CONTROVERSIA
En seguimiento a las negociaciones de los representantes del sector privado en León con el Congreso del Estado para avanzar en la conformación de los órganos que darán sustento al Sistema Estatal Anticorrupción, ayer se reunieron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad, que encabeza Gustavo Guraieb Ranth, con la Presidenta del Congreso local, Beatriz Hernández Cruz, y la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia García Muñoz Ledo, en el Poliforum León.
Previo a esta reunión, el Presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez, adelantó que solicitarían al Congreso del Estado que el proceso de integración del Comité de Participación Ciudadana sea transparente y público; que el nombramiento del fiscal anticorrupción no lo hagan los legisladores ni el gobierno del estado para garantizar su autonomía e independencia y que se debería asignar un presupuesto y equipo necesario para que esta fiscalía especializada no esté sujeta a la oficina del Fiscal General, ahora Procuraduría General de Justicia del Estado.
Esto permitiría al Sistema Estatal Anticorrupción, combatir con efectividad los casos que sean denunciados de mal manejo de recursos públicos y abatir la impunidad que priva en los gobiernos ante la falta de independencia de los órganos responsables de castigar las conductas ilícitas de los funcionarios públicos.
Ayer en la mañana, en uno de los salones del Poliforum se reunieron el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb Ranth; la Presidenta de Ammje León, Marisol Ruenes; el Presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez; el Presidente de la Canadevi, Ismael Plascencia Núñez; el Presidente de la Ciceg, Luis Gerardo González García; el Presidente de la Cicur, Ernesto Vega Guillot y el Presidente de la Cmic en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena con los representantes del Congreso del Estado.
Estuvieron presentes la Presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Hernández Cruz; la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia García Muñoz Ledo y el Secretario General del Congreso, Cristian Cruz Villegas, entre otros asesores legislativos, quienes presentaron los alcances de los procesos que siguen para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que debió haber estado listo el mes pasado.
La diputada Libia García Muñoz Ledo, detalló a los empresarios cada una de las reformas realizadas para dar sustento al combate a la corrupción y donde, en esta etapa, hay un esfuerzo para que la sociedad se integre, vía el Comité de Selección de Participación Ciudadana (integrado por nueve representantes sociales) en la conformación del Comité de Participación Ciudadana, con cinco integrantes.
Los empresarios mostraron sus inquietudes respecto a la conformación del Comité de Participación Ciudadana, el perfil y nombramiento del fiscal anticorrupción así como los avances del proceso de selección en ambos casos.
Los legisladores informaron a los representantes del sector privado que la próxima semana posiblemente salga la convocatoria para la selección de cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por ahora se definen los perfiles necesarios, y que es un proceso que está en manos de los nueve ciudadanos del comité de selección, en donde no participa el Congreso del Estado.
La preocupación principal de los líderes empresariales es que, se garantice la autonomía de quien esté a cargo de combatir la corrupción ante el temor de que sean los mismos que hoy están al frente de esta tarea, quienes encabecen la fiscalía que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.
En septiembre se recibirá la propuesta del fiscal anticorrupción, en el siguiente periodo de sesiones, y en un plazo de 90 días se definiría su nombramiento, bajo un mecanismo transitorio. Una vez que entre en vigor la reforma que crea la Fiscalía General (ahora Procuraduría General de Justicia del Estado), esta instancia sería responsable de ratificar o no el nombramiento inicial de los legisladores.
Actualmente, hay un área especializada en la Procuraduría General de Justicia del Estado que realiza parte de las funciones de combate a la corrupción, y su titular encabezaría la nueva fiscalía anticorrupción de manera transitoria y de ahí parte la desconfianza de los empresarios, que sean los mismos quienes se queden la próxima administración a cuidar la espalda de sus jefes.
Se aclaró a los empresarios que por ley sería el Congreso del Estado el responsable de designar al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción y del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque en el primer caso, se sugirió otro modelo de elección, donde participen los ciudadanos.
El acuerdo entre empresarios y legisladores es que se van a atender algunas de las propuestas y observaciones puestas sobre la mesa y que contribuyan a mejorar el combate a la corrupción e impunidad en Guanajuato aunque difícilmente se aceptará que los ciudadanos participen en el proceso para designar al titular de la fiscalía anticorrupción.
PROPUESTA
La Coparmex nacional entregó ayer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de reforma fiscal que ayude a incentivar la inversión productiva, promueva la competitividad, atraiga y mantenga inversiones y contribuya a detonar el crecimiento económico.
El paquete de 10 propuestas no está enfocado a aumentar el ingreso del gobierno sino a corregir la calidad en el ejercicio del gasto público; que se de sustentabilidad a las finanzas públicas; que promueva el crecimiento económico y bienestar social en un entorno hacendario transparente y que rinda cuentas a los ciudadanos.
Este documento ya se entregó a las oficinas de la Coparmex en Guanajuato para difundir con otros organismos del sector privado las propuestas y generar una mayor presión social para que el gobierno federal atienda los requerimientos que reclaman las empresas.
Las diez propuestas son la deducción plena de las prestaciones laborales; mejorar la competitividad del sistema fiscal, homologando la tasa del ISR a la tasa promedio de los países miembros de la OCDE (24.66 por ciento); acreditamiento de la retención del 10 por ciento al ISR por pago de dividendos a personas físicas; redistribución y actualización de la tarifa del ISR de personas físicas y fortalecer la certidumbre en las operaciones internacionales.
Se agregan otras como ampliar la base de contribuyentes, reduciendo significativamente los gastos fiscales del IVA, sin afectar los hogares de menores ingresos, de manera gradual; mejorar la eficiencia de los impuestos especiales; acotar las facultades discrecionales en el gasto público; mejorar la recaudación del impuesto predial y simplificar las disposiciones fiscales.
El sector patronal busca presionar a las autoridades hacendarias a que den un viraje y reinventen el sistema fiscal para que México esté preparado para los retos que vienen enfrente en materia comercial y económica porque, bajo las condiciones actuales, se pierde competitividad y no hay una rendición de cuentas clara sobre el uso de los recursos públicos que pagan los ciudadanos vía impuestos.
Esta propuesta se deriva de meses de trabajo en la que participaron expertos fiscales y que aprobó el Comité Fiscal del organismo; ayer se inició con una campaña nacional para difundir la propuesta, sus alcances y los impactos que tendría en el país.
Algunas de estas propuestas, pueden ser incluidas por el gobierno federal en su paquete fiscal del 2018 y otras, podrán ser desarrolladas con el respaldo del Congreso de la Unión. Hoy, más de 36 mil empresarios están adheridos a la Coparmex en el país y no van a quitar el dedo del renglón hasta que se tomen en cuenta las propuestas en materia fiscal.
Ante el anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya pegó el grito en el cielo respecto a este plan de 10 propuestas fiscales del sector patronal aunque a medida que avancen los días, se podrán detallar cada una de las propuestas que fueron elaboradas para mejorar el entorno económico del país y los argumentos de ambas partes sobre los pros y contras del plan fiscal.
ARBITRO
El presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, aclaró ayer que la renuncia Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado no lo exime de la investigación que tiene abierta ante presunto uso de recursos públicos con fines de promoción personal.
Incluso, mencionó que las nuevas denuncias que interpusieron esta semana el PVEM y Morena se van a agregar a la investigación en curso en manos de las autoridades electorales, tras la denuncia que presentó el PRI el pasado 20 de julio.
Originalmente la denuncia del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, fue por uso de recursos y programas para favorecer la imagen de Rodríguez Vallejo; se va a ampliar la investigación del Instituto para verificar otros actos relacionados con una promoción electoral del funcionario y se van a citar a otros personajes involucrados en estas nuevas denuncias.
Guzmán Yáñez aclaró a todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que son funcionarios públicos que la ley prohíbe expresamente el uso de los recursos públicos para la promoción personalizada.
Además, ofreció una investigación objetiva para emitir una resolución imparcial y remitir la carpeta con las pruebas al Tribunal electoral, quien determinará la sanción según sea el caso, si se demuestra que actúo por encima de la ley. En menos de dos meses se tendría la resolución del Instituto una vez que es un proceso especial sancionador breve.
