El gobierno del estado reconoció que son alrededor de 70 mil Dreamers de origen guanajuatense que ser verían afectados por el anuncio de suspensión del programa DACA, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos y que tiene un plan de apoyo para atender esta situación.
Ayer en Celaya, el gobernador Miguel Márquez afirmó que los Dreamers tendrán mecanismos de apoyo para que se les reconozcan sus derechos en Estados Unidos y en caso de que se vean forzados a regresar, que dispongan de programas que les permitan su incorporación a la escuela o al trabajo.
El gobierno de Donald Trump ordenó suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que protegía de la deportación a alrededor de 800 mil jóvenes, de los cuales 618 mil son de origen mexicano, que habían llegado a ese país cuando eran niños. El Congreso de ese país tendrá seis meses para definir una nueva ley migratoria.
Este miércoles, en el marco de una reunión con los integrantes del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, el gobernador Miguel Márquez envió un mensaje de apoyo a los Dreamers y ofreció el respaldo de las casas y clubes de Guanajuato en la Unión Americana, en donde podrán acercarse a recibir asesoría legal.
Las autoridades federales y estatales tienen confianza en que el Congreso de Estados Unidos pueda resolver la estancia legal de los Dreamers ante la incertidumbre y miedo que viven las familias a ser separadas por la desición de la administración de Trump.
El martes en la noche, el Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y su Familia emitió una postura en la que detalló una serie de mecanismos que van a permitir atenuar el impacto de la repatriación de los Dreamers al estado. Se incluyen apoyos desde becas, revalidación de estudios, inclusión laboral, capacitación y hasta otros relacionados con abrir negocios.
En este sentido, el gobierno federal, a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien se encuentra en China en una gira de trabajo, reconoció que la medida tendrá que cumplirse en un plazo de seis meses, por lo que habrá incertidumbre para los mexicanos que se encontraban dentro de este esquema migratorio que ponía a salvo su permanencia en territorio estadounidense.
El funcionario resaltó la contribución económica y cultural de los Dreamers a la vez de adelantar que se buscará la vía diplomática para que con apego a derecho internacional, el Congreso de los Estados Unidos otorgue certidumbre jurídica a los más de 600 mil mexicanos que se encuentran con el riesgo de ser repatriados.
También se brindará asesoría legal y representación jurídica a través de los 50 consulados que tiene México en los Estados Unidos mientras que en nuestro territorio se va a integrar una nueva bolsa de trabajo para ofrecer empleos aquí.
A las autoridades federales y estatales no les quedará de otra que preparar un plan de contingencia que permita atender la repatriación masiva de mexicanos, si es que el Congreso de los Estados Unidos no encuentra una salida legal al problema. Los trabajos que se ofertan en México junto con los espacios en las escuelas no van a ser suficientes para atender a los Dreamers que retornen al país.
Por lo pronto 15 estados de la Unión Americana ya anunciaron que interpondrán recursos contra la medida adoptada por el presidente Trump, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Congreso de la Unión buscarán el cabildeo con los congresistas estadounidenses para que antes de que concluya el plazo dado para concluir el DACA, se otorgue certidumbre jurídica a los jóvenes que fueron llevados por sus padres de manera ilegal al vecino país del norte.
Mientras esto sucede en México, en los Estados Unidos crece el repudio a la medida instrumentada por el gobierno tal y como se ha visto en las manifestaciones públicas de los Dreamers y sus familias. Lo más condenable de la acción es separar a las familias por una decisión política del presidente Trump.
DEBATE
El pleito que trae el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, con el gobierno federal y el PRI por el pase automático del titular de la PGR como nuevo Fiscal General de la Nación, no solo ha derivado en cisma con un grupo de panistas que están en el Senado de la República (Ernesto Cordero como cabeza visible) sino que podría tener consecuencias para el grupo de poder en Guanajuato.
El presidente nacional del PAN acusó al gobierno federal y al PRI de iniciar una campaña de desprestigio en su contra con señalamientos de presunto enriquecimiento inexplicable por oponerse al pase automático de Raúl Cervantes como titular de la PGR a la nueva Fiscalía General.
Pero en este lance no midió lo que pasaba en los estados que gobierna el PAN porque las leyes locales en la materia se hicieron a semejanza de la reforma constitucional, y que en uno de sus artículos transitorios definía el pase automático de quien ocupe la titularidad de la PGR a la Fiscalía General, es decir, que quienes ocupen actualmente las Procuradurías Estatales pasarían igual, en automático, como nuevos Fiscales.
El Consejo Coordinador Empresarial de León y la Coparmex Zona Metropolitana de León ya tenían este tema en la agenda desde hace varias semanas, relacionado con el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, y habían planteado la inquietud a los integrantes del Congreso del Estado. No se debe permitir el nombramiento para la nueva figura de la Fiscalía General del Estado a modo del partido en el poder, fue el planteamiento concreto del sector empresarial de León.
Pero el asunto escaló nuevamente cuando se hizo pública la posición del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sobre el asunto federal. El gobierno del estado informó el lunes pasado que mandaría al Congreso local, una iniciativa para eliminar el pase automático del Procurador Carlos Zamarripa Aguirre como nuevo Fiscal General en Guanajuato.
El debate creció luego de la declaración de algunos legisladores del PAN de que como está la ley actual, Zamarripa Aguirre se convertiría en el Fiscal General pero que una vez que recibieran la iniciativa del Poder Ejecutivo se revisaría. El asunto de fondo es que el PAN tiene la mayoría en el Congreso del Estado y podría sacar fácilmente el nombramiento de Zamarripa Aguirre si el Poder Ejecutivo lo propone en la terna, como reveló este miércoles otro legislador de ese partido.
A este debate se sumaron en León, el Colegio de Abogados de León que mantiene la postura de que legalmente, el actual Procurador de Justicia de Guanajuato puede ser el nuevo Fiscal General aun cuando no sea en automático su nombramiento. No hay un impedimento legal para que pueda participar en la terna de donde saldría el nuevo Fiscal General.
En contraste, el Observatorio Ciudadano de León y de los organismos adheridos al Consejo Coordinador Empresarial, mantienen la postura de que es necesario renovar la figura del Fiscal General con una persona que no sea el actual Procurador. El motivo es que se debe dejar el espacio a un personaje que no tenga ligas con los partidos políticos ni el gobierno para evitar caer en la impunidad en la impartición de justicia.
En medio de este debate, ayer, la legisladora del PAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo, explicó que el 11 de septiembre se va a turnar la iniciativa y la terna por parte del Poder Ejecutivo, ante la Comisión Permanente, y luego, después de que se instale el periodo ordinario de sesiones, el 25 de septiembre, se someterá al pleno la reforma para definir al nuevo Fiscal General.
Dejó abierta la posibilidad de que Zamarripa Aguirre pueda participar en la terna que se proponga ante el Congreso del Estado, no se puede descartar, aunque eso ya depende de si acepta registrarse o no.
ANUNCIO
La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural informó que dentro del programa denominado “Plan Maíz por México”, la compañía Nestlé anunció la compra de maíz y trigo a los productores locales que operan el programa MasAgro.
En este evento estuvieron el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paolo Rosales Bañuelos; el subsecretario de Agricultura de Sagarpa, Jorge Narváez; la directora general de CIMMyt, Marianne Bänziger; el director regional para América de CIMMyT, Bram Govaerts así como ejecutivos de Nestlé.
Este programa MasAgro, nació en la pasada administración federal a través de un convenio entre el gobierno mexicano y el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMyT) para favorecer el desarrollo productivo de los pequeños agricultores mexicanos a través de la transferencia de tecnología y semilla mejorada con esquemas de producción sustentable.
El convenio se firmó este martes entre las autoridades estatales y federales, Nestlé y CIMMyT, en Texcoco, Estado de México, donde se ubican las instalaciones del Centro que tiene la reserva de semillas de maíz y trigo más importante en el mundo. Este lugar es uno de los legados del Premio Nobel (1970), Normal Borlaug, considerado el padre de la agricultura moderna y la revolución verde, al desarrollar semillas híbridas en la producción agrícola y que salvaron millones de vida de la hambruna en el mundo.
El monto total del proyecto rebasa los 5 millones de dólares que serán aportados por la compañía privada, la Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato e instancias internacionales. El proyecto en el Bajío beneficiará a 2 mil 200 productores guanajuatenses y generará una derrama económica hasta por mil millones de pesos al año, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades.
Los productores agrícolas de menor escala van a poder incrementar sus ingresos vía la productividad y menores costos de producción; durante el proceso van a contar con la asesoría técnica del programa MasAgro, apoyo para adquirir semillas y hasta infraestructura para la comercialización.
Este programa de compras a los productores de maíz y trigo de Guanajuato se podría incrementar en los siguientes años una vez que la demanda de las empresas supera las 175 mil toneladas de maíz y 50 mil de trigo y que se emplean para la producción de cereales y alimento para mascotas. En un mes ya saldrán las primeras cosechas de los granos.
Aparte de apoyar la comercialización del grano, el programa ayudará a modernizar la agricultura tradicional en la región del Bajío; con este esquema nuevo, los productores podrán consolidar sus unidades agrícolas porque serán más productivas, rentables y sustentables al estar ligadas a un mecanismo de comercialización.
