les corresponde en el combate en la inseguridad y culpar a jueces y al nuevo sistema de oralidad de ser el detonador de la violencia e inseguridad en distintas regiones del país.
El representante de los abogados detalló que los ministros que vendrán van a exponer los pros y contras del nuevo sistema, que si tiene fallas pero que no son atribuibles al modelo sino a su instrumentación y que será necesario corregir para lograr el propósito de erradicar la impunidad y restablecer un auténtico Estado de Derecho en México.
En la explicación de Trejo Ortiz se detalló que el sistema de oralidad (juicios orales) tomó por sorpresa al gremio porque no se capacitó como era necesario y que aún con la inversión que se realizó en el Poder Judicial para especializar a jueces y desarrollar la infraestructura necesaria aún persisten criterios que deben ser corregidos.
En naciones como Chile, este sistema entró en vigor hace 20 años y en México el proceso ha sido gradual y sin la misma intensidad que en otros países, mientras que en los estados, Chihuahua lleva la delantera porque se invirtieron más recursos y se preparó mas a los jueces y abogados. Eso sin dejar de reconocer que en Guanajuato se tienen avances que son referencia a nivel nacional aunque aquí todavía no se vea así.
Respecto a la afirmación de que el sistema representa una puerta giratoria para los delincuentes, como señalan los políticos y gobiernos locales, negó de manera categórica que sea así ya que quienes cometen delitos de alto impacto tienen que enfrentar medidas cautelares aún cuando no estén en prisión.
Falta tiempo para ajustar el sistema, en especial en donde se han dado equivocaciones en la aplicación de la ley, pero eso no significa que sea necesario meter reversa a las reformas que se lograron y que garantizan un sistema de impartición de justicia con mayor transparencia.
INDEPENDIENTES
Mientras los partidos políticos definen la ruta que seguirán para la selección de sus candidatos a la presidencia municipal de León, ayer se apuntó Rubén Fonseca como candidato independiente (participó de manera activa en la candidatura de José Ángel Córdova Villalobos por la alianza PRI-PVEM en 2015) y de descartó Marcelino Trejo Ortiz (presidente del Colegio de Abogados de León) quien había tenido ofrecimientos de distintos liderazgos para lograr su candidatura para el 2018.
Apenas el viernes pasado, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó y publicó el modelo para la creación de asociaciones civiles que respaldarían a quienes muestren interés por registrarse como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular en el proceso electoral del 2018.
La versión que ofrecieron algunos expertos en materia electoral cuando se aprobó la posibilidad de este tipo de candidaturas es que los partidos políticos en Guanajuato, en especial el PAN, quien tuvo mayoría en las últimas legislaturas, puso tantos candados para abrir espacio a los independientes, que ahora difícilmente quienes busquen esa posibilidad tendrían que pasar una serie de obstáculos antes de lograr siquiera el registro que exige la autoridad electoral.
La partidocracia no dejaría pasar a ciudadanos que busquen incorporarse a los puestos de elección popular porque establecieron requisitos que demandan una estructura amplia en cada distrito electoral, un uso de recursos a los que no tendrían acceso entre otros como registrarse ante las autoridades fiscales y constituirse como asociación civil.
Aún así Rubén Fonseca se destapó ayer durante la visita que hizo el Senador independiente, Armando Rios Piter, a León, para presentar a los empresarios y organizaciones de la sociedad civil su propuesta ciudadana para buscar cargos de elección popular en el 2018. Entre sus argumentos que expuso para buscar ser candidato independiente en León es que la gente ya está cansada de los políticos que no ofrecen resultados a los ciudadanos en el ejercicio de gobierno.
La meta es que alrededor de 700 mil leoneses que no votan en las elecciones municipales acudan a las urnas a elegir a un candidato ciudadano y poder erradicar los malos gobiernos que tienen cansadas a las familias y que se refleja en los problemas de inseguridad, falta de oportunidades de desarrollo, desempleo entre otros problemas sociales.
También aseguró que tiene posibilidades de triunfar en el proceso electoral porque desde su punto de vista los ciudadanos están cansados de los malos gobiernos que ha tenido León aún de que tendría que ir contracorriente a las estructuras electorales y económicas que operan los partidos políticos, como ya lo vivió en el pasado proceso electoral cuando acompañó a José Ángel Córdova Villalobos, quien no pudo vender las resistencias del PRI ni el corporativismo del PAN.
Por su parte, Marcelino Trejo Ortiz fue un poco mas realista al comentar que efectivamente le han ofrecido ser candidato independiente a la presidencia municipal de León, no le gustaría ni aceptaría un cargo a elección popular por un partido político, pero que en este momento no hay condiciones para que se tenga éxito en este proyecto.
En este momento, como lo marcan las leyes electorales, ningún candidato independiente podría llegar a ser alcalde de un municipio, porque en el caso de León se requiere de más de 42 mil firmas de distintos distritos electorales para poder constituir una asociación civil que lo postule, esto es alrededor del 3 por ciento del padrón electoral, y donde se encuentra realmente la chapuza de los legisladores y partidos políticos.
Así que el presidente del Colegio de Abogados se descartó por que no hay condiciones en las leyes electorales que permitan a un candidato ciudadano aspirar a un cargo de elección popular. Finalmente, expresó que las invitaciones que le han realizado los partidos políticos han tenido que ser rechazadas debido a que no ofrecen un trabajo serio a favor de los ciudadanos solo para sus propios intereses, muy alejados de la realidad que viven los leoneses.
INTERVENCIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajó la investigación sobre el caso de los albergues en Guanajuato de la “Ciudad de los Niños”, ubicados en Slamanca y Moroleón, según informó ayer la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, organismo que inició la apertura de la carpeta de investigación sobre las violaciones que ahí se cometieron contra los derechos de los menores de edad.
El procurador estatal, Raúl Montero de Alba, entregó el expediente de queja 191/17-B así como la documental de las diligencias que había realizado desde que se dio a conocer el caso la semana pasada junto con las medidas de protección que se aplicaron a favor de los niños de este albergue en Salamanca, en torno a la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, dentro del amparo indirecto 475/2016-VIII.
El pasado 12 de julio, el DIF estatal, a través de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes anunció la intervención dentro del albergue de “La Ciudad de los Niños”, en Salamanca, con el propósito de salvaguardar la integridad de quienes ahí vivían luego de una valoración en donde se detectaron supuestos maltratos a los menores.
Previo a la determinación se hizo una valoración multidisciplinaria de 63 menores que ahí vivían y que estuvo a cargo de psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos, y en donde hubo cinco casos documentados de maltrato.
El día 13 de julio, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos levantó las actas circunstanciadas en torno a los hechos denunciados por el DIF Estatal y procedio a establecer medidas precautorias que pusieran a salvo la integridad y los derechos de los menores afectados.
Paralelo a la investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se estableció otra línea de trabajo que revisa la Unidad Especializada en combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, instancia que también dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que continúe con el proceso y determine las recomendaciones que deberán asumir las autoridades y quienes eran responsables de administrar los albergues.
Este caso tomó fuerza en el ámbito político nacional a raíz de la denuncia que hicieron algunos organismos de defensa de los derechos humanos de los menores de edad y legisladores federales. Habrá que ver en que termina esta historia de maltrato ahí encontrados juntas con otras irregularidades que han salido a la luz pública sobre estos albergues.
