El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Ricardo Anaya Cortés, canceló su gira de trabajo por el estado de Guanajuato ayer en la tarde luego de que a medio día, el Comité Directivo Estatal había confirmado su presencia en León el miércoles 16 de agosto.
El dirigente del PAN nacional venía junto con el secretario general del CEN, Damián Zepeda Vidales, a un encuentro privado con el gobernador del estado, Miguel Márquez; con el presidente del Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade Quezada, y el Secretario general del partido en Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico, a un encuentro con la militancia panista y al final ofrecería una conferencia de prensa en León.
Pero cuatro horas más tarde de la confirmación de su visita a León, el Comité Directivo Estatal del PAN informó que se posponía la visita de Ricardo Anaya Cortés, aunque no precisó cuándo sería la nueva fecha de su presencia en la entidad.
De acuerdo con fuentes al interior del PAN estatal, originalmente solo se contemplaba la cancelación del evento con la militancia pero posteriormente se decidió cambiar la fecha para aprovechar la visita del dirigente nacional del partido.
En estos momentos, Ricardo Anaya Cortés y su comité directivo tienen como prioridad la presencia en la mayoría de los estados una vez que arrancó su convocatoria para la construcción de una plataforma electoral con miras al 2018, a través de una serie de consultas a los ciudadanos para definir las propuestas e ideas en materia de seguridad, mujeres, combate a la corrupción, empleo, juventud, medio ambiente, combate a la pobreza y buen gobierno.
Pero también tienen en manos la definición del proceso electoral en Coahuila, donde buscan que las autoridades electorales convoquen a nuevas elecciones una vez que se rebasó el gasto de campaña del candidato del PRI y hay una mínima diferencia en el cómputo de los votos.
En el caso de Guanajuato, hay varios asuntos que los panistas querían plantear a su dirigente nacional y uno de los más importantes tiene que ver con el proceso interno para definir las candidaturas en el 2018.
Lo anterior, porque hay una fuerte disputa al interior del partido sobre el método que definirá el CEN junto con el Comité Directivo Estatal a fin de mantener las condiciones de equidad en la contienda y sin que se fracture la división entre la militancia.
Otro asunto que está en el interés de los panistas es conocer si Anaya Cortés buscará la candidatura a la Presidencia de la República y cuáles son los espacios que se abrirán para los guanajuatenses en su equipo de campaña y en los cargos directivos que quedarán vacíos en el Comité Ejecutivo Nacional.
Ya estuvieron en León otros aspirantes como Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks aquí vive y hace su campaña nacional, y será importante conocer la propuesta que tiene Ricardo Anaya Cortés para los panistas guanajuatenses. Aunque se canceló su visita del miércoles se espera que esta misma semana se defina una nueva fecha.
VARA
Ayer volvió a escalar la disputa entre quienes integraron la pasada administración municipal y quienes hoy ocupan la presidencia municipal de León, derivado de dos procedimientos que se abrieron contra la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y una denuncia contra el actual alcalde.
Resulta que la diputada federal del PRI acudió a las 11:30 a la cita que tenía programada en las oficinas de la Contraloría Municipal para responder de las acusaciones de haber cobrado indebidamente un finiquito que no le correspondía por Ley y ante un gasto que realizó la administración pasada para cubrir unos gastos en un hotel y que no están dentro del catálogo de prestaciones a los funcionarios municipales.
Entre los argumentos que ofreció la legisladora federal al Contralor Municipal, Esteban Sánchez Ramírez, están que no tiene facultad para instaurar este procedimiento administrativo en su contra porque se trata de un asunto de carácter laboral y que nunca fue requerida para la devolución del pago que hizo la Dirección de Desarrollo Institucional y la Tesorería.
Además se refirió a que el ex alcalde Octavio Villasana Delfín cobró alrededor de medio millón de pesos cuando dejó el cargo, siendo que únicamente estuvo siete meses al frente de la alcaldía, y que en ese caso no hay ningún requerimiento ni procedimiento administrativo abierto en su contra como ella. Además de que el ex alcalde priísta goza de otros privilegios como guardias policíacos y vehículos cuya operación está a cargo del erario público.
En este contexto, la ex alcaldesa denunció que la ley se debe aplicar igual para todos los funcionarios públicos, incluyendo el alcalde actual, a quien la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato le observó un pago de 18 mil 128 pesos de más en su sueldo entre los meses de octubre y diciembre de 2015. Pidió que se abriera una investigación al respecto para que se aclare porque al tratarse de una misma norma, a ella se le persigue políticamente.
El Contralor Municipal contestó primero que el procedimiento administrativo contra la ex alcaldesa no tiene que ver con un asunto laboral sino con un finiquito indebido que recibió cuando dejó su cargo municipal tras obtener una diputación federal.
Por lo tanto, aseguró Ramírez Sánchez que si era su competencia y facultad como Contralor proceder con esta investigación y aclarar la razón por la cual se entregó un finiquito en una cantidad indebida.
También aclaró que en el caso de la observación del cobro de más que se entregó al alcalde en el 2015, misma conducta por la que se abrió el expediente contra la ex alcaldesa, está basado en un pliego que hizo la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al municipio, en el que se puede solventar o corregir esa situación porque aún no se ha finiquitado el asunto.
Por ahora, la ex alcaldesa tendrá cinco días hábiles para presentar pruebas y seguir con los alegados antes de que la Contraloría emita una resolución definitiva sobre el caso, aunque falta la comparecencia de los ex funcionarios que autorizaron esa liquidación y el pago extra de un servicio en un hotel donde se realizó un evento de capacitación de funcionarios.
Finalmente, Bárbara Botello Santibáñez señaló que mientras ella la persiguen con fines de inhabilitación por un supuesto sobre pago, a los actuales funcionarios, que han sido observados por la misma situación se les da la oportunidad de cubrir el sobre pago en abonos.
ASOCIACIÓN
El gobierno del estado anunció ayer que se considera como alternativa para destrabar el proyecto de El Zapotillo, la constitución de una Asociación Público-Privada en donde participen el gobierno federal junto con otros instrumentos financieros pero no hay precisión si Abengoa queda fuera o aún mantiene una participación dentro del esquema.
En un comunicado de prensa, se informó sobre una reunión privada entre el gobernador del estado, Miguel Márquez; el alcalde de León, Héctor López Santillana; la titular de la Comisión Estatal del Agua, María Concepción Gutiérrez García; la diputada local, Angélica Casillas Martínez; el Presidente del Consejo Directivo de Sapal, Pedro González García; el Director de Sapal, Leonardo Lino Briones, entre otros funcionarios.
En el texto se indica que las autoridades estatales están en total disposición de coadyuvar al gobierno federal, el proyecto está en manos de la Comisión Nacional del Agua, para concluir la construcción del acueducto El Zapotillo. Lo anterior, una vez que concluyeron los análisis técnico, jurídico, financiero y sociales que realizó el gobierno federal, aunque omite señalar cuáles fueron las determinaciones finales.
Una de las peticiones centrales del gobierno estatal a la Comisión Nacional del Agua era valorar la salida de Abengoa del proyecto ante la situación financiera que presentaba y porque no había salido del concurso mercantil, un paso previo a la suspensión de pagos, aunque hace un par de meses se dio a conocer que entró una nueva sociedad de capital como inversionista principal del proyecto El Zapotillo.
También existe un elemento que las autoridades locales y federales tienen en consideración una vez que el gobierno de Jalisco aceptó las recomendaciones que realizó un organismo técnico de la ONU y en donde se determinó la necesidad de construir la cortina de la presa a 105 metros de altura a fin de dar viabilidad y sustentabilidad al proyecto. La construcción de la cortina estaba suspendida por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todo parece indicar que Abengoa quedaría fuera del proyecto aunque las autoridades no precisaron sobre este punto, ya que constituir una asociación con la participación de capital público y privado representa una opción financiera distinta a la que establece la concesión otorgada inicialmente.
Las autoridades tendrían que precisar a qué se refieren con este nuevo esquema financiero y cuál sería el costo que tendría para el erario público buscar una alternativa como la que proponen; esto porque el retraso de la obra seguramente va a encarecer el proyecto.
