La Dirección de Fiscalización y Control del municipio alertó a los ciudadanos a que no recurra a los gestores de trámites llamados “coyotes”, que ofrecen arreglar permisos o licencias a cambio de dar dinero a los funcionarios públicos y en cuyos casos cobran desde 8 mil hasta los 50 mil pesos según la complejidad de los requisitos que marcan los reglamentos municipales.
La revelación que hacen los funcionarios municipales no precisa si ya hay alguna denuncia penal contra los coyotes que han identificado en sus oficinas y que se aprovechan de los ciudadanos que tienen la idea de que los trámites son complejos y es mejor recurrir a la corrupción para obtener un permiso.
El modus operandi de estos gestores, según la propia dependencia municipal, es brindar información ficticia a los ciudadanos de que los trámites son complejos y tardados por lo que es mejor dar mochada al burócrata aunque después no ingresan el papeleo ni recibos de las cantidades entregadas para obtener los permisos y finalmente desaparecen.
Si bien la Dirección de Fiscalización y Control establece cuales son las medidas que se han adoptado en mejora regulatoria para reducir los requisitos y tiempos de respuesta a las solicitudes de licencias y permisos, parece que es necesario profundizar en su difusión entre los ciudadanos.
Pero no se indican cuáles son las medidas que se instrumentan fuera o dentro de sus instalaciones donde regularmente acuden las personas a realizar los trámites que por ley debe otorgar, previo cumplimiento de los requisitos que establece la normatividad municipal. Es común que quien tiene interés en un permiso o licencia de fiscalización recurra a intermediarios por desconocimiento de los reglamentos y los procesos y requisitos que marca la ley para su cumplimiento, o que infrinja la normatividad y posteriormente regularizar su situación.
Recientemente el INEGI dio a conocer su Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas en donde revela que por unidad económica se realizan en promedio anual 19.5 trámites, pagos o solicitudes de servicios ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federación, estado y municipio); que un 51 por ciento de las empresas consideró que han aumentado las cargas administrativas (trámites) y que se tiene que recurrir a actos de corrupción para agilizar trámites, evitar multas o sanciones y para obtener licencias y permisos.
La encuesta refleja las experiencias y percepción que tienen las unidades económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos, la percepción de los marcos regulatorios que rigen a las unidades ya establecidas y a aquellas que pretenden instalarse en el país así como la percepción y experiencias en relación con actos de corrupción al momento de realizar sus trámites.
En el caso de Guanajuato, el 17.7 por ciento de las unidades económicas señaló que el marco regulatorio representa un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio, lo que muestra la necesidad de avanzar más rápido en la desregulación administrativa que impone la burocracia.
El problema del coyotaje no es exclusivo del área de fiscalización del municipio y hay múltiples ejemplos de esta actividad lucrativa, solo es necesario ir a las oficinas de desarrollo urbano, obras públicas, tránsito del estado o a las juntas de conciliación y arbitraje donde se puede documentar este tipo de irregularidades, motivadas en muchos casos por los trámites excesivos y desconocidos para el ciudadano.
PROBADA
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, hizo públicos los resultados de una auditoría de la nómina magisterial en las entidades del país tras un año de revisión, la cual arrojó que había 44 mil 76 plazas que se pagaban y cuyos maestros no estaban en la escuela.
La revisión fue escuela por escuela y las plazas con irregularidades representaban un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que es una pequeña muestra de la corrupción que ejercen los sindicatos en colusión con las autoridades estatales.
Es evidente que la falta de transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos y gobiernos permitió en el pasado los malos manejos en la nómina educativa, situación que ya no podrá continuar a raíz de la reforma educativa, que volvió a concentrar el pago en el gobierno federal.
El detalle de cifras que ofreció el Secretario Nuño Mayer a los gobernadores que asistieron esta semana a la reunión de la Conago es relevante porque permite identificar donde estaban las irregularidades. Por ejemplo había 14 mil 900 plazas de maestros pero que los titulares desempeñaban en funciones administrativas; 17 mil 262 plazas tenían comisiones sindicales o licencias con goce de sueldo; mil 361 plazas de maestros que ya no trabajaban y que por error se mantenía el pago y 10 mil 553 plazas que no fueron localizadas.
El titular de la Secretaría de Educación Pública expresó en el marco de la Conago un reconocimiento a las entidades que participaron en este proceso que permitió, en un año, identificar las irregularidades y recomponer la situación.
El ejercicio del gobierno federal y estados tuvo como finalidad que los maestros que cobran en la nómina estén frente a los salones de clases y quienes desempeñen funciones sindicales ocupen una plaza administrativa, con cargo al sindicato, para avanzar en el propósito de la mejora de la calidad educativa.
Al respecto, el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, puntualizó que en el caso de esta entidad, no se cuenta con personal docente en situación de excedencia, identificada bajo los criterios que estableció la Secretaría de Educación Pública federal, una vez que los trabajadores solamente devengan su salario y justifican su desempeño conforme a las necesidades existentes.
Y es que este proceso de auditoría que comenzó hace un año en otras entidades del país en Guanajuato ya había arrancado desde el inicio de la actual administración con la colaboración de los sindicatos de maestros.
Guanajuato es una de las entidades donde el sindicato magisterial y el gobierno adelantaron este tipo de revisiones para identificar si hay irregularidades respecto a la excedencia docente que aplicó el gobierno federal a raíz de la reforma educativa.
Eso no quiere decir que no se hayan encontrado algunas posibles inconsistencias a la hora de integrar el formato de la Secretaría de Educación Pública aunque se han hecho las aclaraciones y precisiones respectivas en los casos, tiempos y mecanismos establecidos por el gobierno federal.
LINEAMIENTOS
A pesar de la oposición de la mayoría de los partidos políticos representados ante el Instituto Nacional Electoral, los consejeros decidieron analizar y discutir los proyectos de lineamientos que regularían la aparición de los dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión junto con los que garantizan una cancha pareja a quienes vayan a participar en las contiendas electorales federales y locales del 2018.
El propósito de las autoridades electorales es evitar que los contendientes y dirigentes partidistas, incluyendo servidores públicos con aspiraciones, tengan alguna ventaja frente a otros por el uso indebido de propaganda en radio, televisión, medios impresos, internet y anuncios espectaculares entre otros como informes de labores de funcionarios.
Originalmente se propuso que los lineamientos que regularán la publicidad de quienes pretendan un cargo de elección popular entren en vigor a partir de septiembre, el 8 inicia formalmente el proceso electoral 2017-2018; finalmente fueron aprobados.
Para tener una idea del alcance de las nuevas disposiciones que entrarían en vigor en septiembre, se busca evitar que la promoción para la obtención de una candidatura de manera anticipada a los tiempos establecidos y luego de un cargo de elección popular; se establecerían mecanismos para prevenir y sancionar las conductas que vulneren los principios que rigen las contiendas electorales; se busca salvaguardar la equidad entre los participantes e impedir ventajas indebidas sobre el electorado así como imponer medios de control para evitar la difusión anticipada de aspiraciones políticas con miras de acceder a un cargo de elección popular.
Un criterio que cuidaron los consejeros electorales en sus lineamientos es no ir en contra de la libertad de expresión de los actores políticos o quienes aspiren a participar en la contienda electoral sino únicamente tener reglas para que se mantenga la equidad en la contienda y se prevengan actos anticipados de precampaña y campaña a través de un uso indebido de la pauta publicitaria.
Si estos lineamientos hubieran sido aprobados con más anticipación, seguramente muchos de quienes hoy aspiran a un cargo de elección popular en los comicios locales y federales en el 2018, ya habrían sido apercibidos o sancionados.
Hay personajes que tienen meses con una promoción desmedida de su imagen a través de los programas gubernamentales que tienen a su cargo, independientemente del cargo que ocupen en los tres órdenes de gobierno o en cualquiera de los Poderes, en especial el Legislativo y Ejecutivo.
Quizás por eso ayer en la sesión extraordinaria del consejo del Instituto Nacional Electoral, la mayoría de los partidos pararon las pestañas cuando vieron en la orden del día la revisión y análisis de los lineamientos para su aprobación. Es una lucha constante de las autoridades electorales contra la partidocracia que no quiere perder privilegios para seguir pegada al hueso y a los recursos públicos.
