Hay entidades jurídicas que dada su importancia, deben depender de órganos soberanos del Estado y no de la disposición que tengan los ciudadanos para donar o no, para su manutención. Desde hace tiempo, las tendencias conservadoras proponen la supresión de recursos públicos para el sostenimiento de los partidos políticos, sugerencia que toma cuerpo por ser iniciativa del ala conservadora del partido mayoritario.
Es indiscutible que existen dos áreas en la vida jurídica del Estado, la privada y la propuesta de los partidarios de nacionalizar todo. Nuestro país optó por una decisión ecléctica, que ha recibido grandes presiones de los países con tendencias dominantemente conservadoras, para optar por la privatización de todo lo que exista o pueda existir en el territorio nacional.
La historia económica de México es en gran parte la disputa por el poder entre quienes proponen una postura intermedia entre la privatización total y la tercera, vía propuesta por las tendencias de protección social. Es evidente que toda sociedad está compuesta por individuos, pero también que éstos no subsistirían sin el conjunto que forma la población y da valor especial a los bienes y servicios.
Privatizar o empobrecer a los partidos políticos, implica fomentar la desigualdad. En el caso de la política, hacer aún más grande la brecha entre los privilegiados y los desposeídos. La posibilidad de votar y ser votados, se cancela cada día, para un número creciente de ciudadanos que lo son sólo de nombre, a quienes la credencial para votar, les sirve sólo para cubrir trámites.
Lo importante es fortalecer los partidos políticos con leyes más exigentes a la hora de destinar los recursos públicos. Convertir a los diputados en defensores de la Constitución, sería una reforma que revalorIzaría la representación política y ayudaría al poder ejecutivo a democratizar realmente a la sociedad, fundada en el conocimiento y aceptación de sus deberes cívicos.
La sociedad deber organizarse mediante un trabajo consciente y constante de los militantes y cuadros de los partidos políticos, para evitar que la enajenación siga produciendo los estragos que ahora sufrimos.
El mérito debe privilegiarse para evitar el uso patrimonialista del poder y evitar que los poderes de hecho, impidan el progreso institucional del país.
No es posible transitar por el mismo camino. Crear condiciones para reivindicar la elevada función de los partidos políticos, es inaplazable y, una ley de partidos políticos que propicie la democracia como forma de vida, fundada en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo, debe ser el modelo para una reforma auténtica de la vida social y política de la nación.
