EXTRAJUDICIAL
El pasado 3 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional difundió un comunicado donde afirma que personal de la 25/a. Zona Militar en Puebla, respondió un llamado para atender una toma clandestina de combustible en el poblado de Palmarito y que al arribar fueron agredidos por un grupo de individuos que se ocultaban atrás de un grupo de mujeres y niños, quienes fueron usados como escudo. Se afirmó que decidieron no responder la agresión a pesar de que fallecieron dos soldados y uno más resultó herido
El día siguiente, el 4 de mayo, otro comunicado de la Secretaría indica que en la misma comunidad de Palmarito, mientras el personal militar efectuaba un reconocimiento terrestre, recibió otra agresión por un grupo de personas que se trasladaban a bordo de cinco camionetas, tres de estas blindadas.
El relato oficial dice que fue repelida la agresión por los soldados para proteger su integridad física y que resultados dos militares fallecidos y 9 heridos por armas de fuego así como tres agresores muertos y uno herido. Luego el comunicado oficial dice que se detuvieron 12 agresores, entre ellos dos menores de edad y se aseguraron tres fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, junto con cuatro camionetas y dos de ellas con blindaje.
Pero este 10 de mayo, el Universal difundió un video en donde se observa una presunta ejecución extrajudicial de los elementos que participaron en el operativo de Palmarito y que fue grabada por un video de un domicilio particular. En el video se observa que bajan a un sujeto herido del vehículo donde iban, los colocan juntos y luego un elemento le dispara en la cabeza.
En respuesta la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un posicionamiento donde señala que en el video que se difundió en las redes sociales se muestra la agresión al personal militar desde diversos vehículos y en donde se logra la aprehensión de algunos de los sujetos.
También dice que capta el momento “en el que al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido” y expone que el hecho deberá ser esclarecido “fehacientemente” por el Ministerio Público de la Federación, para precisar si corresponde al lugar y evento de referencia, si es auténtico o editado y deslindar responsabilidades que correspondan en su caso.
Y finalmente señala que colaborará con la Procuraduría General de la República porque no pueden justificarse conductas contrarias a la Ley y a los derechos humanos. En caso de que se acredite la responsabilidad del elemento que participó en la ejecución extrajudicial se tendrá que sancionar con todo el rigor de la ley, concluye.
En mal momento llega este hecho para la Secretaría de la Defensa Nacional en Guanajuato porque apenas el lunes pasado se colocó la primera piedra de la Brigada de la Policía Militar en la ciudad de Irapuato, en donde más de 3 mil elementos tendrán bajo su responsabilidad las tareas de apoyo a las autoridades estatales y municipales en seguridad pública.
Apenas la semana pasada, el Comandante de la XII Región Militar en Irapuato, Miguel Ángel Patiño Canchola, reconoció que los abusos de los elementos en los operativos de seguridad y las violaciones a los derechos humanos era uno de los principales asuntos por los que se increpaba a las fuerzas armadas.
A la pregunta expresa de la preocupación de los ciudadanos por la presencia de las fuerzas militares en las calles para combatir la inseguridad y las posibles violaciones a los derechos humanos, el General Patiño Canchola respondió que de mil 700 quejas presentadas contra los militares por este motivo en 2013 habían bajado a menos de 500 en 2016.
La razón que esgrimió es que para las fuerzas armadas es una prioridad el respeto a los derechos humanos y que los soldados han tenido una constante capacitación sobre esta materia; si los violan, no hay poder humano que los exima de la responsabilidad ante las autoridades civiles y militares.
Agregaba que en esta administración federal únicamente se habían emitido 13 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las fuerzas armadas y que todas habían sido acatadas; de estas cinco estaban concluidas y ocho estaban en proceso de atención.
Otra observación importante que hizo el General Patiño Canchola durante su encuentro con los medios de comunicación, la semana pasada, es que hoy les toca estar en la calle, en tareas de seguridad pública, y esa no es su función.
Las fuerzas armadas hoy están frente a otro escándalo ante la opinión pública si se comprueba que hubo una ejecución extrajudicial en el operativo de Palmarito, mientras el Congreso de la Unión le da largas a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que define con mayor claridad la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad.
SUPERVISIÓN
La Presidencia Municipal de León extendió las invitaciones a los representantes de diversas organizaciones sociales y empresariales para que este viernes al medio día participen en la gira de supervisión de las obras del Sistema Integrado de Transporte, y que contemplan el mejoramiento de servicios, infraestructura y equipamiento de la red que articulará la movilidad de norte a sur y de oriente a poniente de la ciudad.
El alcalde Héctor López Santillana encabezará la gira de trabajo donde se revisarán los avances en la modernización de los paraderos del bulevar Adolfo López Mateos, en el tramo de la avenida Miguel Alemán al bulevar Vasco de Quiroga, una vez que estas acciones forman parte de las 440 obras que se realizan en León durante su administración.
El recorrido comprende desde la calle Hermanos Aldama, en el centro, y de ahí partirán hacia la Zona Piel abordo de un camión para que los invitados puedan verificar las obras que están en proceso como la demolición del camellón central y desmontaje de los paraderos que inició desde hace dos semanas.
El proyecto de las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Movilidad consiste en renovar por completo los seis paraderos que se encuentran en este tramo descrito y su reconstrucción con una nueva ubicación.
Esto va a permitir un ahorro en los tiempos de traslado, una mayor seguridad porque dispondrán de cámaras de video vigilancia y hasta una mejor capacidad de atención a los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad.
Hay que recordar que estas obras de ampliación son derivadas de las modificaciones que se hicieron al revisar nuevamente los proyectos de la tercera y cuarta etapa del SIT, una vez que se construye con los ahorros generados en este proceso.
TRANSPARENCIA
Este jueves, el consejero del Observatorio Ciudadano de León, Eliseo Martínez Pérez, presentará los resultados de un análisis que realizó el organismo sobre el cumplimiento de las autoridades municipales de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, que entró en vigor en 2016 y que dio una prórroga hasta el 4 de mayo de 2017.
El representante de la Comisión de Gobierno Profesional del Observatorio presentará los resultados del análisis sobre cada uno de los 50 rubros a los que todos los funcionarios están obligados a transparentar junto con otros siete correspondientes al Poder Ejecutivo y los municipios más otros dos que deben cumplir las administraciones municipales. El ejercicio se realizó el mes pasado y contempla una serie de datos de 2015, 2016 y el primer trimestre del 2017.
En el caso de León están obligados a cumplir la ley de transparencia la administración pública centralizada, los fideicomisos, los institutos municipales, las comisiones, los sistemas, academias, sindicatos, patronatos entre otras figuras paramunicipales.
La información que debe estar disponible en línea abarca desde leyes y reglamentos; estructura orgánica; facultades; metas y objetivos; indicadores; directorio; remuneraciones y gastos de representación.
También debe ser pública la información sobre número de plazas; contrataciones por honorarios; declaraciones patrimoniales; domicilios de unidades de transparencia; convocatorias de concursos de plazas; información de programas de subsidios; contratos laborales; información curricular y listado de funcionarios sancionados.
Otros datos que deben ser abiertos al público son padrones de proveedores y contratistas; padrón inmobiliario; recomendaciones de derechos humanos; resoluciones y laudos; avances presupuestales; contratos y convenios; destinatarios de recursos públicos; estados financieros; deuda pública; informes de presupuesto y resultados de auditorías.
Hasta tienen que transparentarse planes municipales de desarrollo; presupuesto de egresos; contribuyentes beneficiados de cancelaciones de créditos fiscales y montos; resolutivos aprobados por el Ayuntamiento y hasta las actas de las sesiones de comisiones con sus listas de asistencia entre otros.
En general, los hallazgos es que no hay un avance significativo en la apertura a esta información a pesar de que venció el plazo legal para su publicación y la principal responsabilidad recae en la Unidad de Transparencia del Municipio de León, a cargo de Nemesio Tamayo Yebra.
