IMPRECISIONES
El monto del presunto delito de peculado en el que se habría incurrido en la pasada administración al realizar seis contratos con tres empresas inexistentes para la prestación de servicios al municipio de León, y en que se basa la solicitud de desafueron para la diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, asciende a un millón 577 mil pesos según aclaró ayer, en conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.
No son los 47 millones 932 mil pesos que señaló el diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, ni los 87 millones de pesos que argumento en un comunicado el Comité Directivo Estatal de ese partido, mucho menos por la pérdida de 500 millones de pesos a los que se refirió en un tuit el diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla.
El PAN se equivocó de estrategia política al salir a linchar públicamente a la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, un día después de que aprobó la designación directa (dedazo) de todos los candidatos a puestos de elección popular en las elecciones del 2018 y el mismo día que se hizo viral la aparición de un video con la presentación de un nuevo grupo de la delincuencia organizada en el estado de Guanajuato.
En primer lugar, llevo a la arena política un tema que debío de haberse manejado estrictamente en el ámbito judicial, tal y como esta planteada la solicitud de desafuero ante el Congreso de la Unión.
La conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal del partido con la presencia del dirigente municipal del PAN y dos de los legisladores por los distritos de León fue la primera señal inequivoca de querer sacar raja política a un asunto judicial que está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y ahora en el Congreso de la Unión.
El legislador federal, Ricardo Sheffied Padilla, y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de León fue quien reventó el tema en las redes sociales al anticiparse al anuncio del gobierno del estado, de su partido y de sus compañeros legisladores locales que se atribuyen haber ordenado la auditoría integral a la administración municipal pasada.
Lo peor es que el gobierno del estado tuvo que corregir la falla del martes, cada quien dio datos distintos y nunca precisaron el monto ni la razón de las acusaciones, un día después y desinfló el caso de presunto peculado en el que habría incurrido la ex alcaldesa.
La entidad responsable de garantizar la procuración de justicia en Guanajuato omitió informar con precisión a los legisladores panistas y nunca avisó que el lunes a medio día había solicitado el desafuero de la diputada federal del PRI, hasta que en las redes sociales, el legislador Ricardo Sheffield subió el tema a la agenda. El lunes a las 12:45 se presentó la solicitud, el legislador federal la subió a redes sociales casi tres horas antes de la conferencia de prensa del PAN que se realizó a las 15:30 horas en la sede del Comité Directivo Estatal.
El ex alcalde habría participado horas más tarde y de manera simúltanea con el resto de los legisladores federales por Guanajuato en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para decir que avalaba la solicitud de la Procuraduría, al mismo tiempo que se ofrecía otra conferencia por el PAN en León.
Aunque los panistas nieguen que se trata de una persecusión política, han dejado bastantes huellas que fue una decisión precipitada y mal operada, reservada con sigilo hasta que la descubrió un legislador del PAN y la subió a las redes sociales aunque con imprecisiones.
A esto se agrega el error garrafal de algunos legisladores federales que violaron el debido proceso que se sigue a la ex alcaldesa al señalarla como responsable de corrupción sin que un juez determine su culpabilidad.
Los 500 millones, los 87 millones, los 47.9 millones de presunto uso indebido quedaron ayer en solamente 1.5 millones de pesos según la versión que ofreció el Procurador Zamarripa Aguirre, quien por cierto anunció la detención de uno de los proveedores que creó la empresa inexistente.
No es creible que el PAN únicamente busque justicia cuando quitó la bandera legal al Procurador, sin que eso signifique que efectivamente, puede haber hechos ilícitos que sean imputables a la anterior administración municipal.
Zamarripa Aguirre señaló que se le acusa a la ex alcaldesa de contratar a las empresas Participación en Proyectos Gova S.A de C.V; Asesoría Especializada Aspecto Aeesa S.A de C.V y Advise Experts Trilogy S.A de C.V, las cuales no prestaron los servicios y cobraron. Incluso aludió una red de corrupción por operar a través de estas empresas inexistentes.
En esta misma arena política, el presidente del PRI estatal, Santiago García López, acuso ayer a las autoridades estatales de usar a la Procuraduría General de Justicia como un instrumento para dar causa a una revacha política contra la ex alcaldesa de León. Enseguida enumero una larga lista de pendientes que no se han resuelto en materia de seguridad, salud, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
En medio de la lucha entre el PRI y el PAN, algunas voces del sector empresarial hicieron un llamado a la mesura a los partidos políticos para que en vez de perder el tiempo en este tipo de pleitos electorales se pongan a trabajar realmente en los problemas que aquejan a los ciudadanos y que no son pocos.
TÉCNICO
El delegado de la SCT en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, sostuvo ayer un encuentro con los medios de comunicación en León, en donde reiteró que no usará el cargo como plataforma política para buscar un cargo de elección popular en las elecciones del 2018 dada la responsabilidad legal y técnica que le fue conferida para desempeñar el cargo desde junio de este año.
El funcionario federal y ex diputado local del PRI, explicó las complicaciones políticas que ha habido desde que asumió su cargo por las omisiones y cuestionamientos de actores por obras como el Distribuidor Vial Benito Juárez y la obra que se realiza en el Timoteo Lozano, y en donde la mayoría de las veces, el debate está alejado de la parte legal y técnica como exigen este tipo de obras.
Vallejo Rábago sustituyó en el cargo a Leoncio Pineda Godos y ha sido tan intensa su actividad dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no había tenido tiempo de presentarse con los medios de comunicación que constantemente lo buscan para conocer los avances de las obras que realiza la dependencia federal en León.
Uno de los temas más controversiales por las implicaciones económicas y políticas que tiene que atender es la construcción del Distribuidor Vial Benito Juárez, el cual asegura va a estar listo en el plazo de 40 días que ofrecío a finales de septiembre para abrirse a la circulación completa en su cuarta etapa.
El compromiso que ratificó es que una vez al concluir la obra, abrirá toda la información disponible sobre el monto de inversión y las característas técnicas o ajustes que se realizaron a fin de que los ciudadanos leoneses tengan la certeza de que es una obra bien hecha y que servirá a miles de familias que a diario utilizan esta vía de comunicación.
Reconoció que hay políticos que han intentado sacar raja política a este asunto pero que hay dentro de la delegación un equipo técnico que da solidez a las decisiones que se toman en la construcción de este tipo de obras. A raíz del dictamen que se elaboró, y en donde se garantiza la seguridad de los conductores, el tema político ha bajado de tono a pesar de que durante varios años había una polémica mezquina que afectaba la vida de miles de personas que sufrían por el caos vial en la zona.
Respecto a la polémica que se sucitó entre vecinos por una obra del Grupo México, concesionario de la autopista Salamanca-León, explicó que el Grupo Vise es uno de sus asociados y que no existe evidencia técnica de que los trabajos que se realizan sobre el Timoteo Lozano tengan un impacto negativo para las familias afectadas por las inundaciones. Declaró como infundadas las acusaciones de que busca privilegiar a Vise, ya que no ha asignado ninguna obra hasta ahora en su cargo.
Roberto Vallejo Rábago ofreció actuar con transparencia en el ejercicio de la obra pública que sea responsabilidad federal, una vez que hay un acercamiento con los integrantes de la CMIC en Guanajuato, con quienes se reúne cada mes para intercambiar sus puntos de vista sobre los proyectos de infraestructura y comunicaciones que va a llevar a cabo la dependencia.
Por lo pronto adelantó que ninguno de los contratos bajo su administración van a ser asignados de manera directa sino que habrá licitaciones y en eso va a contar con el apoyo de los expertos dentro y fuera de la Secretaría. Falta ver en el camino que cumpla lo que se comprometió.
MESA
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato va a llevar a la Mesa de Combate a la Ilegalidad, que preside el SAT, la demanda de endurecer los castigos a los importadores de calzado que recurren al contrabando y a la subfacturación en el valor del productoque ingresa a México.
La semana pasada se planteó este camino para que las autoridades responsables de las Aduanas del país no relajen los mecanismos de supervisión que se habían acordado en el decreto para la competitividad y la defensa ante prácticas desleales de comercio en la industria del calzado, el cual entró en vigor en diciembre de 2014.
De acuerdo con fuentes del organismo industrial, la próxima semana está programada en la Ciudad de México la reunión que convoca Concamin y el SAT para dar seguimiento a la Mesa de Combate a la Ilegalidad y donde se tiene un mecanismo de concertación entre las autoridades federales e industriales para combatir ese tipo de delitos como el contrabando y la subfacturación.
Los zapateros tienen la sospecha que desde la salida Aristóteles Núñez Sánchez, ex titular del SAT, el año pasado, se relajó la política aduanera y fiscal en contra de los importadores de calzado. Las evidencias apuntan a un incremento en el volumen de calzado subfacturado, aproximadamente el 70 del total importado durante lo que va del 2017 y que asciende a 59.3 millones de pares.
En la estrategia que plantea la industria del calzado hay consenso con otros sectores industriales como el textil y vestido que son quienes más batallan con los importadores, quienes no tienen enfrente una autoridad que castigue sus prácticas ilegales de comercio. El tema central será el convertir el decreto de protección a la industria en una nueva Ley Aduanera.
