JUSTIFICACIÓN
En la primera sesión del Ayuntamiento, el síndico Luis Ernesto Ayala Torres planteó algunas de las razones que tomaron en cuenta los integrantes del PAN junto con el regidor del PRI, Jesús Vázquez, para autorizar el incremento a las tarifas del transporte público de la ciudad y que entraron en vigor el 1 de enero de este año, en medio de un rechazo de los usuarios porque el aumento no corresponde a la calidad del servicio que se ofrece.
El 21 de diciembre se anunció la medida tras haber tenido desde junio de 2016 el estudio que elaboró Deliotte con el análisis de los costos de operación del Sistema de Transporte Público y que sirvió de base para la negociación entre los concesionarios y las autoridades municipales a través de la Comisión Mixta Tarifaria.
Ese día se entregó a las 11 de la mañana a los integrantes del Ayuntamiento el documento elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Movilidad con los empresarios del transporte, después de una semana de cabildeo sobre el porcentaje final de aumento. Esto motivó que a las 18:00 horas que se reunieran los síndicos y regidores para aprobar el incremento, una parte del PRI y el PVEM (tres regidores) votaran en contra con el argumento de que no tenían elementos para tomar una decisión por desconocer los fundamentos económicos, técnicos y sociales del ajuste.
Luego vinieron las manifestaciones de la semana pasada, en donde se evidenció parte del descontento social de los usuarios quienes salieron a la calle a protestar por el aumento que se consideró injusto y desproporcionado, a lo que se sumó el rechazo a la eliminación de la gratuidad generalizada a los adultos mayores, tal y como se acordó en la pasada administración junto con los transportistas.
En este lapso, entre el aumento, la entrada en vigor del acuerdo del Ayuntamiento que autoriza el alza y las manifestaciones junto con la respuesta gubernamental del pasado miércoles, en donde se señala a los líderes del movimiento de incitar a la violencia, llegó este jueves la primera sesión del pleno en el cabildo donde tocó al expresidente municipal, Luis Ernesto Ayala Torres, argumentar los motivos que llevaron a tomar esta decisión.
Ayala Torres enumeró 14 puntos para comprender el aumento a las tarifas de transporte público de la ciudad aunque no aclaró porqué hasta ahora salieron a dar la cara con su explicación y pudieron haberse ahorrado varios problemas, hasta una investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por presunta violación a los derechos a la libre expresión de los manifestantes y la presunción de inocencia de los detenidos, la mayoría de los cuales quedaron libres por un juez al no haber elementos que permitieran acreditar su participación los hechos de vandalismo en una sucursal bancaria, registrados en medio de las protestas y que se entremezclaron con el malestar por el gasolinazo.
Ante los integrantes del Ayuntamiento, el síndico del PAN explicó que la tarifa al transporte público debió haberse revisado en 2015 y que habían aplazado la revisión y aprobación derivado de que primero se puso en funcionamiento la Tercera Etapa del SIT, dejando la decisión para diciembre de 2016. Además de que desde el año 2010 la tarifa preferencial no se había ajustado, únicamente los pasajes generales y con tarjeta en 2014.
Sostuvo que fue una decisión apropiada pues recordó que de no haberlo hecho se corría el riesgo de colapsar el Sistema de Transporte Urbano en perjuicio de la mayoría de los usuarios. Precisó que las nuevas tarifas no se determinaron con base a ocurrencias y que se tomó en cuenta los incrementos a los insumos como combustible, el costo de las unidades, el mantenimiento y refacciones así como el salario de los operadores, la demanda atendida, los costos de equipamiento, infraestructura y hasta de una utilidad razonable para los concesionarios.
Luego entró al terreno de la inestabilidad del peso ante el dólar, los aumentos de la gasolina y el adelanto de la liberación del precio de los combustibles, aunque estos dos últimos argumentos no fueron expuestos el 21 de diciembre entre las justificaciones para otorgar el alza a las tarifas.
Recordó que las autoridades y transportistas tienen el compromiso de trabajar para mejorar horarios y frecuencias, ampliar la cobertura, abrir las rutas exprés y suburbanas, ampliar la flotilla, capacitar y mejorar las condiciones de los operadores, así como instrumentar campañas de seguridad. Esto quedará formalizado con la integración de un Comité Ciudadano que incluye la participación de los usuarios.
Ayala Torres se dio tiempo para hacer un recuento de las bondades del Sistema de Transporte Público de la ciudad y rechazó que sea uno de los más costosos del país porque no hay condiciones para compararlo con aquellos de otras ciudades porque aquí se realizan más de 200 mil transbordos sin costo al usuario a diferencia de otras ciudades.
Luego vino la defensa política: esta administración municipal sí tiene sensibilidad social ya que el apoyo a los adultos mayores con mayor necesidad lo tendrán gratis, mientras que todos los mayores de 60 años pagarán una tarifa preferencial de 4.20 pesos.
Y después se anticipó a un reclamo que harían más tarde dos regidores del PRI y uno del PVEM en el Ayuntamiento, revocar el acuerdo tarifario es improcedente jurídicamente y el cambio se daría siempre y cuando se dé marcha atrás al aumento de las gasolinas.
Finalmente, aseguró que las autoridades respetan la libertad de expresión y de manifestación, cuya irritación social de los ciudadanos entienden mientras que se ha actuado con sensibilidad frente a las provocaciones que se han realizado por los manifestantes. Hay que estar al margen de populismos, partidismos y protagonismos con fines electorales, pidió a sus compañeros del Ayuntamiento.
DEFENSA
Llego el debate sobre el tema y fueron los regidores del PAN Ana María Carpio, Alejandro Alaniz Rosales, Ana María Esquivel y Jorge Cabrera en una primera etapa quienes defendieron a capa y espada la decisión de subir la tarifa aunque también plantearon la necesidad de mejorar la calidad y el servicio del sistema de transporte de la ciudad.
Algo que repitieron varias veces los panistas es que sí tienen sensibilidad, luego de que han sido acusados reiteradamente de no estar atentos a las demandas de los usuarios que se ven afectados por el aumento a las tarifas.
Vino entonces la intervención de Salvador Sánchez Romero, regidor panista, quien agregó algunos elementos claves al debate como el dilema que enfrentó la administración de “patear el bote más adelante” o asumir una decisión con responsabilidad sin recurrir al subsidio al transporte público. Mantener las mismas tarifas con subsidios municipales costaría 500 millones de pesos anuales, aproximadamente, lo que significa alrededor del 10 por ciento del presupuesto que se tiene contemplado para el 2017.
También planteó que si el municipio decidiera quitar la concesión a los transportistas para retomar la administración del Sistema de Transporte Público, ¿De dónde van a salir los mil 500 millones de pesos para manejar el sistema?
Vino luego otra intervención para centrar la postura de los panistas y fue el regidor Federico Zermeño quien entre sus reflexiones argumentó que el país vive momentos críticos, hay factores internos y externos que inciden en ello, en donde la imagen de los políticos está bastante denigrada, por lo que era necesario que los integrantes del Ayuntamiento se enfocaran a encontrar soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos.
Afirmó que les quedan únicamente 18 meses y que es necesario elevar la calidad y cantidad de políticas públicas municipales, así como que los ciudadanos conozcan lo que hace el gobierno. En su caso particular, reconoció que recibió después de tomar la decisión, el análisis completo de la Comisión Mixta Tarifaria.
Expuso que la confusión de los ciudadanos por el alza en las tarifas del transporte público se deriva en parte de la falta de información a la sociedad, por lo que urgió a aplicar mejores mecanismos de transparencia e información a los ciudadanos.
El propio alcalde, Héctor López Santillana, intervino y planteó que es necesario trabajar sobre un Plan Maestro de Movilidad para León que contemple otros sistemas basados en tecnología rodante (metro o tren) y la necesidad de formar un Consejo Ciudadano de Movilidad que contribuya a tomar en cuenta las recomendaciones de la sociedad para mejorar el transporte público.
¿IRREVOCABLE?
En su turno, la regidora del PRI, Norma Patricia Zúñiga, solicitó a nombre del PRI y el PVEM que se revocara el Acuerdo del Ayuntamiento donde se autorizó el alza de las tarifas.
Aseguró que jurídicamente es posible revertir el daño que provocaron a los usuarios del transporte público al privilegiar a los millonarios zares del transporte de la ciudad y hasta se burló del slogan de que crean sonrisas en caras donde antes no había.
Le volvió a responder Federico Zermeño del PAN, quien le pidió no confundir las cosas y lamentar que no entienda el llamado a la unidad en estos momentos críticos que vive el país y la ciudad. Le dio pistas para seguir la utilidad de las empresas transportistas en el SAT aunque el debate es cómo se mejora el transporte de la ciudad y no centrarse en el análisis de los costos económicos que tiene el sistema.
Intervino el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, quien insistió en el malestar ciudadano por el aumento al transporte y aclaró que sí se puede revocar el acuerdo, únicamente se requiere de mayoría de votos y cuestionó a los regidores del PAN, en especial a Bety Yamamoto (quien defendió el alza por el incremento del gobierno federal a los combustibles), si sabía la utilidad de la que habló el síndico Ayala Torres. La regidora contestó que entre un 8 y 9 por ciento de utilidad, asesorada por personal de la Secretaría del Ayuntamiento.
El regidor del PVEM, Sergio Contreras, se sumó al cuestionamiento y recordó que el aumento a la tarifa general del 22 por ciento; al pago con tarjeta del 30 por ciento y al preferencial del 14 por ciento, son un golpe a las familias que menos tienen. El transporte público no tiene calidad que se cubra con el aumento excesivo y abusivo.
Nuevamente Ramírez Argote cuestionó a los que votaron a favor de la medida, entre ellos un regidor del PRI, la razón por la cual emitieron su decisión a ciegas sin conocer siquiera cuál es la utilidad que consideró el posicionamiento de Luis Ernesto Ayala Torres. Siete horas antes de la votación del 21 de diciembre les entregaron el dictamen de la Comisión y a muchos hasta ahora ni siquiera tienen el estudio de Deloitte.
Después de otros puntos abordados por los regidores, vino la intervención del síndico Carlos Medina Plascencia, quien reconoció fallas en la información y comunicación pero pidió no perder de vista que se deben centrar en asegurar la mejoría del servicio de transporte público. Tenemos desinformación, falta de información oportuna y se requiere asumir con responsabilidad lo que pasa en redes sociales para asegurar que las versiones sean las correctas.
Aceptó que la información que generó Deloitte debió entregarse con oportunidad para hacer bien el análisis aunque consideró que la decisión que asumieron fue la adecuada y ahora deben asumir la responsabilidad, incluso el costo político que ahora enfrentan ante la ciudadanía. Finalmente, dijo que es necesario transparentar y rendir cuentas sobre los indicadores para evaluar la calidad de los transportistas en cada uno de los compromisos que asumieron para que les fuera autorizado el incremento.
Por último, se sometió a consideración la solicitud de Norma Patricia Zúñiga y nuevamente 11 votos del PAN más uno del regidor del PRI, Jesús Vázquez, fueron en contra de la medida de urgente resolución para revocar el acuerdo que autoriza el incremento a las tarifas. Se turnó, entonces, a la Comisión Mixta Tarifaria la propuesta para su análisis, en medio de la confusión por una interpretación equivocada entre la Secretaría del Ayuntamiento según los regidores de oposición.
