¿TERCERO?
Al concluir los cuatro foros de consulta que organizó el Comité Directivo Estatal del PAN para la integración de su plataforma política 2018-2024, su ponente y Presidente del Consejo Consultivo del IPLANEG así como académico del CIDE, Eduardo Sojo Garza-Aldape, afirmó que no vive de la política, que no está en busca de algún puesto público pero que si tiene ofertas para encabezar proyectos políticos como funcionario o legislador, sin precisar cuáles.
Hace más de 25 años, Sojo Garza-Aldape junto con otros investigadores del ITEMS campus León y con el apoyo de un Premio Nobel de Economía que fue su maestro, elaboraron el estudio que encargó el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia denominado Guanajuato Siglo XXI y que definió una serie de políticas públicas que han dado sustento a los gobiernos del PAN frente a los ciudadanos.
Luego de hacer el estudio se encargó de la instrumentación de los programas en la administración estatal que encabezó Vicente Fox y de ahí encabezó el grupo de coordinación que elaboró el plataforma política que los llevaría a la Presidencia de la República en el año 2000, periodo donde creó una coordinación de asesores en políticas públicas hasta 2006, cuando renunció para incorporarse a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa.
En el segundo periodo del PAN en la Presidencia de la República fue nombrado Secretario de Economía, cargo que ocupó un tercio de la administración porque fue propuesto por Calderón Hinojosa como Presidente del Inegi y que concluyó en la administración de Enrique Peña Nieto, en 2015.
Posteriormente se incorporó al CIDE donde actualmente es académico mientras que desde marzo del 2016 ocupa la presidencia del Consejo Directivo del IPLANEG, organismo donde participa el sector público y privado en la elaboración de planes y programas que sostienen las políticas públicas en Guanajuato.
Eduardo Sojo Garza-Aldape ha sido mencionado como una alternativa para el PAN ante el pleito casado que traen los dos principales aspirantes del partido a la candidatura por la gubernatura en Guanajuato, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo y Fernando Torres Graciano. Tiene el respaldo del grupo del ex Presidente Vicente Fox, del ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, y otros panistas que tienen peso en las decisiones cupulares del partido y que hoy ocupan posiciones importantes en la administración de Miguel Márquez.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, lo invitó a participar en la elaboración de la plataforma política del partido pero únicamente aceptó encabezar los foros de consulta con su conferencia sobre los avances que ha tenido Guanajuato en los últimos 25 años en que ha gobernado la entidad y hacer una reflexión sobre los desafios que se enfrentará entre 2020 y 2040. Quien arrastre el lapíz para la construcción del documento que registrará el partido ante los órganos electorales y se presentará a los ciudadanos para su evaluación será Juan Carlos Murillo.
Durante el cierre de los foros, en León, Sojo Garza-Aldape fue cuestionado si tiene interés en participar en la terna para la candidatura del PAN a la gubernatura y contestó que, por ahora, busca actualizar el estudio Guanajuato Siglo XXI con una visión de gran alcalce denóminada 20/40 pero después podrían venir otras alternativas.
Contrastó su caso con otros que quieren ser candidatos, y dijo que en su momento verá donde lo que sabe tiene mayor valor agregado sin descartar que ya ha recibido ofertas para encabezar proyectos en el Congreso o en el Poder Ejecutivo.
Lo que no puede pasar desaparcibido para los panistas que si buscan con pasión la candidatura del PAN es que quizás sin querer, Andrade Quezada ya les metió cuña a sus aspiraciones porque durante los cuatro foros en que el presidente del IPLANEG ha participado, lo han conocido panistas de todo el estado, es decir, ya lo conocen bien y saben que tiene elementos suficientes para ser una buena opción si fuera necesario.
Además el mensaje central de quien se menciona como una tercera opción dentro del PAN, aunque ahora diga que no quiere, es que el partido transformó el estado de los rezagos históricos que tenía Guanajuato con el PRI en desarrollo económico y social, infraestructura y movilidad, transparencia y rendición de cuentas y hasta buen gobierno.
La presentación de Sojo Garza-Aldape de números positivos sobre el desempeño de Guanajuato, los faltantes son “desafios” por atender, son el punto de partida para la construcción de una plataforma política que tiene como agenda central otras dos décadas más del PAN para el estado y quizás el sexenio que sigue con él a la cabeza, no hay que perderlo de vista.
CONTRAPESOS
Otro ex integrante del equipo foxista, el presidente de la Fundación Colosio del PRI en Guanajuato, José Luis Romero Hicks, organizó un foro en León, este fin de semana, para reflexionar sobre la corrupción, transparencia y rendición de cuentas con un grupo de destacados expertos quienes aportaron una aproximación a los rezagos y retos que enfrenta el estado y el país en la materia.
Estuvieron en este foro, el ex Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y catedrático de la Universidad de Guanajuato, Manuel Vidaurri Arechiga; el ex presidente del IFE y director de Integralia Consultores,Luis Carlos Ugalde Ramírez y el ex Secretario de Gobierno en la administración estatal pasada y presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez.
El ex Secretario de Finanzas del Estado, en la administración de Vicente Fox, Romero Hicks cuestionó los indicadores de transparencia y rendición de cuentas en Guanajuato, según los últimos indicadores que ofrecen encuestadoras como Consulta Mitofsky y planteó que los estados también están obligados a cumplir con el Pacto por México en donde se acordó avanzar en los sistemas locales anticorrupción y la autonomía de los órganos responsables de la transparencia y rendición de cuentas.
En su exposición Gerardo Mosqueda Martínez, planteó que la corrupción es una grave enfermedad que padece el país y criticó que los gobiernos crean que rendir informes es transparencia. Lo que se necesita son gobiernos abiertos, transparentes para que los ciudadanos conozcan en tiempo real, con las herramientas tecnológicas disponibles, cómo se aplican los recursos públicos con un fácil acceso. No es necesario gastar millones de pesos en informar lo que ha nadie le interesa y quien recibe un solo peso del presupuesto público debe ser sujeto de la rendición de cuentas.
En su intervención, Manuel Vidaurri Arechiga, reconoció que hay un avance en las dos últimas décadas en materia de reformas constitucionales en transparencia y rendición de cuentas, lo que abrió posibilidad de acceder a la información de lo que hace el gobier. Falta un ejercicio ciudadano para ejercer este derecho a la información que consagra la ley, a pesar del andamiaje que existe no hay confianza hacia las autoridades en este tema.
Luego, Luis Carlos Ugalde, explicó que aún cuando la corrupción no es un fenómeno nuevo en México, siempre ha existido, el escándalo de la Casa Blanca puso en contexto real y entendible lo que significa esta práctica de los gobernantes. En el caso de Guanajuato, se dijo sorprendido de las evaluaciones e indicadores sobre calidad de gobierno y corrupción, donde los ciudadanos no hacen una buena calificación de las autoridades a pesar del desarrollo económico que se ha logrado.
Centró su exposición en la corrupción política expresada en malversación de fondos o peculado como en el anterior gobierno de Veracruz y otros estados, el soborno que se paga a funcionarios para ganar obras, el tráfico de influencias a través del uso político para influir en la entrega de permisos o una decisión judicial y la obstrucción de la justicia para beneficiar a un grupo de interés o amigo, como las formas más recurrentes entre los gobiernos.
Al final de las exposiciones hubo tres grandes conclusiones para los panelistas: Se requiere imaginar una nueva realidad donde se hable de honradez y confianza para avanzar en el combate a la corrupción pero no deben ser únicamente palabras, debe haber un respaldo en hechos concretos y verificables; se tiene que aplicar mejor la legislación anticorrupción y de transparencia y rendición de cuentas y finalmente se debe combatir la complicidad de politicos y gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para acabar con la impunidad en el nuevo sistema anticorrupción, nacional y local.
SANCIONES
La Presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Hernández Cruz dio a conocer que es necesario establecer un sistema de sanciones penales que permitan prevenir la corrupción y castigarla en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.
Propuso castigar de 2 a 10 años de cárcel a los funcionarios que cometan actos de corrupción en una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que será analizada por el resto de las fracciones parlamentarias. Aunque también habrá castigos a los particulares que caigan en los supuestos jurídicos penales de corrupción.
Además se van a establecer los tipos penales que permitan castigar a quienes son responsables de regular y castigar a quienes comentan faltas en el debido juzgamiento de los hechos de corrupción, en el proceso de investigación, procuración de justicia y en la fase jurisdiccional, según explicó ayer la legisladora del PAN.
Otra de las propuestas abarca sancionar a legisladores e integrantes de los Ayuntamientos que reciban dádivas o promesas para gestionar la asignación de recursos a favor de un ente público o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de particulares. En el caso del delito de tráfico de influencias se incluye el delito de precavirato con una pena de prisión de 2 a 8 años.
Hay que esperar en que termina el dictamen de esta iniciativa una vez que diversos expertos han criticado que los sistemas locales anticorrupción serían letra muerta si no hay un real combate a la impunidad de quienes cometen actos ilíticos al amparo de su puesto o por el mal uso de los recursos públicos. Y en este sentido, juega un papel fundamental otorgar autonomía e independencia a los órganos responsables de combatir la corrupción para poner fin a la simulación entre partidos y gobierno así como tipificar los delitos con sanciones más severas, como las que propuso ayer la legisladora panista.
