Entre los panistas corre la versión de que el deterioro que generó el enfrentamiento abierto entre los grupos que están detrás del Senador Fernando Torres Graciano y el ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, podría abrir el espacio a una tercera opción aunque todo va a depender del acuerdo que tomen el Comité Ejecutivo Nacional con el Comité Directivo Estatal y Miguel Márquez.
En el caso de Rodríguez Vallejo quien con la experiencia acumulada ha construido una estructura de colaboradores y una estrategia que le permitan interactuar con los distintos interesados en su proyecto político. Se ha enfocado a fortalecer la red de apoyos internos al PAN para arrebatar posiciones a su adversario tal y como se vio en la elección interna para elegir a los consejeros estatales y nacionales, donde hizo alianza con otro que quiere ser candidato a gobernador, Luis Alberto Villareal.
Por su parte, Torres Graciano mantiene el respaldo de Juan Manuel Oliva y de la estructura estatal del partido y en la mayoría de los comités municipales, hay que recordar que su paso por el Comité Directivo Estatal del PAN le permitió crear equipos de trabajo y se ha aliado de los rebeldes del partido como es el caso de Ricardo Sheffield o Miguel Ángel Salim además de que parte de los legisladores federales le deben sus nombramientos.
Es el aspirante que ha hecho más amarres con personajes externos al PAN, especialmente entre empresarios, y se ha dedicado a romper la estructura de apoyo del gobierno a su adversario, situación que denunció públicamente, y ha venido sumando aliados de peso a través del exgobernador Oliva Ramírez, experto en operación de redes electorales.
El choque de trenes es inminente a medida de que se acerque la convocatoria del Comité Directivo Estatal porque ninguno de los dos aspirantes más visibles se va a querer bajar para ceder su espacio al otro. Por un lado, porque ya no hay tiempo para preparar otro aspirante y por el otro, porque cree que ya le toca según lo pacto en 2012.
Si ambos aspirantes llegan a la contienda interna, elección o designación, los panistas van a tener que abrir su juego, estén o no dentro de la nómina gubernamental, y en el caso de Luis Alberto Villareal, va a tener que decidir a qué lado inclina los votos que tiene dentro del partido sin que eso signifique una diferencia representativa para cualquiera de los dos principales equipos.
Pero quienes aún tienen ADN del PAN opositor creen que tanto Rodríguez Vallejo como Torres Graciano han llevado demasiado lejos su disputa por convertiste en el candidato panista a la gubernatura de Guanajuato.
Los errores cometidos, uno ser acusado de uso de recursos públicos para su promoción y otro acusar al gobernador panista de un comportamiento similar a Fidel Herrera con Javier Duarte, podría representar el fin de sus aspiraciones entre la nomenclatura del partido.
Y en la tercera vía, se sigue con la mención de Eduardo Sojo, Luis Ernesto Ayala, Humberto Andrade Quezada y hasta Carlos Medina Plascencia, quien sigue de puntero en las encuestas que se hacen dentro y fuera del PAN.
Esta vez los panistas no luchan por la democracia como en sus orígenes, tampoco contra el dedazo de un candidato desde el CEN del PAN o contra sus rivales históricos del PRI, esta vez luchan simple y llanamente por el poder, en un pleito fraterno que podría destruir al propio partido si no están a la altura de lo que reclamarán los ciudadanos en el próximo proceso electoral del 2018.
NEGOCIOS
No cabe duda que el área natural protegida del Parque Metropolitano de León se ha convertido en el botín de particulares ante la complacencia de las autoridades municipales, quienes olvidan el propósito principal de esa zona de esparcimiento para dar paso a los intereses privados que lucran con ese espacio público.
El conflicto entre un particular y el municipio por unos terrenos son únicamente un hilo de la madeja de intereses que están en disputa y en donde los flamantes ciudadanos que integran su Consejo Directivo no tienen ni la más mínima y remota idea de la responsabilidad que tienen de garantizar el uso sustentable de esas instalaciones.
El empresario Oscar Ramírez tiene frente a la pared a las autoridades municipales con una serie de demandas para reclamar una millonada por unos terrenos que pertenecieron a sus familiares antes de que se construyera la Presa del Palote y que en las últimas administraciones dejaron perder las áreas jurídicas.
La transacción ventajosa de un terreno municipal que vale casi 38 millones de pesos por otro que cuesta menos de 10 millones de pesos dentro del Metropolitano, es sólo una muestra del mal manejo del patrimonio de los leoneses.
Pero existen otros negocios millonarios que se hacen con el parque Metropolitano de León, desde hace muchos años y en donde nadie dice nada. El Festival Internacional del Globo es otra muestra de los negocios desventajosos para el municipio y que engordan la cartera de los organizadores privados.
Este año, el gobierno municipal no les dará 5 millones de pesos que cada año les entregaba como apoyo a la organización del evento pero a cambio, en el contrato dejó en manos de los particulares la renta de la zona de campamento, donde los ingresos oscilan entre los 5 y 8 millones de pesos, y las manos libres para la contratación de los patrocinadores, grandes y pequeños, que concurren al Festival.
Las ganancias que deja el Festival Internacional del Globo quedan en manos de los organizadores privados, a pesar de la fuerte inversión estatal y municipal que se hace cada año, y para el Parque Metropolitano, únicamente las migajas y el deterioro ambiental por una excesiva concentración de personas. Eso sin contar el gasto que representa dar gratis los servicios públicos municipales para cada evento que ahí se organiza.
Pero qué se puede esperar de un Consejo Ciudadano que debería cuidar y proteger los intereses de los leoneses dentro del Parque cuando hay algunos integrantes que ni siquiera pagan la entrada diaria por ir a hacer sus actividades deportivas y mucho menos por utilizar las instalaciones como bodega para sus equipos.
O que hace renunciar a su director porque no hubo química personal con uno de los integrantes del Consejo, en donde se asumen funciones operativas en vez de hacer un plan de manejo sustentable del área natural protegida, con una visión de largo plazo.
Si las autoridades asumieran un papel más activo en estos casos de personas que utilizan para su beneficio personal el Parque Metropolitano, seguramente en vez de hablar de las transas que se realizan al amparo del área natural estaríamos hablando de otros proyectos ambientales, sociales y hasta deportivos bajo criterios de sustentabilidad. Lástima por el Parque, los leoneses que no se merecen que un espacio público sea el botín de particulares y nadie ponga un alto.
EVALUACIÓN
Ante la controversia que surgió entre el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Roberto Vallejo, sobre la calidad de la obra del distribuidor Benito Juárez, el Colegio de Arquitectos de León aclaró que hasta ahora no han realizado ningún estudio sobre esa obra pero anunció que hará un análisis técnico a detalle para garantizar que este tipo de infraestructura urbana sirva a los leoneses.
Y es que el pasado 5 de agosto, el legislador federal se reunió con los colegios de arquitectos e ingenieros de León, quienes le habían manifestado su preocupación y hasta documentaron las fallas en la infraestructura del Benito Juárez, según la versión que distribuyó a los medios de comunicación el panista.
En ese mismo encuentro privado, había trascendió que la primera semana de julio ya se había solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe puntual sobre la obra aunque no se había tenido ninguna respuesta clara al respecto.
La polémica siguió hasta esta semana, en que hubo un enfrentamiento abierto entre el diputado Salim Alle y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato respecto a si la obra cumplía o no con la calidad necesaria para garantizar la seguridad de los leoneses, una vez que se concluyan los trabajos.
El antecedente de lo que sucedió en Morelos con un puente y en donde perdieron la vida dos personas, y la advertencia que podría suceder lo mismo en el Benito Juárez, subió de tono el enfrentamiento entre el legislador y el funcionario federal responsable de dar seguimiento a la obra del Benito Juárez.
El viernes en la noche, el Colegio de Arquitectos aclaró que hasta la fecha no hay ningún estudio formal sobre la obra del Distribuidor Vial, que inició en la administración pasada y que aún no concluye, tal y como se ventiló después de la reunión que sostuvieron sus agremiados con el legislador panista.
El Colegio informó que la evaluación y autorización corresponde a las direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Tránsito, SAPAL e IMPLAN, instancias que desde su concepción y desarrollo son las instancias formales que deberían responder a los cuestionamientos sobre la calidad de la obra; que si bien la obra es responsabilidad del gobierno federal y municipal, ellos revisarían los avances del proyecto para emitir una opinión técnica y responsable del estatus del proyecto.
Para lograr este objetivo, detalló que en su última sesión ordinaria se acordó realizar el análisis del caso en cuestión para emitir su opinión colegiada y que tiene como base una serie de reuniones y recorridos con expertos en diversas especialidades para recopilar la información relacionada con el proceso de planeación, diseño, ejecución, supervisión, gestión social y el seguimiento y control de la obra.
Se revisarían la planeación y gestión urbanística; el diseño urbano y geometría del proyecto así como la ejecución de la obra, a lo que se podría sumar un análisis complementario con temas ambientales, sociales, económicos e ingenierías.
Esto derivará en un posicionamiento público del Colegio de cara a los leoneses para que conozcan el estatus del puente e identificar donde puede haber mejoras que garanticen la calidad del distribuidor Benito Juárez. Esta opinión pondría fin al debate político entre el legislador panista y el delegado federal responsable de la obra.
