El gobierno de Miguel Márquez Márquez no sólo oculta empresas fantasmas debajo del tapete, también esconde, entre números rimbombantes de jauja económica, la mala administración que han hecho de los recursos federales: el subejercicio de 2011 a 2015 ronda los 8 mil millones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Es una pena que habiendo tantos recursos federales no se utilicen, o los hayan empleado de manera incorrecta. La administración estatal no ha solventado 917.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de las Entidades Federativas (FAFEF) -incluidos 302 millones de 2016-, mientras que faltan por justificar otros 857.9 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) faltan por comprobar 21.1 millones de pesos, mientras que del Seguro Popular hay 3.7 millones sin solventar, a los que se deben sumar otros 10.3 millones de 2016.
Además de que no han justificado estos recursos, también han simulado reintegros. Por eso, la ASF promovió, entre 2012 y 2015, 41 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios de la actual administración. En este rubro es importante que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) detalle en qué van estos procesos: cuántas denuncias se han interpuesto, cuál es el estatus de cada observación, o si ya han determinado sanciones.
Ante el cúmulo de observaciones y la falta de acciones por parte del órgano de control del estado, es evidente que le están apostando a la prescripción de estas conductas; quieren evitar, a toda costa, que se paguen las omisiones o incompetencias ya sea por la vía administrativa, civil o penal.
Este es un problema que el gobernador no puede ni debe evadir. Si realmente está comprometido con el combate a la corrupción, bien podría empezar limpiando su propia casa.
¡Felices fiestas! Nos leemos la próxima semana.
