Nuestro artículo 17 de la Constitución, expresamente manifiesta que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Si así lo fuera, la sociedad sería un caos, un verdadero desorden generado por esa falta de Estado de Derecho: todo mundo cobrando cuentas atrasadas con lujo de violencia, comportamientos carroñeros dignos de aves de rapiña, robos, hurtos, muertes. Afortunadamente existe el marco normativo que impide el ejercicio arbitrario del propio derecho, la fuerza bruta. El viejo enciclopedista francés, Jean Jaques Rousseau, en su obra “el contrato social”, solía decir: “Que no te disfracen tus cadenas con flores… el hombre ha nacido libre, y por dondequiera se encuentra sujeto con cadenas”.
El tema de la procuración de justicia es un tema por demás trillado, comentado en noticieros, en las paradas de autobuses, en las reuniones sociales, en las mismas instalaciones de las agencias del Ministerio Público, de los juzgados, donde rara vez se ve una sonrisa, con un ambiente grisáceo, monótono, donde la justicia y la aplicación de la ley son temas secundarios generadores de tensión, de audiencias largas y tediosas que a nadie agradan. La víctima vuelve a ser victimizada, victimizada por el sistema que le acaba de quitar otro día más de trabajo, victimizada por el tribunal que le exige que se presente por enésima vez a su audiencia, sin importarle que el patrón amenace con despedirla si vuelve a faltar, victimizada por el Ministerio Público, quien al menor descuido parece estar acechando al usuario para archivarle su expediente por falta de elementos probatorios, qué, dicho sea de paso, fue su personal ministerial quien debió de acercarlos (recordemos que la labor de la víctima es denunciar, pero la obligación de investigar compete al Ministerio Público), victimizada por los elementos policiales, quienes amablemente persuaden a la víctima a no interponer su denuncia, ya que para ellos, una puesta a disposición equivale a largos trámites y horas extras no pagadas, después de una ardua jornada laboral de 12 doce horas ininterrumpidas durante toda una noche, y que a final de sus funciones tengan que enfrentarse a un “informe policial homologado”, llenado con tecnicismos que ni ellos mismos entienden.
La pregunta obligada es: ¿realmente se procura justicia? La cifra negra nos indica otra cosa. Las personas ya no acuden ante las autoridades en busca de ayuda, ya que saben que al final, sólo perderán su tiempo, y en varios casos hasta su honorabilidad, ya que el victimario, al salirse por el camino fácil que las propias leyes le han abierto, -en contubernio con la poca disposición de las autoridades de hacer lo que les corresponde- vuelve a burlarse de la víctima, al echar en cara que las autoridades “no le hicieron nada”, colgándole el evento a su omnipotencia, bajo la desgastada frase “a mí no me hacen nada, yo tengo influencias”, cuando la verdadera realidad es que su única influencia es la incompetencia de los encargados de procurar y administrar la justicia, los que deberían de velar por la seguridad de un pueblo cansado, desesperanzado, temeroso.
Las cifras oficiales van a la baja, pero las cifras negras son realmente alarmantes. ¿La razón? Las cifras negras no pueden maquillarse, y la sociedad ya no se traga el viejo cuento de “policías más capacitados”, ya que no se puede capacitar a alguien en una rama tan importante como lo es la seguridad pública, en sólo 15 días. No se puede volver a alguien experto en investigaciones policiales con sólo un curso de 6 meses. Si comparamos los más de cuatro años que se requieren para ser licenciado en seguridad pública, nos damos cuenta que estamos a años luz de un verdadero experto en seguridad, y ya ni decir los más de cuatro años para la licenciatura en criminología, para apenas tener las bases para un buen personal experto en pesquisas policiales.
A pesar de haber pasado ya más de 200 años, creo que el Maestro Rousseau volvería a repetir con más enfado que nunca, “que no te disfracen tus cadenas con flores”.
