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LA CIVILIDAD Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

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La civilidad es el paso previo a la disciplina social, a través de la cual, el gobernante, ciudadano por excelencia, cumple con los deberes cívicos, respeta las leyes, contribuye al buen funcionamiento de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la sociedad.
Es inaplazable que la sociedad acepte y se comporte dentro de un sistema, fundado en los valores cuya vigencia resulta esencial para alcanzar la convivencia armónica. Empero, quien aspire a servir en los distintos órdenes del gobierno, deberá garantizar a la sociedad, su disposición a ser modelo de civilidad y, además, mostrar una trayectoria de vida, inspirada en el apego a los principios generales del derecho.
Lograr los objetivos señalados, obliga a la creación de un orden jurídico regulador de la vida interna de los partidos políticos y la garantía que la civilidad sea norma invariable que ordene las relaciones entre los militantes y de éstos con sus dirigentes. Es indispensable que la civilidad comience al interior de los partidos, quienes de esa manera tendrían autoridad moral para exigir el mismo comportamiento a la sociedad.
Los partidos políticos deberán asumir el compromiso de llevar al poder a los mejores ciudadanos. La ley de partidos políticos deberá combatir el nepotismo y los privilegios a su interior, para revitalizar la democracia y convertirla en una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo, como manda la Constitución.
La cortesía debe convertirse en norma política que sirva para objetivar el respeto entre las mujeres y hombres que habrán de hacerse cargo del gobierno. La cortesía no es lo mismo que simulación, sino forma elevada de interacción. La cortesía, ha de servir para impulsar la empatía, como antecedente de la solidaridad generalizada.
La cortesía ha de convertirse en la manifestación sincera del respeto que debe inspirar la persona humana, a los políticos gobernantes.
Los valores mencionados habrán de conducir a la justicia social, objetivo toral del Estado democrático.

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