RECTORÍA
El Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, presentará este miércoles su informe de labores 2016-2017, en donde destaca el incremento de un 14 por ciento en la matrícula estudiantil desde que asumió el cargo a la fecha.
Este es un logro significativo porque se abrió la posibilidad a los jóvenes guanajuatenses de tener una oportunidad para continuar sus estudios de nivel superior, tan solo para el ciclo escolar 2017-2018, la Universidad de Guanajuato tiene una matrícula de 38 mil 906 estudiantes, contra los 34 mil 176 que había en 2015, cuando Guerrero Agripino fue nombrado como nuevo Rector General.
Para este ciclo escolar se abrió el espacio para 14 mil 108 estudiantes de nivel medio superior y 24 mil 798 para estudiantes de nivel superior, lo que da un total de 38 mil 906 y que comparado con el ciclo anterior representa un crecimiento del 6.4 por ciento, una vez que estaban inscritos 36 mil 569 estudiantes.
En el caso del nivel superior, que incluye licenciaturas y posgrado, se registra un crecimiento del 7.1 por ciento; esta tasa es superior al promedio nacional de crecimiento de la matrícula de educación superior, que se ubica en un 4.4 por ciento, así como del promedio de crecimiento observado en las universidades públicas estatales donde apenas es del 3 por ciento.
Pero hay otros resultados que ofrecerá el Rector General de la Universidad de Guanajuato y que no deben perderse de vista como es el reconocimiento del que goza esta institución educativa por su calidad y excelencia académica.
Por ejemplo, la Universidad de Guanajuato tiene 986 profesores de tiempo completo y 2 mil 459 de tiempo parcial; el 85 por ciento de sus maestros del nivel medio superior cuentan con posgrado y el 77 por ciento con doctorado.
Además son 600 docentes quienes ya están certificados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP y tiene ya 59 de los posgrados reconocidos por el Programa Nacional del Conacyt más 8 por instancias internacionales.
Dispone de un programa de investigación con más de 500 académicos que ya pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y las escuelas de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato superan la media nacional respecto a notas favorable y de excelencia de la prueba PLANEA.
Estos indicadores junto con otros relevantes en la evaluación de las universidades públicas, le permitió ascender tres posiciones en el Ranking América Economía 2017.
Por otra parte, durante la gestión de Guerrero Agripino se duplicó el número de beneficiarios provenientes de municipios que no cuentan con alguna sede de la Universidad de Guanajuato bajo el esquema que ofrece el Programa de Equidad Regional.
A los estudiantes se les amplió el servicio gratuito de transporte universitario; se creó un fondo de apoyo a la trayectoria estudiantil para atiende situaciones de vulnerabilidad; se incrementó el fondo institucional para becas y creció el programa de pase regulado, que asegura la continuidad de talentos de nivel medio superior en la Universidad.
Finalmente, hay otros tres rubros donde se han registrado avances importantes en la gestión actual de la Universidad de Guanajuato y que tienen que ver, primero, con la promoción cultural y artística como es la gira de la Orquesta Sinfónica en Europa a propósito de sus 65 años; el avance en la reforma a la reglamentación de la Universidad, en un proceso que concluye hasta el 2018 y los convenios con municipios y estado para fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria en sus sedes.
REZAGO
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos organizó en León el XI Foro Regional Gubernamental bajo el tema de “Disciplina Financiera y Transparencia, Ejes de un Buen Gobierno”, y en donde se puso en evidencia el rezago que tienen estados y municipios para cumplir con ambas disposiciones de cara a los ciudadanos.
Dos de las conferencias llamaron la atención de los más de 250 expertos fiscales públicos y privados que asistieron a este foro en el hotel Hotsson de León, el primero tiene que ver con el cumplimiento de las entidades gubernamentales con la reforma de disciplina financiera para estados y municipios y el segundo con los mecanismos obligatorios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
En el primer tema, una de las representantes de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, planteó la necesidad de que los estados y municipios se preparen bien para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que vigilan la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero a través de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios que entró en vigor en abril de 2016.
A través de este mecanismo, las autoridades tienen la obligación de presentar alrededor de 53 reactivos en el caso de municipios y 63 en el caso de estados donde se disponga información sobre proyectos, información contable y presupuestal, ejercicio de gasto, cuenta pública y medidas de disciplina financiera entre otros.
El problema es que apenas se desarrolló este año una plataforma armonizada para que los estados, que tienen la obligación de subir la información desde 2016, y los municipios, que tendrán que hacerlo a partir de 2017, integren los datos y sean públicos para evaluar la aplicación de recursos.
También falta definir un sistema de alertas oportunas que prevengan debilidades y deficiencias en la fiscalización de los recursos públicos, que luego deriva en actos de corrupción como los que se ven en las entidades donde hoy se persigue a los gobernadores que dieron mal uso al dinero de la sociedad.
El llamado a quienes participaron en el foro y que tienen una responsabilidad dentro de algún órgano de fiscalización es que deben fortalecer la capacitación para instrumentar este mecanismo de disciplina financiera y el sistema de alertas.
Por otra parte, se abordó un problema de fondo que no han podido resolver las nuevas reformas constitucionales en materia transparencia y rendición de cuentas, la disminución de los actos de corrupción y el desvío de recursos públicos aunque apenas se va a instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción.
En este tema, la titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y una de las integrantes del comité de selección del Consejo de Participación Social del Sistema Nacional Anticorrupción, Patricia Cantero, consideró que hay avances en cuanto al escrutinio de las finanzas públicas pero aún es insuficiente.
Existen alrededor de 8 mil entes públicos que tienen la obligación de abrir la información a la sociedad para que se supervise su recaudación, presupuestación y gasto a través de información contable veraz, oportuna y entendible. En esta tarea la participación de la sociedad es fundamental para cuestionar las decisiones de las autoridades o verificar si hay una correcta aplicación de los impuestos.
El reto que se tiene en materia de transparencia y rendición de cuentas es que los entes obligados a abrir la información, tienen que asumir el compromiso de hacer entendibles los datos y no dejar que únicamente se pueda interpretar por expertos financieros y contables. Aún existen asimetrías en la información fiscal, presupuestal y contable de los gobiernos y es una asignatura pendiente porque los problemas persisten.
Si no se mejora la calidad de la información, los ciudadanos van a seguir ajenos de la supervisión de sus autoridades y es necesario dar la vuelta a esta situación porque entonces la transparencia no va a servir a pesar del costo económico y administrativo, que finalmente asume la sociedad.
Pero si se reducen los espacios a la opacidad, los ciudadanos van a tener una injerencia directa en disminuir los actos de corrupción y el desvió de recursos con las nuevas herramientas disponibles y que se integran dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, la experta consideró que falta avanzar en el tema de archivos y protección de datos personales para cerrar la pinza a las reformas constitucionales en transparencia y rendición de cuentas.
INFORMES
El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, presentó ayer un calendario preliminar de informes del alcalde, legisladores federales y locales, solamente faltaron los senadores y algunos diputados que no han confirmado, y que tendrán que ser antes del día 8 de septiembre. Esto es únicamente para legisladores que tienen los distritos con sede en León.
Lo anterior, porque el partido quiere ser muy respetuoso de los lineamientos del INE respecto a poner una cancha pareja a todos aquellos que aspiren a un puesto de elección popular en el 2018 y donde se ubican varios de los actuales representantes del PAN. Además de que se quiere evitar que sean acusados de actos anticipados de campaña por los partidos de oposición.
Quienes ya confirmaron la fecha de su informe de labores son, en primer lugar, el alcalde Héctor López Santillana, quien apartó el día 5 de septiembre ante los ciudadanos y el día 6 ante los panistas en el Comité Directivo Municipal.
Los legisladores locales Éctor Jaime Ramírez Barba, Libia Denisse García Muñoz Ledo, Juan Carlos Muñoz también ya apartaron fecha. Sus informes serán entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre aunque faltan por definir Juan Carlos Alcántar y Leticia Villegas.
En el caso de los diputados federales, los primeros en apartar fecha para su informe son Ricardo Sheffield Padilla, Alejandra Reynoso y Miguel Ángel Salim Alle, entre el 26 de agosto y 2 de septiembre. Falta que Alejandra Gutiérrez defina el día de su informe mientras que en el caso de la suplente de Mayra Enríquez, Olimpia Zapata, aún no toma posesión al cargo.
Quienes de plano no han confirmado la fecha para su informe de labores son los Senadores Pilar Ortega y Fernando Torres Graciano, quienes antes de atender al Comité Directivo Municipal, a diferencia de los otros legisladores panistas, se arreglan con Humberto Andrade Quezada, en el Comité Directivo Estatal.
SORPRESA
La ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez tiene preparada una sorpresa para los panistas una vez que concluya la audiencia de las 11:30 en la Contraloría Municipal, en donde será recibida por el Contralor Esteban Ramírez Sánchez.
Hay que recordar que la mayoría del PAN en el Ayuntamiento aprobó iniciar un procedimiento administrativo contra la ex funcionaria por presuntamente haber incurrido en una conducta ilegal al recibir un pago extraordinario que no le correspondía por ley cuando dejó su cargo en la presidencia municipal.
Resulta que la legisladora federal del PRI encontró una joya al detectar que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato hizo una observación por la misma conducta al actual alcalde.
La diferencia radica que mientras a Botello Santibáñez nunca se le requirió la devolución del importe y se le quiere sancionar con una inhabilitación de 20 años, al alcalde actual solo le basto devolver el pago que recibió de más entre octubre y diciembre de 2015. La presencia de la exalcaldesa sacará chispas en la Casa Municipal.
