DECISIÓN
El Colegio de Abogados de León se sumó a la tesis de una de las empresas que tiene la concesión por 20 años para la recolección de los residuos sólidos urbanos de la ciudad respecto a que las únicas empresas que el municipio puede contemplar para resolver la reposición del fallo que ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo son Red Recolector Gisa y JS Hermanos.
La tesis de Red Recolector y ahora del Colegio de Abogados es que existe un principio de relatividad en materia jurídica que indica que solo pueden resultar beneficiadas o perjudicadas las partes que están involucradas en un proceso legal. La empresa JS Hermanos fue la que demandó al Municipio y los terceros perjudicados resultados las empresas que tienen la concesión, Red Recolector y Gisa.
Pero la Comisión Especial y la Secretaría del Ayuntamiento no van a hacer caso a la postura legal de la empresa concesionaria ni de lo que plantea el Colegio de Abogados de León, que en otros temas ha defendido al Municipio como es el caso del pleito por el Estadio León, porque el Tribunal canceló el contrato de concesión que tenían Gisa y Red Recolector y ordenó un nuevo fallo, el cual deberá estar sustentado en el artículo 134 Constitucional, que permite a las autoridades prácticamente empezar de cero el proceso.
Al menos esa es la postura que revisaron últimamente los integrantes de la Comisión Especial del Ayuntamiento una vez que se tiene definido con claridad el monto que representaría pagar, por ejemplo, a Red Recolector durante las dos décadas que dura su concesión, alrededor de 11 mil 600 millones de pesos.
También se ve lejana la posibilidad de que, en caso de quitarle la concesión, se tenga que pagar una indemnización porque el Tribunal fue quien ordenó un nuevo fallo, en donde se canceló el contrato que penalizaba al Municipio a cubrir parte de las ganancias futuras a la empresa si de manera unilateral, las autoridades le quitaban el contrato o se cancelaba. La cláusula dejó de tener vigencia cuando las autoridades judiciales ordenaron al municipio motivar y fundamentar un nuevo fallo.
Si bien es cierto que hay dos empresas que ya notificaron a las autoridades municipales que no podrían participar en un nuevo fallo, las condiciones cambiaron y el pleito por la basura continuaría varios años más, hay otras que si participan pero que están fuera de la competencia en costos. Los regidores que participan en el proceso de revisión creen que aún quedan algunas opciones que podrían ayudar a una disminución de al menos 5 o 6 mil millones de pesos del costo original que debería ser cubierto si se mantenían las condiciones como antes del fallo del Tribunal.
La empresa que promovió el recurso legal que tumbó la licitación de la basura, JS Hermanos, también se quedaría fuera de la competencia por los elevados costos que tiene su servicio en relación con otras opciones que analizaron los integrantes de la Comisión Especial y áreas legal, técnica y ambiental del municipio.
Quienes inicialmente licitaron la recolección de la basura fueron SETASA, PASA, PROMALI, TECMED, GISA, Red Recolector, CAABSA EAGLE, JS Hermanos, Carrocerías y Equipos del Estado de México, Grupo BENJ, Alfredo Manrique Vela y Víctor Castillo Zacarías.
Ahora, en el nuevo fallo, las posibilidades se cierran después de hacer el análisis financiero, técnico, ambiental y legal, pero lo que es un hecho es que Red Recolector se quedará sin la recolección de las dos zonas que tiene asignadas desde el 2014.
Este fin de semana, las autoridades municipales revisaron nuevamente los escenarios para la reposición del fallo, posiblemente sea antes del día 20 de junio cuando se informe oficialmente de la decisión, a partir de la premisa de reducir al menos el 50 por ciento el costo actual de la recolección de la basura.
Los regidores que participan en el proceso encontraron que no hubo precios de referencia ni estudios que sustentaran el costo de la recolección de la basura y que se dejó en manos de las empresas la definición de sus fórmulas para el cobro del servicio, situación que derivó en un elevado gasto para las arcas municipales.
Por eso se partió de este escenario para proyectar el costo que tendría que erogar el Municipio en 20 años que tiene de vigencia la concesión y ver la forma de reducirlo y evitar que los recursos que se captan por concepto de predial cada año, sean en un momento insuficientes para afrontar los compromisos que estaban vigentes en la anterior concesión.
Mientras llega la hora de la definición final y la designación de las nuevas empresas que se harán cargo de la recolección de la basura, Gisa podría quedarse con su contrato, el alcalde Héctor López Santillana ha acudido ante los organismos de la sociedad civil para sensibilizar a los leoneses del costo que representa mantener los contratos como estaban, las opciones que quedan para afrontar este problema y la necesidad de conseguir respaldo una vez que se abra el juego y empiece la guerra con la empresa que se verá afectada después de haberse quedado sin concesión.
La decisión técnica, financiera, ambiental y legal ya está definida para motivar y fundamentar el fallo, y pareciera que el plazo otorgado por el Tribunal fue para que el Municipio tuviera tiempo de conseguir aliados al nuevo fallo, ahora sí motivado y fundamentado y con atención a los criterios del artículo 134 Constitucional que ordenó el Tribunal.
ALIADOS
La Mesa de Seguridad y Justicia de León alista su primer encuentro con síndicos y regidores del Ayuntamiento para presentar los proyectos estratégicos con los que arranca formalmente el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.
La cita es el próximo jueves en la Universidad de la Salle, un lugar neutral que ofreció el rector del campus León, Andrés Govela, quien además es integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia de León y quien tiene una activa participación en la definición de proyectos sociales que pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los leoneses.
En la reunión de la Comisión de Seguridad de la semana pasada, donde se aprobó el Fideicomiso, algunos de los regidores del PRI y PVEM habían manifestado algunas dudas respecto a los proyectos que propuso la Mesa, los mecanismos de operación de las aportaciones del gobierno del estado y municipio así como en la definición de las estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia en la ciudad.
Por eso la Mesa, propuso este foro como una oportunidad para que cuestionen a los expertos que vienen a presentar cada uno de los proyectos que ayudarán a revertir las condiciones de inseguridad que vive León y el alcance que tienen las medidas propuestas.
El propio síndico del PAN, Carlos Medina Plascencia, había expresado algunas dudas respecto al condicionamiento de las autoridades estatales a las aportaciones que deberían realizar los organismos de la sociedad civil al Fideicomiso y el Municipio para cumplir con los propósito de la Mesa y ahí sería oportuno que quedaran aclaradas.
Los regidores del PRI, Salvador Ramírez Argote, y del PVEM, Sergio Contreras, también han hecho observaciones que podrían ser atendidas tanto por los representantes de la Mesa como por los expertos que vienen a presentar sus proyectos de seguridad, aunque sus dudas se concentran más en la esfera de lo gubernamental, en especial en el papel del municipio y estado dentro del Fideicomiso y la forma de operar los recursos.
Los proyectos de la Mesa están encaminados a resolver temas relacionados con el bajo desarrollo profesional y humano de los policías; la falta de incentivos para los policías y sus familias; la falta de inteligencia policial; la carencia de un proyecto estratégico de gran visión para construir una mejor seguridad ciudadana y la falta de herramientas para prevenir la violencia y la delincuencia en la ciudad.
Los síndicos y regidores deberían tener en cuenta que habrá temas que no están en el ámbito de los ciudadanos que integran la Mesa y de los proyectos que se plantean para que no vayan a perder la oportunidad de tener aquí a los expertos en cada uno de los temas arriba mencionados y acaben por discutir asuntos políticos-electorales.
El jueves se podrán aclarar las dudas de los integrantes del Ayuntamiento, que sin duda podrían ser también grandes aliados de los proyectos de la sociedad civil, dado que las condiciones de inseguridad que vive la ciudad no están como para seguir en una pelea constante, en donde no hay soluciones para los ciudadanos que viven en carne viva los efectos de la violencia y delincuencia.
CASOS
La confirmación que hizo el sábado la Procuraduría General de la República sobre la captura en San Miguel de Allende de un chileno que estaría acusado en su país de asesinato y terrorismo, el mismo que fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato la semana pasada y que es acusado de secuestro, debería poner en alerta a los cuerpos de inteligencia porque cada vez son más los personajes ligados al crimen organizado internacional quienes tienen presencia en la región.
El jueves pasado, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, explicaba ante un grupo de empresarios locales cuáles eran las alternativas que tenía un gobierno estatal para enfrentar los altos niveles de violencia y delincuencia que privan en el país.
Explicaba que había negligencia de las autoridades federales en la atención de algunos delitos y cuyas consecuencias pagaba el gobierno local o que había entidades como Guanajuato, que la pujanza económica reciente era ampliamente comentada en todos lados, lo que hacía que muchas personas llegaran a buscar oportunidades, entre ellas obviamente delincuentes.
En San Miguel de Allende se han atrapado a delincuentes de alta escuela, líderes de grupos criminales, secuestradores de talla internacional y ahora hasta terroristas y asesinos de otros países. No es la única ciudad donde se concentran este tipo de personajes, en León se han descubierto que vivían líderes de la delincuencia y solamente hasta que son detenidos o mueren se conoce de sus historias de manera pública.
Los sistema de inteligencia mexicanos se desmantelaron con el arribo del primer gobierno panista al gobierno federal, porque antes eran utilizados para indagar la vida y obra de los enemigos del sistema, pero no hubo quien reconstruyera un equipo profesional que permita enfrentar los retos que tiene el país en materia de seguridad. La escalada de violencia junto con la impunidad que priva en los hechos delictivos que se cometen es muestra de que no hay inteligencia.
León es el caso más evidente de que ni hay coordinación con autoridades federales como se presume, que los costosos equipos de videovigilancia son limitados y que se carece de un equipo de inteligencia policial que ayude a enfrentar al crimen organizado.
En el caso del terrorista que operaba una banda de secuestradores en San Miguel de Allende, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato tuvo que recurrir a los gobiernos de Estados Unidos y Francia e Interpol para cruzar información y detenerlo. Ayer, la Procuraduría General de la República, lo presentó como si hubiera sido su trabajo la captura del ciudadano chileno, aunque en Guanajuato se sabe que no es cierto.
Otro caso que muestra que no hay coordinación ni inteligencia en el combate del crimen es la presencia de un grupo que se dedica al robo de combustible en el sur del estado y donde a pesar de estar identificado, han pasado ocho años desde que lo detectaron y no ha podido ser detenido. Ante esto, Guanajuato ha sido uno de los principales estados donde, por negligencia o corrupción, hay más robos de combustible a Pemex aunque también más decomisos en el país.
