¿ANÓNIMO?
El segmento matutino de Noticieros Televisa, del que es titular el conductor Carlos Loret, presentó un reporte especial sobre la compra no autorizada que hizo el gobierno del estado de Guanajuato de insulina (Bonglixan) procedente de China, la cual se asegura fue inservible y se suministró a pacientes del sector salud durante seis meses.
Se habló de contratos con dos empresas proveedoras, Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, por casi 4 mil millones de pesos y que según la versión del noticiero, no cumplían con los requisitos.
En el propio espacio del noticiero, el secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, y el subsecretario de Finanzas, Inversión y Administración, Ángel Isidro Macías Barrón, defendieron dos puntos básicos en la contratación de las empresas proveedoras de los medicamentos que surten a los afiliados al Seguro Popular en Guanajuato, el primero relacionado con un proceso transparente de adquisición que supervisa el gobierno federal por ser una partida de su presupuesto y segundo, que no se compra ningún medicamento que carezca de una autorización expresa de Cofepris, organismo que depende de la Secretaría de Salud.
En el caso relativo a la insulina de manufactura china, se aclaró que en 2013, cuando salió a la luz este caso, se solicitó a los proveedores de medicamentos que las retiraran y se sustituyeran por otras a pesar de que cumplían con los requisitos establecidos por la Cofepris.
Además se hace énfasis en que el gobernador panista de Guanajuato (Miguel Márquez) ha asignado de manera directa tres contratos a las dos empresas proveedoras a quienes se acusa de incumplir con el abasto de medicamentos. Adicionalmente, toma el testimonio anónimo de un médico no identificado.
El secretario de Salud de Guanajuato dijo al conductor que el medicamento no era pirata como lo argumentó en su pregunta inicial, además de que estaba en el cuadro básico autorizado por Cofepris y que pasó por las pruebas que marcan las normas sanitarias para el control de enfermedades crónicas, como la diabetes. Los pacientes nunca estuvieron en riesgo, afirmó.
Luego el subsecretario de Finanzas, Inversión y Administración explicó el estatus de las empresas ganadoras de las licitaciones y la adjudicación directa para el abastecimiento de medicamentos en Guanajuato, según lo marca la ley federal. Las empresas ganaron por haber ofrecido los mejores precios y condiciones para surtir los medicamentos, afirmó.
Pero detrás de la historia que presentó el noticiero hay otros elementos que vale la pena mencionar para ubicar dónde pudo instrumentarse la campaña contra el gobernador Miguel Márquez: la empresa perdedora en la licitación y cuya familia ha hecho un emporio económico con una franquicia política y una cadena de farmacias genéricas a base del chantaje de quienes no le compran sus medicamentos.
La empresa perdedora no logró obtener ningún contrato en Guanajuato, a pesar de que entre la contraprestación había ofrecido financiar hasta una campaña política a la Presidencia de la República, porque fue la que menos cartas de garantía de los laboratorios pudo presentar (un requisito que establecía la propia licitación pública nacional) y no pudo influir en la decisión del comité de adquisiciones donde participan organismos de la sociedad civil y los órganos de transparencia federales y estatales, al ser un recurso que manda la federación para la adquisición de medicamentos.
Esta campaña ya la tenía identificada el gobierno estatal porque el chantaje político es una de las principales armas de la familia que se ostenta como dueña de otra franquicia política y seguramente sus seguidores en Guanajuato tratarán de hacer eco en la localidad con su historia basada en un testimonio anónimo.
Apenas el 4 de febrero se informó sobre las dos empresas a quienes se asignaría la compra de medicamentos por un monto de mil 600 millones de pesos para la adquisición de 636 claves y medicinas más 450 de materiales de curación.
Al menos de manera inicial, no será el último golpe mediático de los perdedores, falló la estrategia para mostrar al gobernador Miguel Márquez como al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está acusado por dar tratamientos falsos a los pacientes de aquella entidad.
Respecto al medicamento que se hace alusión, insulina hecha en China, es distribuido en México por Landstainer, con sede en Toluca, y tiene registró de la Cofepris y la Secretaría de Salud federal, sin que hasta la fecha se haya detectado un efecto en los pacientes con diabetes. Tan es así que las instituciones del Sistema de Salud federal compraron el medicamento en 2015.
FINAL
La Coparmex Zona Metropolitana de León difundió ayer las 517 propuestas que realizaron los organismos de la sociedad civil durante los foros que se realizaron en los centros empresariales afiliados al organismo en 33 ciudades del país, durante los meses de enero y la primera semana de febrero.
Algunas de las organizaciones que participaron fueron Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Causa en Común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, Oxfam y Transparencia Mexicana, por mencionar algunas.
En el ejercicio de integración de las propuestas se eligieron 20 que resumen las coincidencias entre las organizaciones de la sociedad civil y que se aglutinan en cuatro líneas de acción: la necesidad de cambiar la forma y fondo en la manera de construir los acuerdos; conformar una sola agenda que atienda de manera integral los temas de transparencia, anticorrupción y combate a la impunidad; vigilar el gasto público y cuidar que el gasto social sea ejercido de manera profesional y que tenga el impacto donde más se necesita.
El documento completo con las 20 propuestas fue entregado al Consejo Coordinador Empresarial para que se entregue al gobierno federal y sume la voluntad de más organizaciones del sector privado en esta búsqueda de un mejor futuro para el país.
Entre las más importantes propuestas que presentó la sociedad están identificar y dar seguimiento a los excedentes del IEPS de combustible; publicitar los recurso recaudados por cuotas obrero-patronales de la seguridad social; tener un calendario de implementación sobre la dignificación del transporte público; crear un sistema nacional de programas sociales y un padrón único de beneficiarios así como definir una ruta que asegure la clave única de identidad.
Además eliminar los programas sociales que no funcionan o se duplican; identificar y transparentar las prestaciones que reciben los servidores públicos y suprimir privilegios; identificar partidas del gasto operativo excesivas y asegurar que los recortes al presupuesto sean efectivos; depurar la nómina de servidores públicos para eliminar pagos irregulares o ilegales y que los fondos que se transfieren a estados y municipios tengan reglas de operación para asegurar su correcta aplicación.
También eliminar fondos discrecionales y duplicados del ramo 23; crear un registro único de programas, fondos y convenios que transfieren recursos federales a gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y personas beneficiarias; que la PGR informe los casos contra funcionarios y particulares involucrados en casos de corrupción y asegurar la operación de los 33 sistemas anticorrupción.
Finalmente, se incluyen otras propuestas como reportar las contrataciones públicas de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno (municipio, estado y federación), establecer un consejo fiscal independiente para el manejo de las finanzas públicas; la recuperación gradual del salario mínimo; tasa cero de impuestos a personas que ganan entre 7 mil 500 y 14 mil pesos además de crear un plan para asegurar la competencia entre gasolineras.
Uno de los puntos más relevantes del documento elaborado por Coparmex es que debe existir un ejercicio íntegro en el gasto público, el cual tendría que ser auditado por los ciudadanos para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas.
RESPUESTA
El gobierno municipal y estatal, van a presentar ante la opinión pública una explicación sobre la ola de homicidios que se han registrado en la ciudad desde el año pasado y que se acrecentaron en 2017, a la par de una estrategia para reforzar los operativos de seguridad pública.
Ayer, el alcalde Héctor López Santillana dijo que sostuvo una charla con el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa, en la cual acordaron ofrecer información precisa sobre este fenómeno delictivo y la respuesta que darán las autoridades ante estos hechos.
El martes pasado, al concluir una reunión con los empresarios del ramo de la consultoría explicó que desde el asesinato de una persona en mayo de 2016, se desató una ola de homicidios que tiene preocupados a los leoneses.
Con anterioridad, la Secretaría de Seguridad Pública de León había informado que la mayoría de los homicidios estaban relacionados con los grupos de la delincuencia organizada y que las víctimas tenían antecedentes penales por delitos contra la salud. Se encontró un mismo patrón en algunos asesinatos, los cuales estarían ligados al control de narcomenudeo en esta ciudad.
Por su parte, el gobernador Miguel Márquez reiteró que habrá el apoyo y respaldo necesario al gobierno municipal para atender esta situación que se vive en la ciudad a fin de restituir el orden y la paz social.
Además insistió en que muchos de los homicidios se dan entre los propios grupos de la delincuencia organizada por lo que reiteró su llamado a los legisladores federales para endurecer las sanciones y castigos a quienes porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Falta ver como se suman los cuerpos federales a la atención de esta situación compleja en León, una vez que es su responsabilidad enfrentar al crimen organizado con la colaboración de las autoridades municipales y estatales.
