RUTA
A menos de un mes de que se realice la Semana Nacional del Emprendedor, que organiza el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), se reveló en Guanajuato una denuncia pública de un grupo de empresarios en contra de un director de área de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, que cobraba un porcentaje aproximado del 10 por ciento de los fondos federales, que bajaban para las empresas a través de proyectos para fomentar sus actividades productivas.
Se trata del ahora exdirector de Atención a la Cadena Cuero, Calzado y Proveeduría de la dependencia estatal, Jorge Raúl Ortega González, a quien se le inició un procedimiento ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas por haber incurrido en actos de corrupción, según la denuncia presentada ante las autoridades por un grupo de empresarios a quienes les pidió dinero por adelantado para gestionar recursos federales que administra el INADEM y nunca los recibieron.
El INADEM fue creado mediante un decreto presidencial en enero de 2013 y está adscrito a la Secretaría de Economía, cuya misión es apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, antes era el Fondo Pyme, y funciona mediante reglas de operación donde cada empresa compite por el acceso a los fondos de apoyo económico. Estas reglas eran estrictas a raíz de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el destino de los recursos, lo que complicó el acceso a los fondos.
Estos fondos del Instituto se destinan a sectores estratégicos en el país para su desarrollo empresarial, emprendedores y financiamiento, como es el caso de la industria proveedora, cuero y calzado, que es de donde salió la denuncia en contra de un ex funcionario estatal por un grupo de empresarios de San Francisco del Rincón y León.
En el caso de la Secretaría de Economía en Guanajuato, el delegado federal, Alberto Bello Albo, es el responsable de dar seguimiento a los proyectos y solicitudes de apoyo que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas para acceder a los fondos del INADEM. Y en coordinación con el gobierno estatal se evaluaban la cartera de proyectos que entrarían a las convocatorias que emitía el Instituto cada año.
Es decir, que la ventanilla para acceder a los recursos federales es la delegación de la Secretaría de Economía, y en donde, el ex funcionario estatal, Ortega González, conseguía los apoyos a las empresas, previó cobro de comisión para ayudar a elaborar el proyecto y tener mejores posibilidades de acceder al financiamiento y recursos para el desarrollo empresarial.
En 2013 cuando arrancó el programa, Guanajuato se llevó 87 millones de pesos del fondo federal y el año pasado, en 2016, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y el INADEM invirtieron 97 millones de pesos para apoyar 18 proyectos estratégicos, de los cuales 14 millones de pesos fueron una aportación estatal y el resto aportaciones federales y solo una pequeña parte de recursos privados, según se consignó en el último Informe de Gobierno.
El pasado domingo en la noche, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Guillermo Romero Pacheco, hizo público que el pasado 14 de julio de 2017, Jorge Raúl Ortega González, entregó su cargo como director de la dependencia estatal.
Agregó a través de un tuit de su cuenta que posteriormente, el día 2 de agosto, recibió la primera denuncia documentada del proceder del ex funcionario y que un día después, el 3 de agosto, interpuso una denuncia ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que se tomaran las medidas necesarias que procedan en este caso. Además condenó este tipo de conductas que están fuera de la ley, pedir dinero a los empresarios para gestionar sus proyectos ante el INADEM.
Ayer, en Silao, el Secretario Romero Pacheco se reunió con el representante legal de ocho empresarios que fueron los afectados por el ex director de la Secretaría, de las ciudades de San Francisco del Rincón y León, y le comentaron que tienen documentadas las actividades ilícitas en las que incurrió Ortega González.
Estas pruebas son muy importantes porque la idea del titular de la Secretaría donde trabajaba el desleal funcionario es denunciarlo penalmente por los actos fraudulentos que cometió contra los ciudadanos aprovechando su cargo público.
Ahora bien, el tema no acaba con la investigación al ex director de Atención a la Cadena de Cuero, Calzado y Proveeduría porque seguramente hay otros funcionarios involucrados en los actos de corrupción que se cometieron, y esa es una de las preocupaciones que prevalecen en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y que radica en conocer hasta donde llega la ruta del dinero que se exigía a los empresarios por ayudarlos a conseguir los fondos del INADEM.
En esta ruta del dinero se podría involucrar a otros funcionarios que están dentro y fuera de la dependencia estatal a pesar de que nieguen tener tratos y relaciones con Ortega González ahora que fue descubierto, porque durante muchos años fue su compañero de trabajo y hasta lo promovieron a la posición que ocupaba.
Y la investigación no termina dentro de la dependencia estatal sino que se debe extender a la delegación federal de la Secretaría de Economía en Guanajuato, donde seguramente deberán dar explicaciones sobre los actos de corrupción que se cometieron en la administración de los fondos federales.
Las autoridades estatales y federales deberán ser muy contundentes en la atención de este asunto porque los empresarios que denunciaron la corrupción en el manejo de los fondos del INADEM están dispuestos a todo, incluso a salir a tomar carreteras hasta que les devuelvan su dinero.
Hay otros actores que están atentos a ver la respuesta de las autoridades en este caso, como los comerciantes de la Zona Piel, que también tienen muchas historias que contar porque ahí también se habrían pedido moches para conseguirles apoyos en el INADEM.
En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, en donde se financiaron varios proyectos con recursos federales, como su Centro de Diseño, rápidamente salieron a aclarar que en su relación con el exdirector acusado nunca hubo ninguna insinuación que signifique haber pedido dinero a cambio de conseguir recursos para los empresarios.
Este miércoles estará en León, el Secretario Guillermo Romero Pacheco para encabezar la ceremonia de colocación de la primera piedra de la empresa Minamida, en el Parque PILBA, y ahí seguramente tendrá que informar sobre los avances del caso. Ayer, el exsecretario de Desarrollo Económico y actual alcalde de León, Héctor López Santillana, ya se deslindó del exfuncionario acusado de corrupción.
FONDO
El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado de Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, planteó ayer una reflexión a propósito del debate que existe entre los funcionarios federales adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunos legisladores del PAN respecto a la obra del Distribuidor Benito Juárez, sobre la calidad y oportunidad de la misma.
En primer lugar, destacó la importancia de que la ciudad disponga de infraestructura que mejore la movilidad de la ciudadanía, independientemente de quienes hayan conseguido los recursos y concebido la obra, por lo que no debe haber una disputa política entre los gobiernos y partidos, y se castigue a los leoneses al retrasar su conclusión.
Luego sostuvo que el gobierno federal fue quien licitó la obra y que era su responsabilidad supervisar el proyecto una vez que se han detectado fallas, deficiencias estéticas y sinuosidades, horizontales y verticales, en las losetas que unen el puente que se ha hecho en fases. No hubo coordinación del proyectista, supervisor y constructor, lo que se refleja en los defectos de apariencia que tiene el distribuidor como son trazos mal hechos que se observan a simple vista.
En el fondo, el problema es que la obra se asignó a empresas foráneas que vinieron a subcontratar a empresas locales y que incluso les quedaron a deber. El criterio de selección fue el bajo costo cuando eso no garantiza la calidad de la obra ni la reducción de riesgos de fallas ocultas.
El problema se queda entonces a las autoridades municipales porque los retrasos encarecieron la obra, en un 30 por ciento aproximadamente, y es fecha que no se entrega el distribuidor mientras sigue el pleito político entre la anterior y actual administración municipal y sin que el Gobierno federal salga a precisar la información.
El constructor estima que quizás el puente no se vaya a caer, como sucedió en Morelos, pero que es necesario revisar los planos estructurales para emitir una opinión técnica y no política. También explica que es muy difícil comprobar que hubo corrupción en la asignación de la obra aunque sí pudo haber favoritismo hacia las constructoras de Hidalgo y el Sureste que se quedaron con el proyecto. La consecuencia es que la obra se retrasó, se encareció y es hora que los leoneses no pueden disponer de esa infraestructura, mientras los políticos se pelean.
IMPUGNACIÓN
Ayer se dio a conocer que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó el acuerdo del Consejo General del INE sobre los lineamientos que busca garantizar la equidad en la contienda electoral del 2018 y que se suma a otros procedimientos que interpusieron por parte de legisladores federales y locales, dos entidades federativas, presidentes municipales y hasta medios de comunicación. En total, fueron 105 impugnaciones de acuerdo con lo que informó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
El acuerdo que tomaron los consejeros era que se deberían tener lineamientos para ofrecer una cancha pareja a los aspirantes a contender por un cargo de elección popular y para ello, era necesario tener reglas del juego equitativas que deberían observar aquellos que estén interesados en participar en las elecciones del 2018.
El espíritu de los lineamientos es evitar que los aspirantes aprovechen los recursos públicos y privados para promover sus proyectos políticos como se ha hecho en el pasado, en donde se cuidó que no se violentaran los derechos a la libertad de expresión entre otros criterios que permitieran una competencia equitativa, en especial, entre quienes ocupan cargos públicos.
Pero parece que los partidos políticos, los legisladores y los gobiernos, principalmente, no están de acuerdo con las medidas que consideran son restrictivas que impuso el INE y que entrarían en vigor a partir del próximo 7 de septiembre, fecha en que arranca formalmente el proceso electoral 2017-2018.
Habrá que ver en que termina esta controversia del INE con quienes ya impugnaron los lineamientos de cancha pareja aunque falta poco menos de un mes para que se pongan de acuerdo sobre estas nuevas disposiciones.
