CONDENA
Ayer asesinaron a balazos al regidor del Ayuntamiento de Celaya y líder del PRI municipal, Jorge Montes González, un acto criminal que pone en evidencia la crisis de seguridad que se vive en el país y que se acentúa en Guanajuato en los últimos meses, sin que existan respuestas claras de las autoridades municipales, estatales y federales para revertir esta situación.
Si los ciudadanos mostraron su inquietud y alarma tras la difusión de un video en donde quedó registrado el intento de secuestro y asesinato de un empresario cerca del fraccionamiento Gran Jardín, donde ya ha habido otros hechos delictivos lamentables, el ataque del dirigente político en Celaya acrecentó las críticas contra el gobierno.
La pregunta que está de boca en boca entre los ciudadanos es que ante la ola de asesinatos de ciudadanos, policías, empresarios, políticos, entre otros actores sociales, qué falta que suceda en la entidad para que los responsables de la seguridad y procuración de justicia se pongan a trabajar en vez de evadir el asunto como lo han hecho hasta ahora.
La condena de partidos políticos, autoridades y organismos de la sociedad civil fue unánime tras los lamentables hechos y fue el PRI, a través de su presidente estatal, Santiago García López, quien arremetió nuevamente contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y del Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, al enterarse del asesinato de uno de sus líderes en Celaya.
Casi inmediatamente después del hecho, otros liderazgos del PRI en Guanajuato y en el país mostraron su repudio a la falta de seguridad que prevalece en la entidad y exigieron al gobierno del estado que atienda el caso para dar con los responsables del ataque y llevarlos ante la justicia. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y alcalde de Huixquilucan, en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, pidió el esclarecimiento de los hechos al igual que los diputados federales del PRI.
Luego vino la diputada del PVEM, Beatriz Manrique, quien volvió a insistir en que la violencia en Guanajuato está descontrolada y los ciudadanos están vulnerables a la delincuencia organizada, sin que exista una respuesta efectiva de las autoridades por contener esta situación que arrebata la paz social y tranquilidad a los ciudadanos.
La propia Procuraduría General de Justicia emitió un comunicado en donde ofrece investigar a profundidad el ataque y refrenda su compromiso para aclarar el asesinato y agotar todos los recursos disponibles para capturar a los responsables. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios se hizo cargo de las indagatorias en ese municipio.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, su titular, había dicho en una entrevista que la crisis de seguridad que vive el país se había agravado por que el Congreso de la Unión no había atendido las propuestas que han hecho los estados respecto a modificar el Código Penal federal; ajustar el nuevo Sistema de Justicia Penal y exigir que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada.
Apenas la semana antepasada, a raíz de la muerte de un agente ministerial en un operativo en León donde cayó el líder de una célula criminal, el funcionario dijo que el estado tendría una respuesta aplastante contra la delincuencia y parece que fue al revés porque vinieron los asesinatos de policías y ahora el trágico hecho del regidor.
Previo al homicidio del regidor de Celaya, el gobernador del estado, Miguel Márquez, había declarado en León, a propósito del asesinato de un empresario en la zona dorada de la ciudad, que las autoridades locales ya habían hecho su parte en cuanto a proponer los ajustes legislativos necesarios para combatir a la delincuencia organizada que opera en Guanajuato y que no se trataba de acusar a otros por la desatención, sino de que se requería corresponsabilidad para enfrentar esta crisis nacional de inseguridad. Del mismo modo, retomó su crítica al sistema de justicia penal acusatorio, por dejar que presuntos delincuentes enfrenten sus procesos en libertad.
La terrible realidad es que los gobiernos han sido rebasados por esta ola de violencia y delincuencia que se vive en prácticamente todo el país y a la que no estaban acostumbrados los ciudadanos en Guanajuato. El discurso político de que podríamos estar peor de lo que hoy vivimos, no es consuelo ni argumento sólido frente a la falta de paz social.
El año pasado fue uno de los más violentos desde que se tenga registro de las autoridades y la cifra de homicidios dolosos se disparó, como consecuencia de la cruenta batalla entre los grupos de la delincuencia organizada. León y Guanajuato son el vivo ejemplo de esta nueva condición.
En esta administración se hicieron fuertes inversiones para poner en operación el programa Escudo, que se ofreció como la panacea para atender la inseguridad; se apostó por el arribo de las fuerzas militares a pesar de lo endeble de la Ley de Seguridad Interior, que ha sido impugnada por que constituye una amenaza contra las libertades y derechos humanos, bajo condiciones de excepción que determine el gobierno federal; se omitió la construcción de un modelo de seguridad ciudadana desde el municipio y no apuntaló un modelo homologado de seguridad en los 46 municipios, es decir, hoy se viven las consecuencias de no tomar las decisiones de política pública más efectivas.
Lo peor es que las condiciones de violencia e inseguridad se agravan cuando están a punto de arrancar las campañas electorales de manera formal, y eso si representa un riesgo de que los partidos y los gobiernos se enfrasquen en una lucha estéril que no lleve a ningún lado. Hoy se observa el reflejo de este antagonismo estéril entre los actores políticos por el asesinato del regidor y dirigente del PRI en Celaya.
Las autoridades parecen estar preocupadas en afianzar sus siguientes puestos de elección popular, con promesas de recursos y obras innecesarias pero populares, que en hacer un llamado a restituir la paz social en el estado. Y también les urge que acabe la administración porque no ha habido la capacidad suficiente de enfrentar la nueva situación que se vive en México y que hoy tiene a los guanajuatenses bastante preocupados.
