RESPUESTA

Luego de un arranque de año complicado en materia de seguridad, que se agravó la última semana con una serie de asesinatos de alto impacto registrados en los municipios con mayores problemas de violencia y delincuencia, el Grupo de Coordinación Guanajuato anunció una serie de medidas para contrarrestar la operación del crimen organizado.

Este grupo lo encabezan: el gobernador del estado, Miguel Márquez; el Secretario de Gobierno del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera; el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, por parte de las autoridades locales.

Además participan el Comandante de la XII Región Militar, General Javier Cruz Rivas; el Comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos; el Comisionado de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental; el delegado del Cisen, Juan Manuel Sánchez Rosales y el delegado de la PGR, Rafael González Cervantes.

Los tres principales acuerdos que alcanzaron en la última reunión del pasado viernes fueron: fortalecer el trabajo de inteligencia y la operación de más operativos conjuntos en diferentes puntos de atención en los municipios con más alta incidencia delictiva; endurecer la supervisión de los controles de confianza de las instituciones de seguridad pública, en especial, en los municipios, y reforzar los operativos de revisión de unidades que transporten combustible robado.

Los asesinatos de policías en varios municipios, de un empresario en León, un dirigente del PRI en Celaya y del jefe de seguridad de Pemex en Salamanca, en una misma semana, las autoridades estatales y federales reconocieron que es necesario un combate más frontal contra la delincuencia con una mayor coordinación respecto al trabajo de inteligencia, lo que implica compartir más información que tienen las corporaciones federales en la entidad.

Respecto a revisar y fortalecer los controles de confianza de mandos que son responsables de seguridad pública en los municipios, se acordó extender las medidas a los jefes y mandos medios de las corporaciones. Este es un tema donde se requería una mayor injerencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dada la reticencia que había entre los Ayuntamientos.

Sobre el robo de combustible y tras el asesinato del responsable de la seguridad de la refinería de Salamanca, el Grupo de Coordinación acordó que junto con Pemex van a extender los operativos en las carreteras federales y estatales con una revisión más puntual de todo tipo de vehículos que transporten gasolina, diésel o gas, para que acrediten la legal procedencia y evitar la venta ilegal del producto.

Esta medida se suma al trabajo de inteligencia financiera que realiza el SAT para detectar a los establecimientos que venden el combustible pero no han acreditado la legal procedencia del mismo, son más de 50 gasolineras las que están bajo investigación desde el año pasado luego del cierre de casi una docena por esta causa.

Cabe recordar, que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene asignado un presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 que rebasa los 2 mil 669 millones de pesos, de los cuales, la dirección general del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia tiene etiquetados 307 millones 772 mil pesos.

En este último rubro, el programa denominado Escudo tiene una asignación de 54 millones 557 mil pesos, que serían utilizados para el servicio integral que incluye estudios preliminares, cámaras de videovigilancia urbana, arcos carreteros y sistema de transporte de datos.

Estos recursos también abarcan  los conceptos de fibra óptica, administración de video, botones de enlace ciudadano, sistemas de llamadas 911 y 089, equipamiento para subcentros de monitoreo, capacitación, interfaces especiales e integración de plataformas.

En tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado contempla un presupuesto de 2 mil 345 millones de pesos, de los cuales la Agencia de Investigación Criminal ejercerá mil 179 millones de pesos.

Para cerrar la pinza en la lucha contra la delincuencia organizada, en el Congreso del Estado de Guanajuato, el Grupo Parlamentario del PAN presentará una iniciativa a la Cámara de Diputados federal para que se apliquen penas más severas a las personas que son detenidas con la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas así como a quienes se dediquen al robo de combustible.

Lo anterior, porque de acuerdo con las cifras de las autoridades estatales, en esta administración han sido detenidas más de seis mil personas por haber cometido el delito de huachicoleo, y únicamente el 15 por ciento han sido retenidas en prisión, mientras que el 85 por ciento restante fueron liberadas.

Por otra parte, faltan unas cuantas semanas para que se abra la Brigada Militar con 3 mil 200 elementos que van a reforzar la seguridad pública en los municipios que lo soliciten a la Secretaría de Gobernación y al gobierno estatal. En febrero se tendrá todo listo para la inauguración oficial con la presencia del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El reto que plantea la delincuencia organizada en Guanajuato es complejo y aún quedan ocho meses a esta administración para tratar de revertir las condiciones de violencia e inseguridad que priva en una parte de los 46 municipios de la entidad.

Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de garantizar la paz social en Guanajuato, y lo tienen que hacer pronto, antes de que se salga de control la situación y crezca la percepción de inseguridad entre la población.